
“Perpetuación de la corrupción”: trabajadores judiciales fustigan fallo que salvó a ministro Ulloa
Tras el rechazo de la Corte Suprema a la expulsión de Antonio Ulloa por el caso Hermosilla, la OTJ denunció una “doble justicia” que protege a jueces y ministros mientras sanciona a funcionarios de menor rango, advirtiendo que esta práctica erosiona la credibilidad del Poder Judicial.
La Organización de Trabajadores Judiciales (OTJ) cuestionó la decisión de la Corte Suprema de mantener en el cargo al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, vinculado al caso Hermosilla.
En un comunicado emitido este martes, la organización afirmó que el fallo evidencia “el problema profundo que existe en nuestro Poder Judicial, relativo al manto de protección que tienen algunos funcionarios de este poder del Estado, en especial aquellos que pertenecen al escalafón primario, esto es, jueces y ministros”.
Según la OTJ, mientras funcionarios de escalafones menores son sancionados con la remoción o con las penas más altas por conductas similares, los ministros y jueces enfrentan “un comportamiento laxo para sancionar”. La organización advirtió que esta situación afecta la credibilidad institucional y la percepción pública de la justicia, además de perjudicar directamente a los trabajadores del Poder Judicial, quienes serían testigos de “una doble justicia interna”.
“Perpetuación de la corrupción al interior de este poder del Estado”
El comunicado sostiene que la decisión de mantener a Ulloa en su cargo constituye “una perpetuación de la corrupción al interior de este poder del Estado”, aludiendo a su participación en lo que la organización describe como “tráfico de influencias en el sistema de nombramientos” en distintos niveles del Poder Judicial. La OTJ aseguró que continuará denunciando estos hechos con el objetivo de promover un Poder Judicial más democrático y justo, tanto para la ciudadanía como para los funcionarios.
La resolución de la Suprema se produjo luego de un pleno extraordinario en el que se discutió el cuaderno de remoción de Ulloa. La votación estuvo dividida y no alcanzó el quórum exigido por el artículo 80 de la Constitución, que establece que se requiere mayoría del total de los miembros del pleno (11 de 21) para remover a un ministro. Votaron a favor de la remoción ocho ministros y siete en contra. La ministra vocera, María Soledad Melo, indicó que, por ello, Ulloa “no queda removido de su cargo”.
El proceso disciplinario contra Ulloa se originó por cuatro cargos: violación al deber de reserva al filtrar información al expoderoso abogado Luis Hermosilla; vulneración del deber de imparcialidad; falta de probidad en concursos de nombramientos; y eventual conducta impropia al utilizar su vínculo con Hermosilla en designaciones. Su abogado defensor, Domingo Hernández, valoró la decisión y aseguró que “se hizo justicia”.