MOP 2026: el ministerio donde se juega el futuro

En Chile, el Ministerio de Obras Públicas suele aparecer en la discusión pública cuando se inaugura una carretera, se corta un puente o se licita un embalse. Sin embargo, rara vez se dimensiona que el MOP es, probablemente, el espacio donde con más claridad se expresa la tensión entre urgencia social, desarrollo económico y capacidad real del Estado. Y esa tensión será especialmente exigente para la administración que asuma en marzo de 2026.

El primer desafío será presupuestario. El MOP que asumirá la nueva administración estará obligado a operar en un marco fiscal estrecho, con demandas crecientes y escaso margen para expandir gasto sin tensionar otras prioridades del Estado. En ese contexto, el camino no es seguir administrando postergaciones ni celebrar recortes “ordenados”: la salida de fondo es instalar la asociación público-privada (APP) como política estructural de inversión pública.

Una APP bien diseñada permite acelerar la provisión de infraestructura, atraer financiamiento de largo plazo, profesionalizar la gestión, elevar estándares de operación y mantenimiento, y distribuir riesgos de forma más eficiente que el modelo tradicional. En simple: transforma la infraestructura en un motor de crecimiento en vez de una víctima permanente del ciclo presupuestario. Si Chile quiere más carreteras, agua, hospitales y conectividad con menos demora, el debate no es si usar APP, sino cómo expandirla, perfeccionarla y convertirla en regla, no en excepción.

El segundo desafío será institucional. El sistema de concesiones —clave para multiplicar inversión pública— necesita una nueva etapa. No basta licitar más: hay que licitar mejor. Eso exige fortalecer capacidades técnicas, reducir incertidumbre regulatoria, enfrentar controversias sin parálisis y diseñar contratos que distribuyan riesgos con inteligencia. Si el MOP quiere recuperar ritmo, debe recuperar confianza, tanto del sector privado como de las comunidades.

El tercer desafío es territorial. El país ya no acepta infraestructura impuesta desde Santiago. Se exige participación, beneficios locales, mitigaciones reales y coherencia ambiental. La tarea es acelerar sin atropellar: modernizar el Estado, coordinar permisos intersectoriales, transparentar decisiones y elevar los estándares de gestión de proyectos desde su diseño.

El cuarto desafío será hídrico y climático. La infraestructura tradicional ya no basta para un clima distinto. El MOP deberá priorizar resiliencia: sistemas de agua potable rural robustos, recarga de acuíferos, control inteligente, adaptación costera y defensas fluviales con planificación de largo plazo.

Finalmente, el gran examen será la ejecución. Chile tiene planes, diagnósticos y anuncios. Lo que falta es capacidad de implementación, lo que sobra: expropiaciones interminables, licitaciones desiertas, atrasos y judicialización que encarecen y desgastan. Un MOP exitoso en 2026 no será el que más prometa, sino el que más destrabe.

La infraestructura es política pública en estado puro: impacta competitividad, empleo, cohesión territorial y calidad de vida. Por eso, el MOP que viene no será solo un ministerio de obras; será el ministerio donde se definirá cuánto de nuestro futuro somos capaces de construir y qué tan rápido.

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