La Comisión descartó de forma unánime la suspensión de cobros de aranceles, y por medio de indicaciones impulsadas por el oficialismo y la oposición, la reemplazaron por la obligación de que todas las instituciones tengan planes de apoyo para sus estudiantes.
El proyecto de ley que busca suspender el pago de aranceles en las instituciones de educación superior siguió su tramitación en la Cámara de Diputados. El miércoles, la Comisión de Educación de la Corporación despachó a Sala la iniciativa.
La Comisión descartó de forma unánime la suspensión de cobros de aranceles, y por medio de indicaciones impulsadas por el oficialismo y la oposición, la reemplazaron por la obligación de que todas las instituciones tengan planes de apoyo para sus estudiantes.
La nueva propuesta establece que las instituciones entregarán ayuda económica y académica a aquellos estudiantes cuya situación financiera se haya visto perjudicada.
También se aprobó una indicación que establece que las casas de estudios superior «no podrán aplicar sanciones por el incumplimiento del pago de arancel y derechos básicos de matrícula».
Además, el Ministerio de Educación deberá establecer un plazo para que los estudiantes que demuestren un menoscabo económico puedan postular a beneficios durante el segundo semestre. Ello, pese al rechazo del subsecretario de Educación Juan Eduardo Vargas.
«El Ministerio de Educación ya hizo un esfuerzo importante extendiendo, de manera extraordinaria, el plazo para la postulación a beneficios estudiantiles. Podrán, en el respectivo proceso de apelación, mostrar si es que su situación ha cambiado. Se nos está pidiendo un esfuerzo adicional, pero tiene un costo significativo que no está consignado en el presupuesto de 2020, del orden de 132 millones de dólares», dijo el subsecretario a Radio Biobío.
También se avanzó en que aquellos estudiantes que presenten problemas económicos debido a la pandemia de covid-19 puedan solicitar la suspensión del año académico.
Tras la aprobación en la Comisión, el proyecto será discutido en la Sala de la Cámara, donde se determinará si pasará o no la Comisión de Hacienda, considerando que la iniciativa genera un gasto superior a los 100 millones de dólares, el cual no estaba contemplado en el presupuesto.