Cuando proteger limita: el veto que reabre el debate sobre la vejez en Chile

El veto presidencial a la Ley Integral de Personas Mayores ha reabierto un debate que va mucho más allá de una discusión técnica. No se trata solo de artículos específicos ni de ajustes legislativos de última hora. Lo que está en juego es cómo entendemos la vejez en una sociedad que envejece aceleradamente: si como un espacio de autonomía y participación, o como una etapa que debe ser protegida, incluso a costa de limitar esa autonomía.

La ley, aprobada por unanimidad tras años de tramitación, representaba un avance relevante. No era perfecta, pero marcaba un cambio de enfoque: reconocer a las personas mayores como sujetos de derechos, no solo como destinatarios de políticas asistenciales. En ese contexto, el veto a disposiciones vinculadas al trabajo en la vejez introduce una tensión que no es menor.

El argumento del Ejecutivo apunta a evitar eventuales formas de precarización laboral o condiciones desiguales. Es una preocupación legítima. Nadie podría defender que, en nombre de la flexibilidad, se abran espacios de abuso o desprotección. Sin embargo, el punto es otro: cuando la protección se construye desde la desconfianza, corre el riesgo de transformarse en una forma de exclusión.

Porque el mensaje implícito puede ser problemático. Que las personas mayores deben ser resguardadas incluso de sus propias decisiones. Que su participación en el mundo del trabajo es una zona de riesgo más que una oportunidad. Y ahí aparece una forma más sutil de discriminación: el edadismo institucional, aquel que no se expresa en discursos explícitos, sino en políticas que limitan la autonomía bajo la lógica del cuidado.

Pero hay un elemento que ha pasado casi inadvertido en esta discusión, y que resulta particularmente inquietante: la ausencia de una voz clara desde la institucionalidad especializada en envejecimiento. En un debate que toca el corazón de la política pública en la materia, el silencio —o la falta de una postura explícita— del Servicio Nacional del Adulto Mayor no es neutro. Por el contrario, dice mucho.

Dice, en primer lugar, que aún no existe una definición robusta y visible sobre qué tipo de envejecimiento quiere promover el Estado. ¿Un envejecimiento activo, con participación económica y social, o un enfoque centrado en la protección y la contención del riesgo? La ausencia de una postura clara en un tema tan sustantivo refleja una institucionalidad que no logra liderar el debate ni orientar las decisiones que otros sectores terminan tomando.

Dice también que el envejecimiento sigue siendo una política subordinada, fragmentada, sin capacidad de incidir de manera efectiva en ámbitos clave como el trabajo, la salud o el desarrollo social. Porque cuando las decisiones se toman sin una voz técnica y política fuerte desde el sector, lo que se evidencia es una debilidad estructural de gobernanza.

Y dice, finalmente, que seguimos sin un marco estratégico coherente que articule los distintos componentes de la política de envejecimiento. Porque si existiera una hoja de ruta clara —con definiciones sobre autonomía, cuidados, participación y derechos—, este tipo de tensiones no se resolvería de manera reactiva, sino en coherencia con un proyecto país.

El problema es que este debate se está dando de manera parcial. Si la preocupación es la debilidad del proyecto, entonces resulta difícil entender por qué el foco se pone en el trabajo y no en otras fragilidades mucho más estructurales. La ley presenta vacíos relevantes en financiamiento, en la articulación de un sistema de cuidados, en la gobernanza intersectorial y en la capacidad de los territorios para responder a una vejez diversa y heterogénea. Son esas las dimensiones donde hoy se juega, en la práctica, la posibilidad de una vejez digna.

Chile enfrenta un cambio demográfico profundo. En pocos años, las personas mayores serán un tercio de la población. Sin embargo, seguimos abordando este proceso con instrumentos fragmentados y con una mirada que oscila entre el asistencialismo y la regulación, sin lograr consolidar un modelo que combine autonomía, cuidados y participación.

El riesgo es evidente. Avanzar en el reconocimiento de derechos en el papel, pero sin construir las condiciones para ejercerlos en la realidad. Regular aspectos específicos, pero sin resolver la ausencia de un sistema de apoyos robusto. Proteger, pero sin habilitar.

Por eso, más que cerrar la discusión en la controversia del veto, este episodio debiese ser una señal de alerta. No solo respecto de los límites de esta ley, sino sobre la forma en que el Estado está enfrentando el envejecimiento. Porque el desafío no es solo evitar abusos, sino también generar oportunidades. No es solo proteger, sino confiar.

Tal vez este tropiezo legislativo pueda transformarse en una oportunidad. Una oportunidad para reconocer que, aunque la ley constituye un avance, sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del cambio demográfico. Y, sobre todo, para que el próximo gobierno asuma el desafío con mayor ambición: fortaleciendo el financiamiento, consolidando un sistema de cuidados, articulando la acción pública en los territorios y promoviendo una participación activa de las personas mayores en la vida social y económica.

Chile no puede seguir postergando este debate. Porque en una sociedad que envejece, la vejez no es un tema sectorial. Es un eje estructural del desarrollo.

Y en ese camino, el mayor riesgo no es equivocarse en una norma. El mayor riesgo es seguir diseñando políticas desde la desconfianza hacia quienes, lejos de ser una carga, pueden ser parte fundamental de la solución.