La urgencia de reformar el sistema político

El Gobierno ha mostrado particular empeño en sacar adelante la reforma política antes del término de su mandato. En esto, el Ejecutivo tiene razón. La reforma política es necesaria para generar un sistema que permita una gobernabilidad a mediano y largo plazo. Las razones pueden ser varias. Pueden ser coyunturales, de logros concretos o porque se comprende que un sistema que procesa muy lentamente las demandas no es bueno para nadie.

La reforma política aprobada entre 2014-2016 permitió incorporar nuevas fuerzas, de derechas y de izquierdas, reflejando que parte de los partidos tradicionales operaban bajo subvención del sistema binominal, asunto que quedó demostrado una vez que el sistema se abrió a la ciudadanía. Algunos miran este cambio como un problema, pero el sinceramiento es real. Tanto así, que tanto el Gobierno saliente como el entrante lo conforman nuevas fuerzas políticas surgidas post reforma.

Si en aquella oportunidad el principio rector fue la representatividad, ahora es tiempo de la gobernabilidad (ambos principios debieron y deben conciliarse), donde el conjunto de demandas ciudadanas, puedan ser atendidas y procesadas, adecuadamente, por el sistema.

Un sistema político de 4/4, fragmentado y polarizado. Las elecciones parlamentarias de 2021, los comicios locales de 2024 y las parlamentarias y presidenciales de 2025, nos han mostrado que el sistema tiene hoy dos características basales: i) es un sistema de 4/4, existiendo una izquierda, una centro-izquierda, una centro-derecha y una derecha y ii) que está altamente fragmentado y polarizado, existiendo alrededor de 22 fuerzas políticas hoy en el Congreso.

El primer elemento basal requiere diferenciar entre sectores políticos y partidos políticos. Los 4/4 se refiere a sectores políticos, en cuyo interior habitan partidos. De los partidos que aterrizarán en el Congreso en marzo de 2026, el PC y el FA representan la izquierda, el PS, la DC, el PPD y el PL la centro-izquierda, en la centro-derecha están RN y la UDI y en la derecha el PR y el PNL. A ello se suma un centro díscolo que conforma el PDG, cuyos integrantes fluctúan en cada uno de los sectores antes mencionados.

El segundo elemento, la fragmentación y polarización, ha conllevado efectos que desde derechas a izquierdas han sido declarados. La multiplicidad de partidos y su continua atomización hace muy difícil llegar a acuerdos y procesar demandas ciudadanas. La política chilena está caracterizada por una creciente polarización y sostenida en posiciones dicotómicas. La política es de extremos, que operan como trincheras, produciéndose la negación del adversario (Informe PNUD 2024). Una política de actores totalmente antagónicos en el eje izquierda/derecha hace que la distancia entre los polos sea mayor y más complicado lograr mayorías y acuerdos.

Los efectos de la fragmentación y la polarización: distancia entre élites y ciudadanía. La política viene funcionando con lógicas obstruccionistas, bajo formas de incomunicación, bloqueos y revanchas políticas. No hay mirada de futuro por parte de la política. Esto produce una distancia entre élites y ciudadanía, sostenida en la desconfianza o la percepción de deudas pendientes y en la percepción de que los políticos son los culpables de su situación. La ciudadanía estima que los políticos piensan en sus intereses electorales, en desmedro del bienestar general, asunto que se expresa en su falta de voluntad de llegar acuerdos, interfiriendo y trabando cualquier iniciativa del otro (Informe PNUD 2024). Tal cuestión ha conllevado una volatilidad en el elector, quien pasa de un lugar a otro en busca de respuestas y como una forma de castigo a las elites incumplidoras.

Evitar las lógicas obstruccionistas y permitir llegar a acuerdos como objetivo político de una reforma. El diagnóstico anterior da cuenta de cuál debe ser la finalidad de una modificación al sistema. El régimen político debe operar de forma que evite la traba y el bloqueo continuo entre Ejecutivo y Legislativo, impida las posiciones dicotómicas, reduzca la desconfianza y, en definitiva, genere una voluntad permanente de llegar a acuerdos.

Tal asunto requiere reconocer que la política democrática es la articulación de intereses políticos diversos para la generación de consensos con miras a la solución de problemas públicos. El objetivo no es la derrota permanente y continua del enemigo o del adversario, donde priman líderes impacientes y confrontacionales carentes de voluntad consensual y sin un entendimiento profundo de largo plazo.

La reforma política del Gobierno apunta en la dirección correcta, pero necesita ajustes. La iniciativa del Ejecutivo eleva los requisitos para crear partidos, exigiendo que deban estar constituidos en 8 regiones (no en 8 o 3 regiones contiguas como hoy) y debiendo reunir firmas equivalentes al 0,5% del total padrón en cada una de ellas (no 0,5 sobre los votantes de la última elección de diputados, como en la actual ley).

Si un parlamentario se va del partido no se lleva el dinero que le corresponde, si no que queda en poder del partido al que renunció. Finalmente, otorga un rol de articuladores a los comités parlamentarios y jefes de bancada y en las listas de los partidos, los independientes no pueden superar el 50%.

