Después del FES: escenarios para el financiamiento universitario que viene

El proyecto de ley de nuevo financiamiento universitario —conocido como FES— no alcanzó a culminar su tramitación durante el mandato del presidente Gabriel Boric.

Tras el 11 de marzo próximo habrá tiempo para evaluar con mayor serenidad los errores políticos, las dificultades técnicas y las resistencias que impidieron su aprobación. Sin duda, el resultado es una frustración para un gobierno que comprometió esta reforma en su programa. Pero reducir el FES a un traspié coyuntural sería un error mayor.

Más allá del thrash político que hoy rodea al Ejecutivo, el proyecto expresa la maduración de un diagnóstico ampliamente compartido por actores muy diversos del sistema de educación superior: rectores, estudiantes, expertos y parte significativa del mundo político. Ese diagnóstico no debería desecharse. El camino recorrido permite decantar certezas y, sobre todo, anticipar escenarios de futuro que es necesario prospectar si se quiere dotar de estabilidad y sostenibilidad al sistema.

La primera de esas certezas es el consenso transversal sobre la necesidad de superar el Crédito con Aval del Estado (CAE). No se trata solo de su pesada carga financiera para miles de egresados, sino de un diseño que tensiona la legitimidad del sistema y compromete la confianza pública. En este punto, el acuerdo es amplio y sólido.

La segunda certeza es la urgencia de ofrecer una solución a quienes no acceden a la gratuidad, un universo amplio de familias ubicadas entre el séptimo y décimo decil de ingresos. Hoy estas familias quedan atrapadas entre un beneficio que no les alcanza y un endeudamiento que resulta desproporcionado. Una nueva fórmula —como la propuesta en el FES— aparece como una respuesta razonable y socialmente justa.

Es probable que un próximo gobierno tenga diferencias con la propuesta actual, incluso en aspectos simbólicos o denominacionales: hablar de “fondo revolvente” o de un “crédito de nuevo tipo” puede marcar distancias políticas.

Pero más allá del nombre, existe un acuerdo de fondo: es indispensable crear alternativas de financiamiento modernas, solidarias y sostenibles para este segmento mayoritario del estudiantado.

El tercer escenario a considerar es el de la estabilidad sistémica. La educación superior chilena es diversa en instituciones, subsistemas y misiones. Cualquier política de financiamiento debe anticipar esa complejidad y ofrecer reglas claras que permitan a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica tomar decisiones estratégicas con horizonte de largo plazo.

En este sentido, sería valioso que el futuro gobierno dé continuidad al proyecto, reconociendo el marco de acuerdos ya alcanzados y manteniendo la flexibilidad que han mostrado el ministro Cataldo y el subsecretario Orellana para ajustar el diseño a las necesidades reales de las instituciones. Avanzar con certidumbre y claridad no es un favor al gobierno de turno: es una condición para que el sistema funcione y para que las y los estudiantes puedan proyectar su futuro con menos ansiedad y más justicia.

El FES puede no haber sido ley, pero el problema que intenta resolver sigue ahí. Y también los consensos para enfrentarlo. Ignorarlos sería el verdadero costo político.