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Senado anuncia investigación por caso licencias médicas y se suma al Ministerio Público y la Suprema
La Fiscalía Nacional y la Corte Suprema no están incluidos en el informe de Contraloría que reveló el uso de licencias médicas mientras funcionarios públicos salían del país, por lo que ordenaron investigaciones internas. La mesa del Senado se sumó a las indagatorias y anunció una investigación.
El revuelo que causó el informe de Contraloría que detectó que 25.078 funcionarios públicos salieron del país estando con licencia médica ha escalado, no solo en declaraciones, sino que ahora en investigaciones internas. Sin embargo, la revisión del organismo contralor no incluyó a organismos autónomos como el Poder Judicial y el Ministerio Público, por lo que ambas instituciones se plegaron a la fiscalización.
Este sábado, la mesa del Senado, integrada por su presidente Manuel José Ossandón (RN) y el vicepresidente Ricardo Lagos Weber (PPD), solicitarán una revisión exhaustiva del uso de licencias médicas por parte de funcionarios de la Corporación a fin de identificar irregularidades relacionadas con viajes fuera del país durante el uso de licencias médicas.
“Nos tomamos este tema con la máxima seriedad. Si existen funcionarios que usaron licencias médicas de forma fraudulenta para viajar al extranjero, vamos a actuar con firmeza porque entendemos que es una conducta ilegal y que no corresponde a la responsabilidad unidad que un funcionario público tiene con el país”, señaló Ossandón.
“No se trata solo de proteger recursos públicos, sino de cuidar la dignidad del servicio público. El que hace trampa, tiene que asumir las consecuencias”, agregó el vicepresidente Lagos Weber.
Ministerio Público y Poder Judicial también investigarán licencias médicas
Ya este viernes el Poder Judicial había anunciado que el pleno de la Corte Suprema instruyó que la unidad de Recursos Humanos de la Corporación Administrativa del organismo realizara un catastro de las licencias médicas de sus funcionarios, incluidos los jueces, de los últimos cinco años.
De acuerdo a información publicada por La Tercera, lo mismo ocurrirá con el Ministerio Público. El Fiscal Nacional también realizará su propia pesquisa interna con el fin de determinar si la situación dada a conocer por Contraloría se repite entre los funcionarios del ente persecutor.