Esta reforma legal se tramita en paralelo a la reforma constitucional que impone un umbral del 5% para el ingreso al Congreso y establece la pérdida del escaño en caso de renuncia al partido político. El Ejecutivo ha priorizado la reforma legal en atención a su posibilidad de aprobación ya que requiere quórum de mayoría absoluta y no de 4/7 asociado a la reforma y al texto fundamental.

El proyecto puede congelar el sistema. El texto del Gobierno pretende reconocer y afirmar a los partidos que existirán a partir del 11 de marzo. Básicamente, congelar el sistema. En los siguientes meses desaparecerán varios partidos y estarán representados en el próximo Congreso alrededor de diez. Así, se busca elevar los requisitos para constituir un nuevo partido, siendo muy difícil su creación. El ejecutivo utiliza una forma inversa a la del umbral, es decir, no incorpora una regla de acceso al Congreso sino de existencia una vez en él. Sólo habitarán el Parlamento los partidos que no sean disueltos, pues una vez que desaparezcan, será muy difícil volver a conformarlos.

Una buena idea, pero problemática. Lo anterior es una buena idea, directa y pragmática. Evita la fragmentación y, sumado a la imposibilidad de llevarse el dinero en caso de renuncia a un partido, reducirá el número de partidos en el Congreso. El reparo es que solo obtiene una foto del momento en que se aplicará, rigidizando el sistema y su futuro. Un ejemplo: Si el sistema se polariza más (como ha venido ocurriendo) y las fuerzas centristas (de centro-derecha y centro-izquierda) bajan su votación (como ha venido ocurriendo), la nueva regulación no les dará la posibilidad de resurgir o les será muy difícil. Es una idea que producirá el efecto de limitar la competencia, pues, solo podrán competir los partidos existentes y que no se disuelvan luego de las elecciones.

La competencia debe ser en el acceso al Congreso, filtrando el número de partidos que ingresa. Es necesario contar con menos partidos y evitar el discolaje. En este sentido es correcta la propuesta de partidos nacionales (en 8 regiones) y que el financiamiento no acompañe al parlamentario en caso que renuncie al partido por el cual fue electo, pero no la de subir los requisitos para formar un partido, pues tiende a fijar y rigidizar el sistema de partidos. Es más plausible bajar intensamente el financiamiento inicial a los nuevos partidos que la idea de que no puedan surgir, ni competir por un escaño.

El centro de la discusión debe estar en quiénes podrán ingresar al Congreso y no en quiénes dejan de existir. La eliminación de los pactos e incluso la idea de un umbral generan mayores incentivos a la competencia que la formulación del Gobierno y, al mismo tiempo, reducen el número de partidos en el parlamento. La eliminación de las listas permite que todos compitan con todos y únicamente lleguen al Congreso los ganadores, independiente del porcentaje de votos. El umbral es una buena idea siempre y cuando sea cercano al 4% y no al 5%, pues este último hará desaparecer a casi todos (sino todos) los partidos de centro-izquierda, polarizando el sistema y haciendo más difícil lograr acuerdos.

La pérdida del dinero de un parlamentario que renuncia debe ser complementada con la pérdida del escaño (esta última es parte de otro proyecto de reforma al sistema político), de modo que el incentivo esté en la no renuncia a los partidos luego de ser electos por ellos.

La articulación de la política como un ajuste necesario. Ligado a lo anterior está la relevancia de los comités parlamentarios y de los jefes de bancadas. Esto es un avance. Una de las grandes dificultades del sistema chileno es el voto por persona (no por partido o por lista de partido). Tal cuestión genera un grupo de líderes individualistas en el Congreso, con quienes el Gobierno debe negociar uno a uno. Un rol importante de los comité y bancadas debería tender a bajar los costos de transacción, pues se cambiaría el 1×1 por una negociación entre Ministro(a) Segpres y los comités o jefes de bancada. Si no existe voto partido o lista debe existir el momento donde las negociaciones se despersonalicen y se institucionalicen.

El Ministro del Interior como coordinador de la política. Ante la eventualidad de nuevas reglas, se debe sumar el nuevo rol del Ministro del Interior, separado de las tareas de seguridad. Se instituye como un ministro coordinador de la política dentro del Gobierno hacia el interior de éste, como hacia el Congreso (por vía Ministro(a) Segpres).

Hacia un nuevo modelo. Contar con menos partidos en un sistema que incentive una política centrípeta, donde el Ejecutivo se vincule con el Congreso por medio de un ministro que articule la política con los comités parlamentarios y jefes de bancada, debería permitir contar con una política menos polar y con incentivos en la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Un sistema de 10-12 partidos permitirá mayor gobernabilidad habilitando la articulación política desde el Gobierno, haciendo más llevadera la relación Ejecutivo/Legislativo para el procesamiento de demandas ciudadanas, reduciendo la traba y bloqueo continua que existe en el Congreso desde hace más de una década.