Garantizar derechos a la niñez y adolescencia: cuando el Estado aprende a anticipar y cuidar

La implementación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia ha sido, sin duda, uno de los desafíos más significativos que ha asumido el Estado chileno en los últimos años. No solo por la envergadura del cambio normativo que implica, sino porque exige algo mucho más profundo: transformar la forma en que entendemos la acción pública frente al bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Desde la promulgación de la Ley de Garantías en marzo de 2022, una convicción orientó el trabajo institucional: garantizar derechos no puede limitarse a reaccionar frente a su vulneración. Hacerlo así es llegar tarde. La verdadera garantía se construye antes, en la capacidad del Estado de generar condiciones sociales, institucionales y territoriales que permitan el ejercicio efectivo de esos derechos. La vulneración no es el punto de partida del sistema, sino su fracaso, y el éxito se mide por cuánto somos capaces de anticipar, cuidar y acompañar las trayectorias de vida desde una lógica de bienestar integral.

Un avance relevante ha sido la consolidación progresiva del Sistema de Garantías como un verdadero sistema de servicios, con roles definidos, estructuras claras y una mirada sistémica de derechos. En este proceso, la protección administrativa, creada por la Ley de Garantías, adquirió un rol estructurante, desplazando el centro de la acción estatal desde la judicialización hacia la intervención temprana, territorial y no judicial. Este giro no ha sido menor: implica comprender que el acompañamiento familiar, la articulación de la oferta pública y la prevención de vulneraciones son más eficaces —y más humanas— que la respuesta tardía y fragmentada.

La instalación de las Oficinas Locales de la Niñez en todo el país permitió que el sistema dejara de ser una abstracción normativa y comenzara a operar en los territorios. A través de ellas, el Estado empezó a estar presente de manera más cotidiana en la vida de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo el acceso a servicios, la coordinación intersectorial y la equidad territorial, al tiempo que reconoce las particularidades y realidades de cada comunidad.

Un cambio cultural significativo ha sido situar la participación de niñas, niños y adolescentes en el centro del sistema. La conformación y fortalecimiento de los Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes es mucho más que un mecanismo formal establecido por ley, es también la expresión de un principio democrático esencial: quienes son titulares de derechos también son actores sociales, cuya voz contribuye a mejorar la calidad y efectividad de las políticas públicas que les afectan.

A estos avances se sumó la transición desde Chile Crece Contigo hacia Chile Crece Más, ampliando la mirada del cuidado desde la primera infancia hacia trayectorias de bienestar más continuas a lo largo del ciclo de vida. Esta evolución reconoce que el desarrollo y la protección no son etapas aisladas, sino procesos que requieren coherencia, continuidad y acompañamiento sostenido.

Al cerrar este período de gobierno, contamos con un Sistema de Garantías más coherente, funcional y territorializado. Pero, sobre todo, con una certeza que debiera trascender gobiernos y ciclos políticos: el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes no es un tema sectorial ni accesorio, sino un horizonte permanente de la acción del Estado y una medida concreta de nuestra capacidad de construir una sociedad más justa desde la infancia.

La protección integral de niñas, niños y adolescentes es una tarea de todos y la situación en la que la niñez y la adolescencia se encuentren habla muy claro del tipo de sociedad que somos.