Opinión
Representación transversal del recinto y la montura del Giant Magellan Telescope en el Observatorio Las Campanas en Chile. Créditos de la imagen: IDOM / Giant Magellan Telescope – GMTO Corporation.
Chile y sus cielos
Los proyectos astronómicos representan una industria de billones de dólares y aún estamos a tiempo de generar un marco regulatorio que permita certezas, con normas claras que den sustento a la coexistencia entre desarrollo industrial y el respeto a las zonas astronómicas.
Cuando enciendes el GPS de tu teléfono, cuando un médico revisa una imagen de resonancia, cuando un avión aterriza guiado por satélite, estás usando tecnología cuyo origen, en buena parte, se remonta a los desafíos planteados por la exploración del universo. Chile posee la mayor concentración de capacidad astronómica del planeta. Y ese activo, en apariencia tan distante, tiene más que ver con la vida cotidiana de lo que parece.
Hace unos días se celebró el día de la Astronomía y cabe recordar que nuestro país concentra hoy cerca del 40% de la capacidad mundial de observación astronómica, cifra que podría superar el 60% hacia comienzos de la próxima década, cuando comience a operar la nueva generación de telescopios extremadamente grandes, entre ellos el Telescopio Magallanes Gigante, en el desierto de Atacama. Este liderazgo no es casualidad: es el resultado de décadas de colaboración entre el Estado, la comunidad científica internacional y las instituciones académicas que han posicionado a Chile como referente mundial en astronomía.
Pero sostener esa posición exige más que seguir construyendo telescopios. Exige proteger las condiciones que los hacen posibles: los cielos oscuros y también los sitios donde esos instrumentos se instalan. La contaminación lumínica avanza. La presión sobre los territorios del norte crece. Proteger los cielos sin proteger el suelo donde se posan los telescopios es una tarea incompleta. Ambas dimensiones, la atmosférica y la territorial, son parte de la misma ecuación estratégica.
Este es un desafío que Chile debe abordar con la misma seriedad con que ha construido su reputación astronómica: con evidencia, con planificación de largo plazo y con una decisión deliberada de país. La norma lumínica, promulgada en 2023, es un paso concreto en la dirección correcta. Pero la normativa sola no basta si no se aplica con coherencia y si no se extiende la misma lógica de protección a los entornos donde operan los observatorios.
Los proyectos astronómicos representan una industria de billones de dólares y aún estamos a tiempo de generar un marco regulatorio que permita certezas, con normas claras que den sustento a la coexistencia entre desarrollo industrial y el respeto a las zonas astronómicas.
Cada fotón que no llega al detector porque fue bloqueado por luz artificial es una pregunta que no podremos hacerle al universo, incluida quizás la más trascendental de todas: si existe vida en otros planetas. Cuidar esos cielos y los sitios que los albergan no es un gesto romántico. Es una decisión de política científica con consecuencias reales para la capacidad de Chile de mantenerse en la frontera del conocimiento global.
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