El derecho a caminar: la deuda invisible de la rehabilitación visual en Chile

En Chile, perder la vista también puede significar perder el derecho a moverse con autonomía. Mientras el país avanza en discusiones sobre infraestructuras inteligentes y ciudades modernas, existe un grupo de ciudadanos para quienes cruzar la calle o llegar al trabajo sigue dependiendo de un aprendizaje que el Estado no garantiza: la Orientación y Movilidad (O&M).

La Orientación y Movilidad no es un complemento. Es la base de la autonomía.

La Ley 20.422 es clara en su papel, pero ambigua en su ejecución. En su artículo 14, reconoce la rehabilitación como un derecho esencial para desarrollar las habilidades físicas, cognitivas y sensoriales necesarias para la autonomía. Sin embargo, en la práctica, este mandato se diluye. Las cifras del reciente Censo 2024 son elocuentes: el 4,8% de la población —unas 847.000 personas— declara dificultades visuales severas. Si cruzamos esto con la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (Endide) 2022, la realidad es aún más cruda: de las 153.560 personas ciegas que residen en el país, apenas un 7,8% utiliza el bastón blanco, la herramienta básica de libertad.

No es una casualidad. Es una omisión estructural.

Hoy, el sistema de salud simplemente no reconoce la Orientación y Movilidad como una prestación esencial. No existe garantía de acceso, ni cobertura universal, ni una red pública que asegure este aprendizaje. Esto no solo contradice el espíritu de nuestra legislación, sino también el Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al Estado a garantizar el acceso al entorno físico y al transporte.

La “privatización” de la autonomía 

Históricamente, el Estado ha delegado la rehabilitación en la sociedad civil. Si una fundación no tiene fondos o no llega a tu ciudad, simplemente no aprendes a usar el bastón. A diferencia de una terapia física tras una fractura, la O&M no está codificada de manera robusta en las prestaciones de salud. Para Fonasa o las Isapres, esta formación técnica parece no existir, obligando a las organizaciones privadas a asumir una responsabilidad que es pública.

Esta “privatización de la autonomía” genera brechas territoriales insalvables. Mientras en la Región Metropolitana instituciones como Fundación Luz o Bibliociegos realizan esfuerzos titánicos, en regiones como Ñuble o La Araucanía —donde la prevalencia de la discapacidad alcanza el 15,3% y 13,3% respectivamente— encontrar un instructor es una odisea que solo se resuelve gracias al trabajo de organizaciones como Sofan o Coalivi, en el Gran Concepción. Pero fuera de estos nodos, el vacío es absoluto.

Una geografía de la exclusión 

En lo personal, conozco de cerca este privilegio territorial. Pude acceder a estas técnicas gracias a que en Viña del Mar conté con el trabajo del Instituto Vicente Mosquete y la Fundación Cemipre. Tener dos organizaciones especializadas en una misma comuna es una anomalía afortunada que no se repite en el resto del país. En zonas como Tarapacá, por ejemplo, no existe un solo lugar especializado en enseñar esta técnica vital.

El propio diseño del financiamiento público refuerza esta precariedad. Instrumentos como el Fonapi operan bajo la lógica de proyectos acotados, temporales y competitivos. Pero la autonomía de una persona no puede depender de si una organización gana o no un fondo. La movilidad no es un beneficio. Es un derecho habilitante para la educación, el trabajo y la participación social.

El desafío es avanzar hacia un modelo distinto: uno donde la rehabilitación visual sea una política pública permanente, integrada al sistema de salud y al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, con cobertura garantizada y una red de instructores a nivel país.

No basta con promover la inclusión. Hay que diseñarla, financiarla y sostenerla porque cuando el Estado no garantiza movilidad, lo que realmente limita no es la discapacidad: es el sistema y eso, en cualquier sociedad que aspire a la dignidad, ya no es aceptable.

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