El límite del desorden financiero

La reciente revelación de la Contraloría General de la República, que dio cuenta de abstención de opinión en las auditorías financieras de 73 entidades públicas, correspondientes al período 2020-2024, y que involucra recursos por más de $15,9 billones, no puede leerse como un tecnicismo contable ni una discusión reservada a especialistas. Es una de las señales más graves que puede emitir un sistema de control financiero, y sus implicancias van mucho más allá de la contabilidad.

En auditoría, abstenerse de opinar significa que no existe evidencia suficiente y adecuada para validar la razonabilidad de los estados financieros. No se trata de que las cifras estén “mal”, sino de algo más profundo: no es posible saber si están bien o mal. En términos simples, el auditor no puede confiar en la información que revisa. Cuando esto ocurre de forma masiva y sistemática en organismos públicos, el problema deja de ser técnico y pasa a ser institucional.

En el mundo privado, una abstención de opinión suele tener consecuencias inmediatas y concretas. Los mercados castigan, los bancos restringen financiamiento y los reguladores intensifican la supervisión. Lo que está en juego es la credibilidad del correcto uso de los recursos fiscales, un principio ampliamente invocado en el discurso del oficialismo, pero que exige estándares de información financiera consistentes con esa aspiración.

El trasfondo de este episodio no es un error puntual ni atribuible a un solo período. Refleja debilidades estructurales en los sistemas de control interno, fragmentación de plataformas contables y una insuficiente profesionalización de la gestión financiera del Estado. Sin información confiable, la discusión sobre disciplina fiscal se vuelve incompleta: no basta con debatir niveles de gasto si no existe certeza sobre la calidad de los datos que lo sustentan.

La transparencia, tantas veces invocada, no se agota en publicar cifras. Exige que esas cifras sean auditables, trazables y respaldadas por evidencia. La rendición de cuentas comienza precisamente allí donde el auditor puede ejercer su rol con independencia y fundamento técnico.

En este contexto, el inicio de un nuevo ciclo político abre una oportunidad. Para el Presidente electo José Antonio Kast, el desafío del orden fiscal no debiera limitarse a promesas de austeridad o control del gasto, sino incorporar una agenda decidida de fortalecimiento de los sistemas de control financiero y contable del Estado. Tomar en serio las señales que emite la Contraloría no debiera ser una opción ideológica, sino una condición básica para recuperar confianza.

Porque cuando el auditor guarda silencio, el problema no es contable. Es una advertencia sobre la fragilidad de nuestras instituciones y sobre la urgencia de restablecer el valor de la evidencia como pilar de la gestión pública. En última instancia, se trata del correcto uso del dinero de todos los chilenos, desde los impuestos que se pagan en la vida cotidiana, hasta aquellos que deben traducirse en servicios públicos confiables.