Opinión
2026, el primer año de Kast: una hipótesis plausible
La interrogante fundamental no es si el gobierno será fuerte o débil, sino si logrará convertir la autoridad reclamada en autoridad reconocida, es decir, si logrará el necesario equilibrio entre poder legal y poder legítimo. La respuesta está en la forma en que el conflicto es gestionado.
El primer año de Gobierno de José Antonio Kast aún no existe en la línea de tiempo, pertenece al futuro inmediato, por lo tanto, lo que en rigor corresponde realizar ante el problema planteado, es reflexionar en torno a una hipótesis de ejercicio y gestión del poder.
Se trata entonces, de interrogarse acerca de la relación existente entre un proyecto político de derecha radical, el Estado chileno contemporáneo y las condiciones de legitimidad, que harían posible o inviable su gobierno.
De acuerdo con la teoría weberiana del poder, el gobierno no solo debe ser legal, es decir, no solo basta con detentarlo sino, debe ser legítimo, es decir, que sea aceptado, reconocido y legitimado por el pueblo. Desde esta perspectiva el primer año de gobierno es críticamente crucial, por cuanto es el tiempo de probar la capacidad, por parte del gobierno, de transformar una autoridad legalizada democráticamente a través del voto en una autoridad efectivamente reconocida como legítimamente aceptada por la ciudadanía. Es la confrontación definitiva entre poder legal y poder legítimo.
El liderazgo de Kast fue construido en base a una retórica asentada en el orden, la soberanía y la restauración moral, sobre la gestión de un gobierno de emergencia, ante la supuesta evidencia de un Estado que se desmorona en lo social, en lo político, en lo cultural y en lo económico, producto de la gestión del gobierno saliente. Su apelación a una autoridad fuerte responde a una demanda social real frente a la fragmentación, la inseguridad y la desconfianza institucional. Sin embargo, como advierte Weber, la dominación carismática o identitaria enfrenta un problema central al llegar al gobierno: debe responder a la rutina del Estado o fracasar.
Durante el primer año de gobierno esta tensión es inevitable. A la inversa de promover grandes reformas estructurales, el gobierno podría derivar a la promoción de gestos simbólicos de gran visibilidad, políticas de seguridad, migración, educación y cultura, ideadas tanto para gobernar como para asentar una identidad política ante su base de apoyo. En este caso, el riesgo consiste en que estos gestos refuercen la polarización produciendo un caldo de cultivo para la desestabilización y la ingobernabilidad.
Desde una perspectiva institucional, entre los múltiples impedimentos y dificultades que podría enfrentar el nuevo gobierno, el principal es la ausencia de hegemonía legislativa al no contar con una mayoría parlamentaria deseable. El sistema político en Chile es presidencia con la particularidad actual de un Congreso fragmentado, en este escenario, el ejecutivo estaría obligado a negociar o a confrontar, y ambas estrategias tienen costos a corto plazo.
El Estado chileno, por su parte, se enmarca en el contexto de una racionalidad burocrática consolidada. Desde esta perspectiva, Weber plantea que la burocracia moderna funciona de acuerdo con regla, procedimientos y competencias técnicas que resisten decisiones puramente voluntaristas. Entonces, un proyecto que privilegia la decisión política por sobre la mediación institucional enfrentaría aquí un límite estructural.
En el primer año, esta situación podría traducirse en una doble deriva: una radicalización discursiva que buscaría compensar la falta de ejecución efectiva, o una moderación forzada que erosionaría la coherencia simbólica del proyecto original.
Uno de los cimientos fundamentales del proyecto de Kast es el compromiso de restablecer el orden. No obstante, sociológicamente, el orden no sobreviene por decreto, se construye mediante reconocimiento. En una sociedad como la chilena, marcada por una gran movilización reciente, y en un tejido social caracterizado por la desconfianza hacia la autoridad, el intento de imponer orden sin consenso puede intensificar el conflicto.
La experiencia comparada muestra que los gobiernos de derecha radical no eliminan el conflicto social sino, lo desplazan. Las luchas, las controversias pasan a ser crisis de legitimidad, de autoridad y de límites del poder. El primer año, probablemente, sería un período de alta fricción social y simbólica.
A diferencia de otros contextos internacionales, el gobierno de Kast no tendría a su haber una hegemonía cultural amplia. Su apoyo electoral es significativo, pero minoritario desde el punto de vista cultural. Esto implica que su primer año no sería el inicio de una restauración duradera, sino una ensayo de gobierno bajo condiciones adversas.
Desde una lectura weberiana, el problema central no sería la falta de convicción, sino la dificultad de transformar una ética de la convicción en una ética de la responsabilidad, es decir, en una gestión gubernamental que asuma consecuencias, límites y negociaciones
El primer año de Gobierno de Kast no podría leerse ni como consolidación ni como fracaso definitivo. Sería, más bien, un año de prueba estructural, del proyecto político, de las instituciones y de la sociedad chilena.
La interrogante fundamental no es si el gobierno será fuerte o débil, sino si logrará convertir la autoridad reclamada en autoridad reconocida, es decir, si logrará el necesario equilibrio entre poder legal y poder legítimo. La respuesta está en la forma en que el conflicto es gestionado.
Ese resultado, inevitablemente, quedará abierto.
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