Transparencia para recuperar la confianza y la integridad, un desafío para el próximo gobierno

Chile no ha logrado recuperar los niveles que sostuvo durante años en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional. Con 63 puntos sobre 100, el país se ubica en el puesto 31 entre 182 naciones evaluadas y mantiene una posición comparativamente favorable en la región. Sin embargo, el puntaje actual se sitúa por debajo del estándar que Chile alcanzó hace una década, lo que confirma una trayectoria descendente en materia de transparencia y percepción de integridad institucional.

En un contexto donde el promedio global ha caído a un mínimo de 42 puntos, este reporte vuelve a instalar una pregunta que el país debe enfrentar: ¿qué estamos haciendo para prevenir, detectar y corregir prácticas que afectan la confianza pública?

El resultado exige una revisión de fondo. La corrupción y las malas prácticas parecen tener capturados espacios relevantes del país y, en cada década, muestran peores resultados, sin mediar una solución de fondo a esta tendencia que parece no cambiar.

En los últimos años se han evidenciado debilidades en mecanismos de asignación de recursos públicos, en la gestión de conflictos de intereses y en sistemas de control internos en el mundo público y en algunos casos en el sector privado. El efecto acumulado incide en la confianza institucional y en la percepción sobre el funcionamiento de las reglas.

La respuesta requiere fortalecer la arquitectura institucional. La fortaleza del sistema depende de controles estables, mecanismos de supervisión permanentes y reglas aplicadas de manera consistente. En ese contexto, la transparencia se expresa en controles efectivos, información trazable y rendición de cuentas con independencia frente a cualquier interés particular. Revisar y fortalecer los mecanismos de prevención forma parte de esa tarea.

La trazabilidad de la información permite reducir espacios de discrecionalidad. El monitoreo en tiempo real y el uso adecuado de herramientas digitales fortalecen la supervisión y permiten detectar desviaciones de manera temprana.

En el sector público, ello implica reforzar los sistemas de control interno de los procesos críticos, como por ejemplo las áreas de compras, la contratación de personal, las asesorías externas, la trazabilidad del gasto, la gestión de conflictos de intereses y la supervisión independiente. El punto es quién se hará cargo de esto. Es un buen desafío para el próximo Gobierno.

Desde la experiencia de la auditoría externa, existen ámbitos concretos de mejora: integrar la gestión de riesgos de fraude en la agenda del directorio y asegurar autonomía real de las auditorías con reporte directo a los órganos superiores. Estos estándares requieren aplicación continua y coherente; una auditoría a los sistemas de control interno, siempre agrega valor.

Finalmente, debemos entender que la impunidad es el mayor incentivo para la corrupción. Cuando los actos corruptos ocurren, las sanciones deben ser severas y ejemplificadoras para minimizar cualquier riesgo. Si la norma es débil, parece ser fácil delinquir, los procesos duran años y muchos terminan sin sanciones o prescritos.

El Índice de Percepción de la Corrupción funciona como referencia comparativa y como señal de alerta. Chile enfrenta un momento decisivo: recuperar su posición de liderazgo en integridad solo será posible si la transparencia, la confianza y la independencia institucional se transforman en principios intransables para el desarrollo de nuestra sociedad.