Opinión
AgenciaUno
La virtud, ese detalle administrativo
Cuando esos hábitos se tratan como detalles administrativos, el costo no aparece de inmediato, pero se acumula y suele pagarse más tarde, por una ciudadanía que aprende, con notable rapidez, que la virtud es opcional.
En la política chilena, la virtud suele aparecer como un requisito deseable, aunque no estrictamente necesario. En los procesos de conformación de gabinete, se la menciona con respeto, para luego dejarla cuidadosamente al margen, como si perteneciera a una esfera privada, poco compatible con las urgencias de la gestión pública.
Cuando surgen cuestionamientos sobre trayectorias personales o profesionales —participación pasada en prácticas ampliamente criticadas, conductas sancionadas en otros ámbitos de la vida o conflictos judiciales aún abiertos— la respuesta habitual es conocida: no existe inhabilidad legal. Y es cierto. Pero la ausencia de ilegalidad no agota, ni mucho menos, las exigencias del ejemplo público.
El problema no es jurídico, sino pedagógico. Un ministerio no solo administra políticas; también comunica estándares. Cuando una autoridad asociada al mundo del deporte carga con antecedentes que tensionan la idea de juego limpio, cuando una figura clave del ámbito económico ha estado vinculada a episodios que deterioraron la confianza en los mercados, o cuando quien debe ordenar el territorio enfrenta litigios pendientes, la señal que se transmite es ambigua. No necesariamente incorrecta, pero difícil de explicar.
Aquí conviene recordar una idea antigua, revitalizada por la filósofa Philippa Foot: las virtudes no son adornos morales, sino condiciones mínimas para que una forma de vida funcione. Un liderazgo que normaliza la excepción, el conflicto de interés o la flexibilidad ética puede ser eficaz en el corto plazo, pero introduce un defecto en el tejido de la vida pública.
Javier Gomá ha formulado este punto con una claridad meridiana: toda conducta visible educa. No se requiere perfección, pero sí conciencia del efecto que las propias acciones tienen sobre los demás. Gobernar sin esa conciencia no solo debilita la confianza, sino que enseña —silenciosamente— que las reglas son negociables.
La democracia, al final, no se sostiene únicamente en leyes ni en hojas de vida impecables, sino en hábitos compartidos de prudencia, justicia y veracidad. Cuando esos hábitos se tratan como detalles administrativos, el costo no aparece de inmediato, pero se acumula y suele pagarse más tarde, por una ciudadanía que aprende, con notable rapidez, que la virtud es opcional.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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