
Caso Democracia Viva: tribunal suspende cierre de investigación y retrotrae causa
La audiencia de juicio oral fue suspendida tras la nulidad decretada por la jueza María José Saavedra, quien retrotrajo la causa al 10 de septiembre de 2025. La reapertura inicial, aplicada a Daniel Andrade, debía extenderse a todos los imputados.
La audiencia de preparación de juicio oral del Caso Convenios en Antofagasta, que agrupa cuatro aristas de investigación —entre ellas el caso Democracia Viva—, fue nuevamente suspendida. La jueza del Juzgado de Garantía, María José Saavedra, acogió un recurso de nulidad presentado por varias defensas, retrotrayendo la causa al estado en que se encontraba el 10 de septiembre de 2025.
La decisión se debe a que la reapertura de la investigación, decretada inicialmente solo para el imputado Daniel Andrade —fundador de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez—, debía aplicarse a todos los involucrados según la ley. Saavedra subrayó que, al tratarse de una investigación unificada, los plazos y diligencias deben aplicarse de manera uniforme para garantizar el derecho a una defensa equitativa y evitar posibles nulidades.
El tribunal detalló que los recursos de nulidad y cautela de garantías fueron presentados entre el 15 y el 22 de septiembre por los imputados y sus defensores, incluyendo a Paz Fuica Contreras, Carlos Contreras Gutiérrez y Catalina Pérez Salinas. También fueron notificados el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, quienes evacuaron sus traslados para que la resolución se adoptara conforme a derecho.
La reapertura inicial de la investigación había sido solicitada por Andrade el 22 de agosto, tras considerar que se incorporó un hecho nuevo durante la audiencia de reformalización del 12 de agosto, cuando la Fiscalía ya había anunciado el cierre de la indagatoria. La jueza había autorizado entonces 45 días adicionales para diligencias, que incluyeron oficios al Servicio de Impuestos Internos, a la Municipalidad de Ñuñoa y a la 19a Notaría de Santiago.
El problema surgió porque estas medidas solo se aplicaron a Andrade, dejando fuera a los demás imputados, entre ellos la diputada Pérez, la exconcejal Paz Fuica y el exseremi Carlos Contreras, quienes enfrentan penas que suman hasta 35 años de cárcel por las otras aristas del caso. Dado que todos los hechos están vinculados, el tribunal consideró que la investigación debía desarrollarse de manera conjunta.
La jueza Saavedra sentenció: “Se resuelve acoger la incidencia de nulidad de todo lo obrado interpuesta con fecha 15 de septiembre de 2025 y se deja sin efecto la resolución de fecha 11 de septiembre de 2025, entendiendo que se reaperturó para todos los intervinientes… por lo que se procede anular todo lo obrado, retrotrayendo al estado de la resolución pronunciada con fecha 10 de septiembre de 2025″.
Asimismo, la nulidad se extiende “a la acusación particular, las adhesiones a la acusación y toda actuación posterior a la fecha 10 de septiembre de 2025”.
Con esta decisión, el caso, que se inició en 2023 tras las revelaciones publicadas por el medio regional Timeline, sufre un nuevo retraso. La audiencia de preparación de juicio oral, prevista para el 29 de septiembre, quedó suspendida hasta que se resuelvan los detalles pendientes y se asegure el cumplimiento de las normas procesales y los principios de igualdad y tutela judicial efectiva para todos los involucrados.