La chacota eléctrica

Cada vez que en Chile se habla de modernización eléctrica, el libreto parece escrito de antemano. Se anuncian montos millonarios sin mayor explicación, se instala la idea de que no hay alternativas y se nos dice que la cuenta la deben pagar los hogares, pero que gracias a esa modernización la tarifa va a bajar, lo que nunca ocurre.

Esto ha vuelto a suceder con la flamante moción parlamentaria “Proyecto de ley sobre medidores inteligentes”, recientemente aprobado en general por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Esto, pese al Ministro de Energía, Álvaro García, quien señaló que dicha iniciativa tendrá un costo de tres mil millones de dólares y que será imposible que las empresas no traspasen ese costo a los consumidores.

Tres mil millones de dólares que deberían ser asumidos por los siete millones de consumidores y la pregunta es obvia: ¿De dónde sale ese número? Lo último, recordamos fue en 2019, cuando la actual Presidenta de la SOFOFA encabezaba el Ministerio de Energía y se estimaba en 1.000 millones de dólares el costo de reemplazar los medidores análogos por medidores inteligentes. ¿Qué hizo subir un 200% el costo de los nuevos medidores? Sería importante que el ministro explique si existe algún estudio de carácter público, claro y detallado que justifique no solo la nueva cifra sino que, además, cuantifique los beneficios del cambio, porque algún beneficio debería haber.

El cambio forzado de los medidores fue rechazado por los consumidores en 2019, por diversos motivos, sobre todo porque muchos de los medidores análogos y sus empalmes ya eran de propiedad de los usuarios y la nueva modalidad los obligaba a olvidarse de ello y a pagar un arriendo por los nuevos. ¿Se imaginan a una persona que ya posee un automóvil y que de repente las autoridades le prohíban usarlo y lo obliguen a andar en taxi?

Con todo, el proceso siguió adelante, pero el recambio ya no fue forzado, sino que voluntario. Por lo mismo, cuando una parte importante de la infraestructura correspondiente a los medidores inteligentes ya está instalada, presentar hoy el recambio como si hubiera que partir desde cero no resiste mucho análisis y solo parece estar preparando el terreno para justificar nuevas alzas en las cuentas de luz.

Además, los medidores inteligentes no deberían significar mayores costos para las empresas eléctricas, sino que ahorros importantes en aspectos como medición remota de los consumos (ya no será necesario visitar mensualmente los domicilios para registrar los consumos), corte y reposición de los servicios o información sobre fallas y estado general de las redes.

En consecuencia, el tema de los medidores inteligentes no es un mero problema de números. También es un problema de derechos ya que, como señalamos, durante décadas el medidor y el empalme fueron de cargo y propiedad del usuario. La ley que cambió ese régimen transformó a los medidores y empalmes en activos de las distribuidoras, afectando el derecho de propiedad de millones de personas. Esa discusión nunca se cerró bien, de modo que la instalación de los medidores inteligentes sigue siendo, a nuestro juicio, inconstitucional, incluso si es voluntaria.

Pretender ahora profundizar ese camino, haciendo que los consumidores paguen forzadamente por equipos que no les pertenecen ni controlan, es repetir un error que ya generó desconfianza y rechazo social.

Es más, existen numerosas quejas de personas que aceptaron el cambio voluntario de sus medidores y que ahora han visto aumentadas sus cuentas de forma notable. Eso es algo que las autoridades deberían investigar celosamente, antes de proseguir con el recambio de los medidores, de modo que la ciudadanía tome sus decisiones de manera informada.

Existen diversas posibles explicaciones para los aumentos en las cuentas, desde que los medidores antiguos podrán estar defectuosos por falta de mantenimiento, hasta que los nuevos medidores registran consumos espurios que no deberían registrar (peaks de consumo, corrientes parásitas, etc.).

En todo caso, si los nuevos medidores miden más que los antiguos, ello debería ocasionar obligadamente una revisión de las tarifas reguladas, toda vez que los cálculos correspondientes se habrían hecho sobre la base de lo registrado por los antiguos medidores y no por los nuevos (recuérdese que el total de los consumos está en el denominador de esos cálculos).

Todo esto ocurre, además, en un contexto que debería llamarnos a la prudencia. A un año del gran apagón que dejó al país a oscuras, todavía no vemos responsables ni sanciones claras. Las investigaciones avanzan lento, las decisiones se dilatan y los consumidores seguimos esperando respuestas. En este escenario, cuando se nos pide confianza ciega para hacernos cargo de nuevas inversiones millonarias, cuesta creer que no terminemos perjudicando a los hogares y a las propias empresas que usan la electricidad como un insumo clave, y sobre todo a las PYME.

El caso Nehuenco es otro ejemplo que no se puede ignorar. Las centrales involucradas pertenecen a la empresa Colbún. Según la propia autoridad, hubo restricciones operativas injustificadas que generaron pérdidas relevantes para el sistema eléctrico y que afectaron directamente a los consumidores.

Sin embargo, las sanciones siguen detenidas en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. A esto se suma que el gerente legal de esa empresa pasará a formar parte del segundo piso del Presidente Kast y que su gerente general ha señalado públicamente que “tienen buena llegada a todo nivel”. Aunque no se pueda afirmar que exista alguna irregularidad en ello, la señal que se entrega a la ciudadanía es preocupante y vuelve a erosionar la confianza en las instituciones.

Desde Conadecus no estamos contra la tecnología ni contra la modernización. Estamos contra la chacota, contra las cifras lanzadas al aire, contra la falta de consecuencias cuando se cometen errores graves y contra la costumbre de que siempre sean los consumidores quienes terminen pagando los platos rotos. Chile está prácticamente a la cabeza de Latinoamérica en cuanto a los precios que pagamos por la luz, lo que no es motivo de orgullo sino que reflejo de todo un sistema que funciona mal, muy mal.

Si el país quiere avanzar en medidores inteligentes y en un sistema eléctrico moderno, debe hacerlo con nuevas reglas, simples y claras, números transparentes, respeto por los derechos de las personas, una institucionalidad más liviana y que funcione de verdad y, sobre todo, con algo que se echa mucho de menos en el sector eléctrico: con libre competencia de verdad, a todo nivel y sin subsidios en favor de determinadas tecnologías. Todo lo demás es seguir estirando una cuerda que ya está demasiado tensa y que estrangula peligrosamente a las familias chilenas.