La visita de J. A. Kast a República Dominicana: ¿aprendiendo de sus políticas migratorias?

Difícilmente, el presidente electo José Antonio Kast podría haber escogido un país latinoamericano con peores antecedentes en materia de gestión migratoria que República Dominicana, para su primera visita dedicada al tema. Desde comienzos de siglo, República Dominicana ha mantenido una política migratoria centrada casi exclusivamente en la represión tanto de los migrantes como de los descendientes de migrantes nacidos en su territorio, con graves violaciones a sus derechos humanos. Así lo han establecido numerosos pronunciamientos e informes de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de una serie de organismos de la ONU.

Varias decenas de miles de personas se encuentran desde hace más de una década en situación de apatridia; es decir, carentes de nacionalidad, un derecho reconocido en tratados internacionales de los cuales República Dominicana es parte. Esto afecta sobre todo a personas descendientes de migrantes en situación irregular (hijos y a veces nietos de ellos), al asimilar migrantes irregular con personas de paso o transeúntes. Lo mismo que ocurría en Chile hasta la década pasada, pero a una escala muchísimo mayor.

Talvez el ejemplo más palmario de la crueldad de la gestión migratoria dominicana es la detención periódica de mujeres migrantes embarazadas cuando salen del hospital tras realizarse controles de parto. Los agentes se apostan afuera de los hospitales, detienen a las mujeres y luego las expulsan del país. El año pasado, el actual presidente dominicano ordenó a los centros de salud verificar el estatus migratorio de quienes atienden y comunicar a las autoridades cuando no se encuentren en situación regular, para que estas los deporten.

Los migrantes en situación irregular también confrontan serios obstáculos para que sus hijos puedan acceder a la educación. Desde hace más de 20 años existen fallos de la Corte Interamericana condenando por ello a República Dominicana. Una iniciativa análoga pareció esbozarse por el presidente electo durante la campaña electoral, aunque después no ha regresado sobre ella.

También es muy grave en República Dominicana la extendida práctica de expulsiones colectivas, es decir, sin consideración a la situación de cada persona. Esto llega al extremo de que a menudo no solo se expulsa a migrantes (generalmente haitianos), sino asimismo a personas que poseen la nacionalidad dominicana y tienen fenotipo haitiano.

Sobre todos los aspectos mencionados -existen muchos otros que sería largo abordar- ha habido numerosos pronunciamientos de organismos de la ONU y la OEA. Parece difícil creer que las autoridades electas en Chile lo desconozcan.

En su difusión de la visita, el equipo del presidente electo ha señalado que el objeto de ella es conocer la experiencia del muro o verja que República Dominicana está levantando en su frontera con Haití. Se trata de una iniciativa que también ha sido cuestionada y que no puede escindirse de las prácticas violatorias de los derechos humanos antes señaladas: de hecho, el anuncio del muro o verja fue realizado como parte de un conjunto de medidas, incluyendo algunas de las reseñadas y otras tales como la sanción a quienes arrienden inmuebles a migrantes en situación irregular.

Todo lo anterior vuelve muy preocupante que desde el futuro gobierno se mire a República Dominicana como un caso del cual aprender en materia migratoria. La política de dicho país en esta materia se encuentra seriamente cuestionada a nivel internacional. Lo mismo le ocurriría a Chile en caso de seguir ese camino.