Propuestas de Kaiser y Kast sobre niños migrantes: Chomali acusa que son “una injusticia”

La migración irregular ha sido uno de los principales temas de la campaña presidencial, con un fuerte énfasis en el resguardo fronterizo y la promesa de expulsión inmediata de toda persona que cruce en condiciones de irregularidad a nuestro país. 

Adicionalmente, los candidatos de ultraderecha han señalado que quienes ingresen sin documentación por pasos no habilitados no podrán dispersarse por el territorio, siendo trasladados a centros de internación y expulsión, los que serían ubicados cerca de las fronteras. 

Sin embargo, una de las principales interrogantes –y que preocupa a actores como la Iglesia católica– es qué pasará con la situación de aquellos menores que han entrado al país por pasos no habilitados y se han mantenido en una situación migratoria irregular. 

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha comprometido no realizar regularizaciones masivas y negar beneficios sociales en educación, salud y vivienda a la población irregular. Por medio del plan “Escudo Fronterizo”, el abanderado aseguró un cierre total de la frontera a la inmigración ilegal y quienes circulen en esa condición quedarían automáticamente excluidos del sistema de salud público o preferencias en educación.

Respecto a los hijos de migrantes en situación irregular nacidos en Chile, Kast afirmó que en su eventual Gobierno impulsará cambios en la normativa que les otorga ciudadanía, para que obtengan la nacionalidad de sus padres en vez de la del territorio en el que nacen. “Tendremos que hacer una propuesta de reforma constitucional para que el ius sanguinis (derecho de sangre) sea una alternativa, en vez del ius soli (derecho de suelo)”, dijo en el programa “Voto por la niñez” de TVN. 

En esa línea, Kast agregó que “no va a haber identificaciones distintas para migrantes irregulares, adultos o menores, que le permitan tener una identificación para la educación, una para la salud y una para lo civil”.

Por su parte, el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, también propone devolver a los menores de edad extranjeros a los países de origen de sus padres. Consultado por el acceso de niños en situación irregular al sistema educativo en el caso de llegar a La Moneda, el diputado afirmó que no ingresarán al sistema porque “tienen que irse con sus papás a su país de origen”. “Si hay niños extranjeros y están ilegalmente en Chile, nuestra obligación es devolverlos, no es mantenerlos acá“, señaló en el programa “Candidato, llegó tu hora”.

Chomali levanta la voz

Tras su reciente encuentro con León XIV, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, señaló que uno de los temas relevantes que abordó con el papa fue la situación migratoria de Chile. Esto, en un contexto de preocupación por discursos electorales que “pueden dividir mucho a la sociedad”. 

“El migrante es uno de nosotros, es un hermano, un ser humano y tiene que ser tratado así. (…) Por lo tanto, se requiere una política pública de largo aliento, sólida, consistente, en materia de inmigración”, dijo en Tele13 Radio con posterioridad a la reunión. 

Consultado por las propuestas de algunos candidatos a La Moneda que buscan la expulsión inmediata de menores migrantes y restringir el acceso a la educación, el cardenal calificó como “absolutamente impensable” materializar medidas de este tipo. Contrario a la línea que han instalado los abanderados de matriz conservadora. 

“Lo que tenemos que hacer es pensar cómo regular adecuadamente la migración, pero tener habitantes en un país categoría A, B, o C, no me parece, y sobre todo castigar a los niños que no tienen nada que ver con la decisión que tomaron sus padres y que tiene que haber sido muy difícil. No creo que esté en la mente de ninguna persona hacer una cosa así, nosotros no lo vamos a avalar bajo ningún punto de vista”, declaró. 

En esa línea, Chomali afirmó que como Iglesia católica velarán “por el cuidado irrestricto de cada migrante en virtud de su condición de ser humano, de su dignidad”.

“En eso nosotros no nos vamos a perder. Y, por favor, no estamos avalando bajo ningún punto de vista ningún acto de violencia, para eso está el Estado de derecho, para perseguir a aquellas personas. Pero no tenemos que mezclar las cosas, me parece una injusticia, necesitamos mucha más profundidad espiritual y ética para abordar este tema”, enfatizó. 

