El derecho como frontera del poder: una lección incómoda de Corea del Sur

Recientemente el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol recibió una condena a cadena perpetua por liderar una insurrección en 2024. Y, mientras la literatura comparada de la última década se ha concentrado —con buenas razones— en las muertes lentas de la democracia, el caso de Yoon nos devuelve a una brutalidad que muchos creían archivada: el intento de quiebre frontal desde el vértice del poder.

La sentencia no solo castiga a un hombre; la capacidad de un régimen democrático para activar mecanismos de autodefensa frente a quien, paradójicamente, encarnaba su máxima magistratura. Durante años, el consenso académico popularizado por Levitsky y Ziblatt instaló la idea de que los golpes de Estado clásicos pertenecían al pasado. El libreto del siglo XXI parecía moverse en otra dirección: erosión gradual, captura institucional progresiva y un populismo plebiscitario que vacía las reglas desde dentro. Lo ocurrido en diciembre de 2024 en Corea del Sur —un intento de ley marcial carente de justificación fáctica— introduce un matiz incómodo en ese diagnóstico.

El episodio demuestra que, incluso en democracias consolidadas y tecnológicamente sofisticadas, la pulsión autocrática puede abandonar el gradualismo y recurrir a la coerción abierta del Estado. La estabilidad democrática, vista desde Seúl, aparece menos como un estado permanente de equilibrio y más como una arquitectura que debe ser permanentemente vigilada, sobre todo cuando los controles deben activarse contra quien ocupa la cúspide del poder.

La defensa de Yoon —y de tantos liderazgos contemporáneos con impulsos similares— suele apoyarse en la legitimidad de origen: “¿Cómo puede ser ilegal lo que dispone un presidente que representa la soberanía popular?“; y ante este susurro de autoritarismo moderno, la respuesta de la justicia coreana ha sido clara: la legitimidad electoral es un mandato para gobernar dentro del derecho, no un salvoconducto para subvertirlo.

En una época donde la retórica mayoritaria se invoca con frecuencia para presionar a los contrapesos institucionales, Corea del Sur envía una señal que merece atención comparada: el derecho debe operar como frontera efectiva del poder. El sistema reaccionó con la temporalidad propia de los procedimientos judiciales, procesando y sancionando la urgencia disruptiva del Ejecutivo sin ceder a la presión del momento.

Para que una democracia pueda llevar a su propio jefe de Estado hasta una condena de esta magnitud, la voluntad política resulta insuficiente. Se requiere una infraestructura institucional que en América Latina suele darse por supuesta, pero que rara vez alcanza plena madurez. Al menos tres condiciones ayudan a entender el desenlace surcoreano:

Primero, una independencia judicial efectiva. No basta la ausencia formal de presiones; se necesita una autoridad epistémica capaz de contradecir al poder político sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. Cuando el Poder Judicial pierde esa posición de árbitro último de la verdad jurídica, el terreno queda disponible para la narrativa del actor más fuerte.

Segundo, un consenso básico sobre las reglas del juego. En la coyuntura crítica, las élites políticas y militares surcoreanas privilegiaron la lealtad constitucional por sobre la adhesión personal al liderazgo de turno. Ese umbral de contención rara vez es automático, sin embargo, evidencia una cultura ciudadana e institucional.

Tercero, capacidad estatal para operar bajo polarización. La experiencia comparada muestra que la polarización afectiva suele filtrarse en el funcionamiento burocrático. En este caso, tanto el funcionariado como la magistratura mantuvieron criterios técnicos incluso bajo alta tensión política.

El espejo deformante de América Latina

Al observar la experiencia coreana desde el Cono Sur, el contraste es inevitable y, para ser honestos, inquietante. La trayectoria institucional latinoamericana está plagada de “zonas grises“; hemos desarrollado una tolerancia peligrosa al hiperpresidencialismo y a la politización de las cortes.

Mientras en Seúl la respuesta fue un cierre institucional definitivo que llevó al responsable a una celda de por vida, en nuestra región solemos ver procesos que se dilatan hasta la prescripción, indultos que se negocian en las sombras de los palacios o

tribunales que se pliegan al color del gobierno vigente. La pregunta que este caso nos lanza a la cara es si nuestras instituciones poseen realmente esa densidad. La arquitectura institucional chilena, por ejemplo, ha dado muestras de resiliencia en crisis pasadas, pero la creciente erosión de la confianza en las instituciones judiciales y la fragmentación política sugieren que el entramado de defensa podría estar más debilitado de lo que admiten los discursos de las élites. La condena a Yoon es un espejo donde nos vemos reflejados, no por la similitud de los hechos, sino por la abismante disparidad en la capacidad de acción y sanción.

Y, aunque existe una premisa extendida de que la estabilidad democrática depende principalmente de la “cultura política” o de la moderación de las élites, así como sin subestimar la importancia de los valores ciudadanos, la evidencia coreana sugiere que la variable crítica es la arquitectura institucional y su capacidad de activarse bajo crisis o transiciones críticas.

La cultura puede fallar —como falló en el entorno inmediato de Yoon—, pero si los cables de seguridad del elevador institucional están bien instalados y mantenidos, la caída se detiene antes del impacto total. La democracia sí se debilita cuando la gente deja de creer en ella; pero también se debilita cuando las instituciones pierden la capacidad técnica y legal de nombrar la ruptura como tal y actuar en consecuencia. El caso surcoreano nos ofrece una advertencia vital: las democracias que sobreviven no son aquellas que no enfrentan amenazas internas, sino aquellas que tienen la fortaleza de sancionarlas con toda la severidad de la ley, sin importar cuán alto sea el cargo del infractor ni cuántos votos haya obtenido en las urnas.

Si Corea del Sur, con toda su carga histórica de autoritarismo y tensión bélica, fue capaz de procesar penalmente la traición de su propio presidente sin que el Estado se desmoronara en el intento, cabe preguntarse: ¿están las democracias latinoamericanas diseñadas para defenderse del poder, o simplemente para administrar su impunidad? Y más importante aún ¿cuántas veces hemos confundido la “estabilidad” de nuestros países con la simple incapacidad de nuestras instituciones para sentar en el banquillo a quienes juraron protegerlas?

¹ Investigador. Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello – Extensión Guayana, Venezuela. Magíster en Relaciones Internacionales – PUCV. Actual estudiante del Doctorado en Procesos e Instituciones Políticas, UAI