Cómo una ranita se saltó la fila en Contraloría

El 17 de marzo de 2026, el gobierno del Presidente Kast retiró del trámite de toma de razón en Contraloría, 43 decretos sobre diversas materias medioambientales, entre ellos el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las Ranitas de Darwin. Si bien han sido varios los decretos retirados hasta la fecha, generando diversas polémicas, este fue el más ruidoso. Como tal, todo indica que se quiso hacer un gesto mediático: el gobierno optó por una “revisión exhaustiva” en menos de 24 horas para reingresar específicamente ese decreto. Hasta ahí, todo es una jugada política común, nada fuera de lo normal más allá de las legítimas críticas que podemos hacer a las decisiones del actual Ejecutivo en cuanto a su contenido.

Sin embargo, lo realmente preocupante vino después. El mismo día que se reingresó el decreto a Contraloría, esta le dio el visto bueno, tomando razón de su legalidad con una velocidad inédita para un acto que no fue declarado de urgencia por el Gobierno – declaración que permite revisar un acto extraordinariamente en menos de 5 días hábiles -. Así, el 19 de marzo, el órgano fiscalizador por excelencia anunciaba públicamente que la Ranita de Darwin ya contaba con su plan, autorizado y listo para su entrada en vigencia.

Es un final feliz para esa especie en particular, pero quienes observamos esta seguidilla de actos administrativos miramos con asombro la desfachatez con que se aprobó este asunto con prioridad por sobre otros que llevan más tiempo en la gran y oscura sala de espera. ¿Por qué la ranita pasó a ser la favorita de Contraloría? O, mejor dicho, ¿cuáles son los criterios del organismo para resolver algunos trámites más rápido que otros?

Si observamos los polémicos decretos retirados por el Ejecutivo este 2026, 28 de ellos llevaban esperando su revisión desde 2025, algunos desde 2024 e incluso uno desde 2023. Lo que nos hace preguntarnos: ¿por qué? Quizás era porque no trataban sobre la ranita de Darwin.

Parte de las respuestas las encontraríamos si existiera una estadística oficial sobre los tiempos de demora del órgano contralor para resolver las solicitudes que recibe. También podríamos quedar satisfechos si hubiera claridad sobre los criterios para determinar las prioridades a la hora de privilegiar el trámite de un decreto por sobre otro, sin importar el orden de ingreso. Pero lamentablemente, ninguno de esos datos existe.

Por el contrario, debemos cuestionarnos sobre la informalidad de los procesos internos con los que trabaja Contraloría: las conversaciones de pasillo y los telefonazos entre funcionarios de la entidad y autoridades de servicios públicos, subsecretarías, ministerios e incluso la Presidencia. Porque es ahí donde se cuecen las habas, donde se discuten los reparos a cada decreto y se deciden las poco definidas prioridades de turno.

En estas circunstancias, las dudas pueden escalar aún más. ¿Será responsabilidad de Contraloría que ciertos decretos en materias tan relevantes como medioambiente, energía o Derechos Humanos lleven meses e incluso años frenados?

Ahora, la pelota queda en la cancha del Congreso. Son los parlamentarios quienes tienen las herramientas para exigir estas respuestas al ente Contralor y además, crear los mecanismos constitucionales y legales que la obliguen a operar con criterios de transparencia dignos del siglo XXI.