Chile estrena el orden: lo que nadie pregunta sobre el gobierno de Kast

Chile tiene nuevo presidente. Y con él, una palabra que ya ocupa cada rincón del discurso oficial: emergencia. José Antonio Kast asumió el 11 de marzo prometiendo un “gobierno de emergencia” —lo dijo en campaña, lo repitió en el balcón de La Moneda, lo grabó en decretos— como si la mera reiteración del término tuviera poderes curativos sobre un país al que describió, con dramática solemnidad, como entregado “en peores condiciones de las que podíamos imaginar”. El diagnóstico era conveniente. Lo que nadie preguntó fue si el remedio propuesto tenía algo que ver con la enfermedad.

¿Qué es exactamente un gobierno de emergencia? Kast se apuró en aclararlo: “No es un eslogan. Es orden donde hay caos. Es alivio donde hay dolor. Es mano firme donde hay impunidad”. Hermosa retórica. El problema es que la retórica, cuando se sustituye por política, suele dejar un rastro de promesas incumplidas y ciudadanos defraudados. Y las primeras horas del nuevo gobierno ya ofrecieron algunas señales reveladoras sobre el abismo que separa el discurso de la gestión.

Mientras Kast firmaba decretos con gestos de estadista fundacional —”Escudo Fronterizo”, auditorías al gasto de Boric, comisionados militares para el norte— en varias provincias del país no había nadie a quien entregar el mando. En Malleco, en Biobío, en Osorno, los delegados presidenciales salientes se encontraron frente a sillas vacías. El gobierno de emergencia comenzó sin autoridades en territorio. Tres meses de transición y no alcanzó el tiempo para nombrar a quienes debían ejercer el poder local. El Partido Socialista lo dijo sin eufemismos: “irresponsabilidad”. Difícil llevarles la contraria.

Pero seamos justos con el análisis. Nadie debería sorprenderse demasiado. La derecha chilena lleva décadas construyendo su relato sobre la crisis del Estado, el desorden público y el abandono ciudadano. Lo hace con convicción genuina en algunos casos, con cálculo electoral en otros. Kast no inventó el miedo a la delincuencia ni fabricó los índices de preocupación ciudadana por la migración irregular. Los aprovechó, los amplificó y los convirtió en combustible político. Lo hizo bien. Ganó con el 58% en segunda vuelta. La democracia habló.

Lo que merece escrutinio no es el resultado electoral sino la arquitectura del poder que se inaugura. Un gabinete compuesto mayoritariamente por figuras sin experiencia política, vinculadas al sector privado y a la academia, no es en sí mismo un defecto. Puede ser una apuesta de renovación, pero también puede ser una apuesta de fragilidad institucional cuando los desafíos son de magnitud real y los márgenes de error son estrechos. La inexperiencia no es virtud cuando el Estado requiere ser conducido, no administrado.

El primer acto simbólico de la jornada fue revelador. Kast eligió como interlocutores internacionales privilegiados a Javier Milei y al rey Felipe VI. Dos mundos. Uno encarna el experimento desregulador más radical de la región, con resultados todavía en disputa. El otro, representa la estabilidad monárquica europea que nada tiene que ver con los dilemas de una economía emergente latinoamericana. La coincidencia no es inocua: define un imaginario de pertenencia antes que una agenda de política real.

Y está, por supuesto, el fetiche de la frontera. Las zanjas, los muros, el Ejército desplegado en el norte. La imagen que Kast quiere instalar —un Estado que defiende su territorio— tiene rédito político evidente, en un contexto de fatiga ciudadana con la migración irregular, pero hay preguntas que nadie en el oficialismo se hace en voz alta. ¿A qué costo fiscal? ¿Con qué impacto en la política exterior regional? ¿Con qué consecuencias humanitarias para poblaciones vulnerables atrapadas entre fronteras militarizadas? La mano firme es fácil de fotografiar. Las complejidades que genera no salen en el encuadre.

Juan Linz advertía que los regímenes autoritarios no siempre irrumpen con botas sino con promesas de orden ante el caos. No se trata aquí de equiparar a Kast con ningún autoritarismo —sería impreciso y deshonesto— sino de recordar que el lenguaje de la emergencia tiene una genealogía política que conviene no ignorar. Los estados de excepción conceptuales —aunque no formales— generan sus propias dinámicas: concentración de decisiones, reducción del debate, impaciencia con los contrapesos. Chile tiene instituciones sólidas. La pregunta es cuánta presión pueden absorber.

Lo que Chile inauguró el 11 de marzo no es solo un nuevo gobierno. Es un experimento político sobre si la promesa del orden puede sostenerse sin desmantelar los equilibrios que hacen posible la convivencia democrática. El “gobierno de emergencia” puede ser muchas cosas. Puede ser eficaz, puede ser fallido, puede ser ambas cosas al mismo tiempo, en distintos frentes. Lo que no puede ser es eterno. Las emergencias tienen plazo. Y cuando el plazo vence, lo que queda es la política ordinaria, con sus limitaciones, sus negociaciones y sus frustraciones. Para entonces, habrá que ver si el mesianismo del orden sobrevive al contacto con la realidad.