Opinión
Más allá del mínimo legal: el desafío ético que deja la tragedia del camión de Gasco
La ley establece un piso mínimo. La ética, especialmente frente a tragedias de esta magnitud, suele exigir ir más allá.
El reciente accidente protagonizado por un camión de la compañía, que dejó personas fallecidas y otras en estado crítico, reabre el debate sobre si el cumplimiento formal de la ley es suficiente frente a un impacto humano de esta magnitud.
La tragedia ocurrida esta semana, que enluta a varias familias y mantiene a otras en profunda incertidumbre, vuelve a instalar una discusión que trasciende lo estrictamente jurídico: ¿es suficiente cumplir el mínimo legal cuando las consecuencias humanas son irreparables?
El vehículo involucrado mantenía vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), instrumento que contempla una indemnización de hasta 300 UF en caso de fallecimiento. Desde el punto de vista normativo, aquello representa cumplimiento formal de la legislación vigente al momento del siniestro.
Sin embargo, Chile avanzó recientemente con la entrada en vigor de la denominada Ley Jacinta, que elevó la cobertura por fallecimiento a 600 UF. Esta modificación surgió del reconocimiento de que el monto anterior resultaba insuficiente frente al impacto real que significa la pérdida de una vida en un accidente de tránsito.
En este contexto, más allá de las eventuales responsabilidades civiles o penales que determinen los tribunales —y que son independientes del seguro obligatorio—, se abre también una dimensión ética y social que interpela a las empresas cuando enfrentan hechos de alto impacto público.
Cubrir voluntariamente las 300 UF adicionales por cada persona fallecida no sustituye futuras indemnizaciones ni limita acciones judiciales, pero sí representaría una señal concreta de responsabilidad social y empatía, entregando apoyo inmediato a familias que hoy enfrentan no solo el dolor de la pérdida, sino también una compleja incertidumbre económica.
La discusión no se agota en lo legal. En un escenario donde la ciudadanía exige mayores estándares de conducta corporativa, las decisiones que adoptan las empresas en momentos de crisis pueden marcar la diferencia entre el cumplimiento formal y un compromiso efectivo con las personas afectadas.
La ley establece un piso mínimo. La ética, especialmente frente a tragedias de esta magnitud, suele exigir ir más allá.
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