J. A. Kast y Bukele: ¿Cuándo deja de ser democrático un país?

Recientemente José Antonio Kast se reunió con el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El Salvador vive desde 2022 bajo un régimen de excepción que ha permitido realizar arrestos masivos sin orden judicial, suspensión de garantías constitucionales y una expansión de las facultades del gobierno sobre el sistema judicial y legislativo. Todo bajo el argumento de la lucha contra el crimen organizado.

Investigaciones del periódico salvadoreño El Faro han mostrado cómo este esquema no solo ha afectado a presuntos miembros de las famosas pandillas salvadoreñas, sino también a personas sin vínculos delictivos. El medio salvadoreño también ha documentado abuso de poder, represión y hostigamiento contra periodistas, organizaciones sociales y voces críticas del gobierno.

 A ello se suman denuncias de corrupción de las fuerzas policiales, como también del entorno gubernamental (incluyendo el enriquecimiento ilícito de la familia de Bukele, por ejemplo), y el de figuras del aparato de seguridad (del cual Kast busca “aprender”), fruto de negociaciones irregulares con pandillas y malversación de recursos públicos.

El modelo salvadoreño, además, se entrelaza con la actual política migratoria estadounidense. Bajo la presidencia de Trump y el accionar de ICE se han llevado a cabo deportaciones masivas de personas migrantes hacia El Salvador (saltándose el debido proceso) exponiéndolos a un sistema carcelario altamente cuestionado.

Lamentablemente, este tipo de dinámicas no se limitan a estos dos países. En Argentina, por ejemplo, medidas de seguridad que restringen la protesta social y amplían la discrecionalidad policial también han sido denunciadas por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Pero quizá el mayor punto de inflexión en esta deriva represiva, en el caso argentino, fue la firma por parte de Milei de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), publicado el 31 de diciembre pasado, en el cuál, según El País, “transforma el sistema de inteligencia argentino y otorga mayor poder y autonomía a los espías. Entre otras funciones, los agentes podrán detener y arrestar personas, una potestad hasta ahora prohibida por ley. Podrán hacerlo, incluso, sin orden judicial”.

Sin embargo, esta avanzada represiva no se está dando solo en América. Todos los días podemos ver en distintos medios de información cómo en Alemania se reprimen brutalmente las manifestaciones e intervenciones pacíficas que denuncian el genocidio en Gaza. Y estos son solo algunos ejemplos.

Todo esto conduce a una pregunta incómoda, que escapa de los círculos académicos, pero de vital importancia para la ciudadanía en general ¿Cuándo un país deja de ser democrático?

Hoy existe bastante consenso respecto de que las democracias ya no mueren de un golpe, mediante tanques en la calle o juntas militares, sino que se erosionan gradualmente. Como ha señalado el politólogo Andrés Malamud, “se desangran entre la indignación del electorado y la acción corrosiva de los demagogos”. El deterioro ocurre desde dentro, con líderes electos popularmente, los que poco a poco van concentrando poder, debilitando a los tribunales, hostigando a la prensa, gobernando permanentemente bajo estados de excepción y normalizando la restricción de derechos en nombre de la seguridad.

Pero si bien hay consenso en cómo mueren las democracias, no lo hay tanto en cuándo estas cruzan el umbral y, por lo tanto, dejan de serlo. ¿Es suficiente tener elecciones periódicas? ¿O llega un punto en que la erosión de la independencia judicial, la libertad de expresión y el debido proceso vacía de contenido esa condición?

Aquí aparece un doble estándar evidente. Países como Venezuela fueron considerados no democráticos incluso antes del fraude electoral. Sin embargo, cuando Estados Unidos, Alemania o Argentina aplican medidas que restringen derechos en nombre de la seguridad, la migración o el orden público, rara vez se cuestiona con la misma fuerza su carácter democrático. La categoría parece depender no solo de criterios institucionales, sino también de posiciones geopolíticas.

El caso salvadoreño se ubica precisamente en esa zona gris. Hay elecciones, hay popularidad presidencial, pero también hay suspensión prolongada de garantías, concentración de poder, corrupción y represión de voces críticas. ¿En qué punto ese conjunto de rasgos deja de ser compatible con una democracia liberal?

En este contexto internacional, gestos como la reunión de Kast con Bukele y su visita al CECOT no pueden leerse como hechos aislados. Funcionan como señales políticas en un momento en que Chile también vive tensiones en materia de seguridad, legitimidad institucional y confianza democrática.

Confiar en una supuesta “excepcionalidad chilena”, esa idea de que “aquí esas cosas no pasan”, puede ser riesgoso. La experiencia comparada muestra que el debilitamiento democrático ya no llega de un golpe, sino que avanza de a poco, justificado por urgencias reales, apoyado por mayorías cansadas, y normalizado como algo transitorio que termina volviéndose permanente.

La pregunta, entonces, ya no es solo qué está pasando en El Salvador, Estados Unidos o Argentina. La pregunta es más cercana y más difícil: ¿Sabemos reconocer el momento en que una democracia deja de serlo, incluso cuando sigue llamándose a sí misma democracia?