El reformismo frustrado de Gabriel Boric

El Gobierno de Gabriel Boric es un ciclo político cerrado. Su administración no puede entenderse como una más. Fue la expresión institucional del momento abierto en octubre de 2019 y, al mismo tiempo, su clausura. Intentó inaugurar un ciclo reformista estructural y terminó administrando una normalización incremental. Fue, en ese sentido, un reformismo frustrado.

El error primario fue de diagnóstico sociopolítico. El 78% del plebiscito de 2020 fue interpretado como la consolidación de una mayoría transformadora estable. Sin embargo, esa mayoría era heterogénea y circunstancial, que expresaba rechazo al orden heredado, pero no necesariamente consenso sobre una refundación estructural. Se confundió castigo al statu quo con mandato programático profundo. Ese desajuste inicial condicionó todo lo que vino después.

La nueva Constitución fue concebida como el marco habilitante para desplegar el programa redistributivo y de ampliación de derechos. La secuencia estratégica fue coherente con ese diagnóstico, pero cuando el plebiscito de 2022 rechazó la propuesta constitucional no solo se cerró una etapa institucional: quedó en evidencia que la base social del reformismo era más frágil de lo asumido.

A ello se sumó una correlación de fuerzas poco favorable desde el inicio: minoría parlamentaria, Senado adverso, poder económico intacto y un contexto internacional inflacionario. No fue que la sociedad demandara cambios profundos y las instituciones los bloquearan mecánicamente. Fue que el consenso transformador nunca alcanzó densidad estructural suficiente para imponerse en ese terreno institucional.

El clima político mutó rápidamente. El eje dejó de ser cambio versus continuidad y pasó a orden versus incertidumbre. Inflación, crisis de seguridad y fatiga pospandemia reconfiguraron prioridades. En ese escenario, el Gobierno no solo sufrió el desplazamiento, sino que terminó gobernando bajo el marco conceptual de sus adversarios: Estados de excepción prolongados, aprobación de la Ley Naín-Retamal, endurecimiento discursivo en seguridad.

Ahí se produjo una fractura identitaria. El sector que llegó al poder con una narrativa de ampliación de derechos y crítica a la lógica de seguridad terminó validando instrumentos que antes cuestionaba. El reformismo frustrado no dolió solo por sus límites materiales, sino porque tensionó la identidad política de su base original.

La derecha no fue simplemente beneficiaria del contexto. Logró instalar la inseguridad como problema totalizador y reordenar el debate público en torno a estabilidad y control. Fue una disputa hegemónica exitosa que desplazó del centro la agenda redistributiva.

El reajuste, además, fue interno. Apruebo Dignidad no gobernó solo. Tras el Rechazo, el Socialismo Democrático, heredero de la tradición concertacionista, pasó de aliado necesario a soporte estabilizador. Aquella generación que había llegado con distancia crítica hacia el pasado terminó recurriendo a su experiencia para sostener gobernabilidad. No fue solo aritmética parlamentaria: fue un cambio de equilibrio político e ideológico dentro de la coalición.

También operó un aprendizaje forzoso. El núcleo dirigente del Frente Amplio tenía escasa experiencia en gestión estatal a gran escala. Gobernar demostró ser distinto a movilizar. Parte de la moderación no fue solo decisión estratégica, sino comprensión práctica de los límites administrativos, técnicos y políticos del Estado. El reformismo frustrado también es el reformismo que descubre las inercias institucionales una vez dentro.

Ante la evidencia de que el horizonte transformador no contaba con mayoría estructural, Boric optó por moderar antes que escalar el conflicto. Pudo tensionar la institucionalidad, pero eligió preservarla; y no fue simplemente arrastrado por la realidad, ya que decidió administrar el límite.

En términos de gobernabilidad, el balance no es menor. Se evitó una crisis institucional mayor tras el Rechazo, se estabilizó la economía y se aprobaron reformas relevantes como la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo y el copago cero en salud, pero esas conquistas operaron más como reformas incrementales que como hitos fundacionales de un nuevo ciclo.

En retrospectiva, el Gobierno recién terminado aparece como un momento de transición. Cerró el ciclo del estallido reconduciéndolo por cauces institucionales, pero al costo de reducir su ambición original. El reformismo tuvo legitimidad simbólica, sin embargo, no logró construir una mayoría social estructural ni correlación de fuerzas equivalente.

La pregunta que deja este ciclo no es solo si el reformismo fracasó, sino si la izquierda chilena puede reconstruir una mayoría transformadora que no dependa de momentos reactivos ni de impulsos generacionales, sino de una base social sólida y sostenida en el tiempo.

Porque todo reformismo que no logre articular mayoría estructural y poder material termina, tarde o temprano, convertido en administración.