Creación de nuevos colegios: un desafío país

En el proceso de admisión 2024, un 37,3% de las vacantes del sistema regular no recibió ninguna postulación. En 2025, la cifra fue de un 43,4%. Si bien el Sistema de Admisión Escolar (SAE) como mecanismo de asignación de vacantes no es el problema, nos revela una realidad preocupante y urgente: la inexistencia de una oferta educativa atractiva para las familias.

Las reformas impulsadas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet en educación —y, en particular, la Ley de Inclusión— han generado una serie de limitaciones y desincentivos para la creación de nuevos colegios, especialmente en la educación particular subvencionada. Un estudio de Acción Educar sobre el proceso de admisión 2025 reveló que un 56,3% de estos establecimientos son sobredemandados, algo que ocurre solo en el 19,2% de los establecimientos públicos; y 7 de cada 10 primeras preferencias fueron dirigidas a particulares subvencionados

Con la intención de abordar esta problemática, la Comisión de Educación del Senado discutió un proyecto de ley que busca facilitar la creación de nueva oferta educativa. Sin embargo, la persistente intención del Ejecutivo de tratar la falta de oferta como un problema particular de ciertos territorios terminó por diluir varios de sus aspectos positivos.

Y es que no se trata de observar la falta de oferta educativa como un fenómeno aislado, sino como un desafío del sistema: ofrecer educación de calidad para las familias, generando nuevamente incentivos y herramientas en distintas escalas. El desafío es, entonces, desburocratizar, volver a confiar en el trabajo que hacen los colegios y eliminar restricciones para aquellos que lo hacen bien y hoy no pueden crecer.

Sabemos que el sistema educativo es complejo y que, por lo mismo, existen cambios que pueden priorizarse. En primer lugar, resulta indispensable que los establecimientos con mayor demanda puedan aumentar sus cupos sin tener que pasar por los mismos procesos y exigencias actuales. No se debe privilegiar arbitrariamente un tipo de educación por sobre otro: un buen estándar de calidad es la preferencia que manifiesta cada familia.

Además, se requiere dar mayor flexibilidad a los colegios y sus equipos directivos, permitiendo cierto margen de discrecionalidad para administrar el crecimiento de sus vacantes, fortaleciendo así la toma de decisiones desde el territorio y no exclusivamente desde el nivel central.

Si algo nos dicen estas cifras es que las reformas no pueden seguir evaluándose por sus intenciones, sino por sus resultados. Persistir en un diseño que desincentiva a quienes hacen bien su trabajo y limita la expansión de proyectos educativos valorados por las familias es seguir eligiendo el camino equivocado.