La “enfermedad” es gastar lo extraordinario como si fuera permanente

El cobre volvió a encender titulares. Y no es para menos ya que en las últimas semanas lo hemos visto moverse en niveles que, para un país como Chile, equivalen a una inyección de adrenalina fiscal y de ánimo nacional. Cochilco reportó que, en la semana del 12 al 16 de enero, el precio “cerró” en torno a US$ 5,9 la libra. Y aunque el día a día del mercado tiene su propia música, el trasfondo es el mismo: un shock positivo —por precio, por expectativa, por tensión de oferta— que nos vuelve a poner frente al espejo de siempre.

Hace pocos días, el colega y amigo Hernán Cheyre abordó con sapiencia la llamada “enfermedad holandesa”, recordando su origen histórico: el boom del gas en Países Bajos, la apreciación cambiaria y los efectos colaterales sobre otros sectores transables. Su punto —y es difícil discrepar— es que los ciclos de bonanza, si se administran mal, terminan dañando aquello que no brilla en el titular: productividad, diversificación, competitividad.

Hasta aquí, todo claro. Pero confieso que, desde hace años, siento un pequeño escozor al repetir ese término. “Enfermedad” sugiere que el problema es el recurso mismo. Y es parecido a la otra etiqueta frecuente: la “maldición de los recursos naturales”. Hay algo profundamente equivocado en esa intuición. Contar con abundancia mineral, y más aún con precios excepcionales, no es una enfermedad ni una maldición. Es una bendición. El cobre no es un virus sino que es un activo. El problema —si lo hay— es la política económica y fiscal que se contagia de corto plazo.

En rigor, lo que la literatura llama Dutch disease describe mecanismos bastante concretos: un boom de exportación que aprecia el tipo de cambio real, encarece la producción transable distinta del recurso y empuja factores (capital y trabajo) hacia sectores no transables o hacia el propio “sector en auge”. En el camino, se debilita la competitividad de las exportaciones tradicionales y la economía queda más expuesta a que el ciclo, inevitablemente, se dé vuelta. No hay nada místico: es una secuencia de incentivos y decisiones.

Por eso, la formulación correcta no es “el cobre nos enferma”, sino algo más incómodo: nos enfermamos cuando confundimos ingresos extraordinarios con ingresos permanentes. Ese es el pecado original. El segundo, igual de frecuente, es gastar la bonanza como si fuera un sueldo. Subir compromisos rígidos, expandir programas sin financiamiento estructural, multiplicar ineficiencias y luego, cuando el ciclo baja, descubrir que el Estado quedó “amarrado” a una línea de gasto que ya no puede sostener sin deuda.

En ese sentido, la sugerencia de reponer la musculatura de nuestros fondos soberanos, en particular del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), es no solo razonable sino exactamente lo que un país serio debiera hacer. Solo como para tener una referencia el valor de mercado del FEES a noviembre de 2025 era del orden de US$ 3.884 millones. No se trata de fetichizar un número, sino de recuperar el espíritu. Ahorrar en la parte alta del ciclo para poder amortiguar en la parte baja sin improvisación ni pánico.

Ahora bien, dicho eso —y pasada la vorágine electoral— conviene ordenar la discusión fiscal con menos estridencia y más aritmética. En campaña se habló, por la candidatura vencedora, de ajustes fiscales de magnitud casi terapéutica, como si estuviéramos al borde de una crisis de financiamiento. Pero los datos duros empujan a otra lectura. Chile mantiene acceso a mercados y conserva calificaciones soberanas en rango alto (A2/A-/A, según la propia Oficina de Deuda). Y la deuda bruta del Gobierno Central se ha movido en niveles que, mirados comparativamente, siguen siendo razonables y manejables; Dipres proyectaba para 2025 un cierre en torno a 42,2% del PIB.

Con esto no digo —y sería una frivolidad decirlo— que “da lo mismo” el déficit o que no haya nada que corregir. Digo algo más simple y, precisamente por eso, más exigente: no necesitamos una motosierra; necesitamos una regla. Y esa regla, en su versión más sensata, es que a partir de aquí el gasto crezca sistemáticamente menos que los ingresos (idealmente, que los ingresos estructurales), de modo de estabilizar la deuda y reconstruir holguras. La consolidación fiscal puede lograrse con credibilidad y gradualismo, sin gatillar un estrés que termine golpeando la inversión y, con ella, el crecimiento que Chile necesita con urgencia.

Hay, además, un principio que no depende del ciclo del cobre ni del color del gobierno. Todo gasto inútil debe ser eliminado y reemplazado por gasto útil; lo ineficiente por lo eficiente. No como eslogan, sino como imperativo ético. En una situación de holgura, porque se trata de respeto por los contribuyentes. En una situación estrecha, porque se trata de sostenibilidad. Y si el cobre nos regala —por un tiempo— un margen adicional, entonces la obligación moral se vuelve doble: no despilfarrarlo.

El desafío, al final, es de diseño institucional y de carácter político. Se trata de resistir la tentación de convertir un buen precio en una fiesta fiscal de una sola noche. Cochilco, de hecho, proyectaba para 2026 un precio promedio de US$ 4,55 la libra, alto, pero distinto del titular del “cierre” semanal. Es decir que el ciclo se mueve, pero la responsabilidad fiscal no debería hacerlo.

Chile necesita más inversión privada, sí. Pero también necesita mantener el ritmo de inversión pública —infraestructura, seguridad, productividad, capacidades del Estado— sin aumentar el déficit. Esa combinación exige priorización, evaluación seria, reasignaciones y un uso inteligente de los ingresos extraordinarios. Reponer fondos, amortizar deuda cuando corresponda y financiar inversión que eleve crecimiento potencial, no gasto que se evapora en el próximo ciclo.

La lección, entonces, no es temerle al cobre. Es temerle —un poco más— a nuestra propia impaciencia. La “enfermedad” no viene en forma de mineral: viene en forma de mal uso. Y esa, a diferencia del precio, sí está completamente bajo nuestro control.