Proyecto de convivencia escolar: pierde la educación, pierde Chile. 

El año pasado, según los datos publicados por la Superintendencia de Educación, se interpusieron más de 11.000 denuncias por convivencia escolar. Esto es un reflejo de que durante los últimos años, las comunidades educativas han tenido que enfrentar una situación grave que se ha ido agudizando.

En respuesta a lo anterior, en 2024 el Ejecutivo presentó un proyecto de ley sobre convivencia escolar que concluyó su tramitación en la última sesión de la Sala de la Cámara antes del receso legislativo de este año, por lo que prontamente se convertirá en ley.

A simple vista, el hecho de que se vaya a promulgar una ley para enfrentar la crisis de convivencia escolar podría considerarse como algo positivo. No obstante, su contenido da cuenta de una realidad opuesta: el proyecto no entrega herramientas efectivas para que los colegios puedan superar las dificultades que hoy enfrentan. Por el contrario, esta nueva regulación, en vez de facilitar el manejo de los conflictos y solucionar deficiencias del sistema, impondrá un listado de obligaciones y trabas que solo entorpecerán su gestión, desviando la atención de los equipos docentes y directivos de sus funciones formativas y pedagógicas. La nueva legislación los obliga a lidiar con un montón de papeleo y ataduras administrativas que se van a sumar a las innumerables obligaciones burocráticas que ya asfixian a las comunidades educativas, además de no contemplar un financiamiento adecuado que permita su materialización.

Solo por nombrar algunos ejemplos, regula extensamente cada circunstancia que pueda darse, imponiendo por ley las medidas específicas que deben adoptar los colegios para enfrentarlas. También establece de forma detallada el contenido que debe incorporarse a los reglamentos internos, convirtiéndolos en manuales extensos y rígidos que, por su naturaleza, debieran ser instrumentos flexibles y capaces de adaptarse a los cambios. A su vez, obliga a todos los establecimientos a contar con un equipo a cargo de la convivencia educativa, cuyo coordinador debe ser un profesional altamente especializado, sin entregar a los colegios los recursos necesarios para efectuar dichas contrataciones.

También, establece una multiplicidad de protocolos y procedimientos que, incluso, van a tener que ser aplicados simultáneamente respecto de los mismos hechos, lo que puede elevar la gravedad de los conflictos y afectar negativamente la convivencia. Finalmente, eleva las exigencias para aplicar medidas de expulsión o cancelación de matrícula, amarrando de manos a los equipos directivos y limitando su capacidad de proteger a sus
comunidades, entre muchas otras.

Los problemas de esta ley se pueden agrupar en dos aristas que se relacionan estrechamente entre sí. En primer lugar, la regulación excesiva y la imposición de cargas difíciles de cumplir que conlleva esta iniciativa, socava la autonomía de los establecimientos educacionales y vulnera el derecho que estos tienen de decidir libremente su estructura interna, cuando el obligado a garantizar estos derechos es, irónicamente, el Estado.

En segundo lugar, las altas exigencias que derivan de esta regulación implican un desembolso considerable de recursos por parte los establecimientos. Pese a que la ausencia absoluta de financiamiento para apoyar a los colegios en la implementación de esta normativa fue una crítica constante a lo largo de toda su tramitación, el Ejecutivo -convenientemente- omitió su provisión.

Las conclusiones al respecto son claras. Para abordar la crisis de convivencia escolar se tendría que haber desarrollado una ley que robusteciera la autoridad pedagógica de los  profesionales de la educación; que otorgara herramientas eficaces para abordar los conflictos al interior de las escuelas; que entregara a los establecimientos un financiamiento adecuado para implementar medidas efectivas para revertir el deterioro de la convivencia; que fortaleciera el rol de las familias en la educación de sus hijos; y que disminuyera la alta carga administrativa a la que se encuentran sometidos los equipos directivos y docentes, para que puedan enfocar su labor a las funciones que les son propias: educar y formar a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Esto, a todas luces, perjudica a las escuelas, y cuando pierde la educación, pierde Chile.