El litio de cara a las elecciones

Durante su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric explicitó que con la Estrategia Nacional del Litio estaba creándose “un nuevo sueldo para Chile”. La metáfora, por décadas referida al cobre, da cuenta de una alta expectativa en torno al mineral.

A la espera de que los programas presidenciales se presenten de manera íntegra, esta misma expectativa genera un consenso transversal entre las principales candidaturas a la Presidencia. Razón por la cual, desde casi todos los sectores, se ha manifestado la intención de impulsar la expansión y el fortalecimiento de la industria del litio.

Este consenso, sin embargo, muestra diferencias de énfasis. Mientras Jara ha destacado más la necesidad de una importante participación estatal en la producción y la generación de rentas vinculadas al litio, las candidaturas de Kast y Matthei subrayan sobre todo la relevancia de incentivar la inversión privada en esta industria –y que el Estado gane, fundamentalmente, vía recaudación tributaria–. Todos, empero, están de acuerdo en lo imprescindible de generar condiciones de máxima certidumbre para los inversionistas.

En cuanto a áreas de disenso, probablemente la diferencia más sustantiva estriba en la definición jurídica del mineral. Kast y Matthei han defendido que el litio sea declarado concesible, mientras Jara propone mantener el carácter especial no concesible del mismo. La diferencia resulta crucial: la concesibilidad abre la puerta a la explotación a través de concesiones mineras otorgadas por tribunales, mientras que mantenerlo como no concesible preserva la posibilidad de que el Estado determine las condiciones bajo las cuales el recurso es explotado –condiciones que deben ser establecidas en un Contrato Especial de Operación del Litio, a celebrarse entre el Estado y un particular–.

La actual Estrategia Nacional del Litio establece objetivos que van más allá de la simple extracción: aumentar la participación estatal en las rentas, promover encadenamientos productivos e industriales, garantizar altos estándares ambientales y un relacionamiento respetuoso con las comunidades indígenas.

Si el litio fuera transformado en un mineral concesible, el Estado perdería gran parte de las herramientas para orientar esos objetivos, pues las concesiones mineras son derechos otorgados en sede judicial, que no pueden condicionarse a fines de política pública distintos a lo dispuesto en la ley. En otras palabras, la concesibilidad limita la capacidad de articular una política de desarrollo integral en torno al valioso mineral.

Como sea, las inversiones requieren de certeza regulatoria y predictibilidad, por lo que cabe esperar que los objetivos y avances de la actual Estrategia Nacional del Litio se mantengan como una política de Estado, gane quien gane en los próximos comicios.