Infancia migrante y vulneración de derechos 

Expertos en movilidad humana han advertido sobre los riesgos de abordar el debate migratorio, en contexto de campaña electoral, únicamente desde una perspectiva delictiva y criminalizadora, excluyendo factores estructurales que inciden en el futuro de menores en situación irregular. Donde la crisis de seguridad no puede justificar la omisión de derechos. 

Para la directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica e investigadora principal del Núcleo Milenio MIGRA, María Olaya Grau, las propuestas que apuntan hacia la expulsión inmediata y a la ausencia de una mirada hacia la infancia inmigrante, dan cuenta de que no existe una diferenciación entre los adultos y niños, reproduciendo una mirada securitaria y adultocéntrica, que a su vez desconoce los compromisos internacionales del Estado chileno. 

“Hay que tener siempre en cuenta que Chile ha suscrito a la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Pacto en el que se establece que la niñez migrante debe ser tratada ante todo como niñez y no como un migrante irregular. El enfoque de seguridad, al priorizar el control por sobre la protección, invisibiliza también la complejidad de estas trayectorias migratorias infantiles, generando un discurso que criminaliza la movilidad humana, incluso en contextos de necesidad y de refugio”, indicó.

Y agregó: “Entonces, negar el acceso, por ejemplo, a la educación o a la salud y apuntar a que eso podía ocurrir en el corto o mediano plazo, constituye una vulneración directa de los derechos de los niños y niñas en condición irregular”. 

En conversación con El Mostrador, la doctora en Ciencias Políticas señaló que hay que tener en cuenta que gran parte de la población migrante en nuestro país está en situación de pobreza, alcanzando un 34% en niños y niñas de acuerdo con la última Casen. Esta cifra en la primera infancia llegaría casi al 40%. Situación compleja de una crisis humanitaria, social, política, donde su vida está en riesgo. 

“En ese sentido, el Estado debe garantizar un enfoque de derechos y de protección integral, donde la regularización no sea un prerrequisito para acceder a estos servicios básicos. La educación y la salud tienen que ser puertas de entrada para la inclusión y no espacios condicionados por el estatus migratorio. Y estas propuestas de candidatos presidenciales apuntan justamente a lo contrario, a que sean puertas de entrada para la exclusión”, sentenció.  

Menores que migran sin compañía

Otra realidad, todavía más compleja, es la de menores que ingresan al país sin la compañía de un adulto o separados de sus familiares una vez que ingresan a Chile. 

Según informes del Poder Judicial, en el año 2024 se registró la presencia de 174 NNA en residencias en condición migrante no acompañado o distanciado de su adulto responsable, con una medida de protección cursándose en algún juzgado de competencia en familia.

A lo anterior, también se suma la dificultad en la generación de información oficial, debido a que los menores que ingresan por pasos no habilitados se han mantenido en situación migratoria irregular. 

Para la académica UC, María Olaya Grau, los niños que migran no acompañados “son los que mayor protección necesitan, ya que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad”. En ese sentido, la obligación de garantizar protección por parte del Estado va en dirección contraria a las propuestas presidenciales antes mencionadas. 

“Lo importante es tener en cuenta de que la falta de datos que tenemos sobre niños migrantes irregulares no debe ser una excusa para la inacción, sino que un llamado para mejorar los sistemas de registro, la coordinación y el seguimiento interinstitucional. El desafío va a estar en reconstruir la confianza entre el Estado y las comunidades migrantes, avanzando siempre hacia políticas basadas en evidencia y no en discursos punitivos”, afirmó Grau. 

Finalmente, la investigadora reiteró que “las políticas migratorias deben partir por el reconocimiento de que no existen niños ilegales. No se puede hablar de un niño ilegal. Las infancias migrantes son, ante todo, sujetos de derecho y la respuesta del Estado no puede ser ni la expulsión ni la exclusión, sino la protección y la inclusión efectiva”.