Plan de búsqueda, el primer test democrático

En las últimas semanas hemos visto a sectores de la derecha chilena desplegar una preocupación intensa y vehemente por los derechos humanos en Venezuela. Se invocaron principios universales, se exigió intervención internacional y se reclamó una defensa irrestricta de la democracia, entre otros llamados grandilocuentes.

Ese discurso, sin embargo, contrasta de manera incómoda con la actitud que esos mismos sectores adoptan cuando se trata de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado chileno durante la dictadura civil-militar. Sin ir más lejos, se ha nombrado como encargado de la cartera de Justicia a Fernando Rabat, ampliamente conocido por haber sido abogado defensor de Augusto Pinochet en los casos Operación Colombo y Riggs, así como a Fernando Barros, defensor y vocero de Pinochet en Londres. Ambos nombramientos constituyen, en los hechos, una defensa irrestricta de ese legado.

Hoy el Plan de Búsqueda parece ser el primer test democrático para la coalición del gobierno entrante. El avance en el Congreso, para convertir en ley el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, ha sido presentado por algunos como una “maniobra legislativa” o una jugada política de última hora. Pero lejos de responder a un temor infundado, recordemos que la excandidata presidencial Evelyn Matthei planteó que el Plan de Búsqueda estaba guiado por la venganza, por lo cual el cambio de gobierno levanta serias y legítimas dudas sobre la continuidad de esta política pública.

Lo que se acaba de despachar desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Diputadas a la sala de la Cámara no es el blindaje a un gobierno, sino un desafío mucho más básico y exigente: si la búsqueda de la verdad será una obligación permanente del Estado o una política que puede desaparecer cuando cambia el signo político del Ejecutivo.

Hoy el Plan de Búsqueda existe por decreto. Ha permitido ordenar información, iniciar procesos, articular instituciones y, sobre todo, trabajar con las familias de quienes fueron desaparecidos. Con todas sus limitaciones, el impulso que el Plan ha dado a la búsqueda de 1.469 personas víctimas de desaparición forzada es indesmentible: si al 2023 se hacían seis diligencias al año, cinco judiciales y una extrajudicial, tan solo a octubre de 2025 ya se habían hecho 107 en el año (31 judiciales y 76 extrajudiciales). Pero su fragilidad es igualmente evidente: cualquier gobierno podría desfinanciarlo, paralizarlo o eliminarlo sin pasar por el Congreso. La búsqueda de los detenidos desaparecidos sigue, así, subordinada a la voluntad política de turno.

Convertir el Plan en ley cambia radicalmente ese escenario. Supone trasladar una política de derechos humanos desde la discrecionalidad política al plano de las obligaciones jurídicas del Estado. Implica asegurar recursos, institucionalidad, acceso a archivos, coordinación interinstitucional y responsabilidades exigibles. Permite, además, que las familias puedan recurrir a la justicia cuando el Estado incumple su deber de buscar.

Aquí es donde la incoherencia se vuelve imposible de ignorar. ¿Cómo pueden quienes exigen con razón que se persigan las desapariciones forzadas en Venezuela relativizar o cuestionar que Chile se obligue por ley a buscar a sus propios desaparecidos? ¿Cómo se puede defender una noción universal de derechos humanos hacia afuera y una lógica de amnesia hacia adentro?

La desaparición forzada no es un crimen del pasado. Mientras no haya verdad, toda la verdad, la desaparición sigue ocurriendo en el presente. No se resuelve solo con memoriales ni con discursos, sino con procesos sostenidos de investigación, identificación y restitución. Eso es lo que el Plan de Búsqueda intenta hacer, y eso es lo que se busca proteger al darle rango legal. Hacerlo ley no es un acto ideológico ni una provocación política. Es una decisión profundamente democrática: afirmar que la verdad y la justicia no dependen del clima electoral ni de quién gobierne, sino que forman parte del núcleo ético y jurídico del Estado. También es una forma de cumplir con los compromisos internacionales que Chile ha asumido en materia de desaparición forzada, derecho a la verdad y reparación.

Lo que está en juego, en definitiva, es si Chile es capaz de sostener mínimos comunes en la defensa de los derechos humanos, más allá de las diferencias políticas. La derecha, que hoy apela a esos principios para mirar lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, tiene aquí una oportunidad concreta de demostrar que esos valores también rigen cuando la historia incómoda es la propia, porque un sujeto político que solo invoca los derechos humanos cuando sirven para atacar a gobiernos ajenos, pero los relativiza cuando interpelan su propia historia, es agente catalizador de una democracia frágil.

Esta es sin dudas una primera prueba para la voluntad democrática de la coalición del gobierno entrante y esperamos que sepa estar a la altura del desafío.