Justicia educacional como tarea de Estado

Cada ciclo político abre la posibilidad de redefinir prioridades y orientar las políticas públicas hacia objetivos que debieran tender, cada vez con mayor claridad, hacia la justicia educativa. Hablar de justicia educacional supone, en primer lugar, entender la educación como un derecho que es provisto por el Estado. Supone también comprender que educar no se restringe a la transmisión de conocimientos, sino que constituye una práctica social donde se producen, y potencialmente se transforman, las desigualdades sociales y culturales.

Para avanzar en esa dirección, es necesario reconocer que las brechas que persisten en dimensiones como el rendimiento académico, el acceso, las oportunidades o los recursos no son el resultado del esfuerzo individual de los y las estudiantes. Más bien, responden a trayectorias educativas profundamente marcadas por diferencias estructurales que, muchas veces, se dan por sentadas: el nivel socioeconómico, el género, la nacionalidad o la discapacidad, entre otras. En otras palabras, las brechas que año a año se reportan no son accidentales; responden a estructuras históricas que, si no se enfrentan explícitamente mediante políticas y prácticas educativas, se replican y naturalizan generación tras generación.

En este contexto, es importante reconocer que el sistema educativo chileno ha dado pasos relevantes en las últimas décadas para enfrentar algunas de estas desigualdades. La Subvención Escolar Preferencial destinó mayores recursos a estudiantes en contextos vulnerados; la Ley de Inclusión Escolar prohibió el lucro, eliminó la selección y puso fin al copago en establecimientos con financiamiento público; y el Sistema de Educación Pública inició el proceso de desmunicipalización de las escuelas a través de los Servicios Locales de Educación. Estas reformas han buscado corregir desigualdades históricas que han marcado profundamente nuestro sistema educativo y han contribuido a fortalecer la idea de la educación como un bien público. Mantener y profundizar esta senda resulta fundamental para que la educación, entendida como un deber del Estado, pueda responder efectivamente a las necesidades de toda la sociedad.

Sin embargo, la experiencia de las últimas décadas también muestra lo difícil que resulta sostener de manera consistente la aspiración de una educación pública y de calidad para todos. Con frecuencia, el debate educativo ha tendido a concentrarse en indicadores de rendimiento, reformas normativas o ajustes institucionales que, aunque relevantes, no han logrado alterar de manera sustantiva las desigualdades estructurales que atraviesan el sistema escolar. Como consecuencia, las brechas educativas persisten y continúan reflejando diferencias sociales, territoriales y culturales que el sistema aún no logra transformar.

Por ello, el desafío del nuevo ciclo político no es únicamente perfeccionar el sistema existente. Implica avanzar hacia políticas capaces de transformar las condiciones que generan desigualdad, fortalecer de manera decidida la educación pública y reconocer que la educación no puede reducirse a un servicio cuya continuidad depende exclusivamente del financiamiento disponible. La educación es, ante todo, un deber del Estado y un derecho de la sociedad.