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Escándalo por cuentas de luz: oposición ingresa acusación constitucional contra exministro Pardow
El libelo, que cuenta con apoyo desde el Partido Republicano hasta el Partido de la Gente, acusa al extitular de Energía de haber incumplido principios de transparencia tras el error de cálculo en las tarifas eléctricas. Su defensa estará a cargo del abogado Francisco Cox. [ACTUALIZADA]
Las bancadas de la oposición concretaron este lunes la presentación de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow (FA), a raíz del error de cálculo que derivó en cobros excesivos en las cuentas de la luz. El texto fue ingresado ante la Secretaría de Partes de la Cámara de Diputados, previo a la sesión de Sala de las 17 horas.
El libelo fue firmado por 11 parlamentarios y contaría con respaldo de Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, Partido Republicano, Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano y el Partido de la Gente, a través de la diputada Pamela Jiles, quien estampó su firma en el documento. Con ello, la acusación tendría un piso político cercano a 75 votos, quedando a escasos dos sufragios de la mayoría necesaria para aprobar su admisibilidad.
El texto consta de dos capítulos infringidos y se funda, entre otros argumentos, en el artículo 8° de la Constitución, que establece el principio de publicidad y transparencia en la función pública. Los acusadores sostienen que el exministro habría vulnerado ese principio al no transparentar a tiempo los errores detectados en el cálculo de las tarifas eléctricas.
La ofensiva se gestó luego de conocerse que la empresa Transelec realizó cobros extras por más de 100 millones de dólares, información que —según revelaciones recientes— fue comunicada al Ministerio de Energía hace más de un año, cuando Pardow aún encabezaba la cartera.
Durante la sesión de esta tarde, la Cámara realizó la denominada “tómbola” para definir los cinco parlamentarios que integrarán la comisión revisora del libelo. A partir de ese momento, el exministro dispondrá de 10 días para responder, tras lo cual la comisión tendrá 6 días adicionales para emitir su informe.
Los integrantes de la comisión revisora serán: Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Jaime Mulet (FRVS) y Ericka Ñanco (FA). Cabe mencionar que el diputado Jaime Mulet (FRVS) manifestó públicamente que está abierto a respaldar el libelo impulsado por la derecha.
La defensa de Pardow
Por parte del exsecretario de Estado, la defensa fue asumida por el abogado Francisco Cox, quien ya ha representado a otras autoridades frente a acusaciones constitucionales, entre ellas la exministra de Educación Marcela Cubillos (2019), el exministro Marco Antonio Ávila (2023) y el delegado presidencial Gonzalo Durán (2025).
En entrevista con La Tercera, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, confirmó que el Ejecutivo acompañará el proceso: “Como en todas las acusaciones, estaremos presentes para hacernos cargo de aquello, porque este no es un tema personal, sino institucional. Aquí lo que se está defendiendo es un principio”.
Lobos agregó que “no se trata de una defensa personal, sino de un tema institucional respecto de una exautoridad que ya asumió sus responsabilidades políticas”, enfatizando que el Gobierno considera que la acusación “no se justifica”.
En contraste, desde la oposición, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, calificó de “asqueroso” que el exministro sea financiado con fondos públicos: “Los chilenos siguen pagando al ministro Pardow por un error que cometió por incompetente. Es fácil para el Gobierno disponer de los recursos de todos los chilenos, pero muy difícil para la gente entender por qué debe costear la defensa de quien los perjudicó”, declaró.
Sauerbaum añadió que los efectos del error no solo implicaron sobrecobros, sino también impactos secundarios en la inflación y en las alzas de los pagos en UF, profundizando el malestar ciudadano.
El proceso ahora queda en manos de la Cámara de Diputados, que deberá resolver si admite a trámite la acusación. En caso de aprobarse, el libelo pasará al Senado, que actuará como jurado para decidir el futuro político del exministro.
