Caso Muñeca Bielorrusa: abogados de Codelco dejan sin sustento la defensa de los imputados

En una extensa y dura intervención ante el tribunal, los abogados de Codelco desarmaron una a una las tesis levantadas por las defensas de los imputados en el caso que investiga delitos de soborno, cohecho agravado y lavado de activos vinculados a fallos judiciales que favorecieron al consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM). La réplica, encabezada por el abogado Julián López y la abogada Carolina Sepúlveda, retrató un cuadro de intervenciones indebidas, pagos encubiertos y una estructura coordinada que —según la estatal— operó para manipular decisiones de la Corte Suprema.

El abogado Julián López inició su exposición asegurando que los argumentos de los imputados “se habían desmoronado” a lo largo de la audiencia, especialmente en las versiones presentadas por la defensa de Mario Vargas. Recordó que los abogados habían intentado justificar la georreferenciación de la exministra Angela Vivanco cerca del estudio jurídico Lagos & Vargas alegando que tenía un departamento en calle Napoleón y participaba del comité de administración del edificio. Esa versión —subrayó— quedó descartada cuando el administrador señaló que Vivanco no visitaba el lugar hacía dos años y que no asistía a reuniones.

A ello sumó otro punto que, a su juicio, debilitó la credibilidad de las defensas: la afirmación de que la exministra “nunca” había estado en el estudio jurídico. López recordó que un encargado de administración del edificio confirmó que fue informado de visitas de Vivanco, y que su propio chofer declaró que solía dejarla en la esquina frente al edificio, donde volvía a recogerla un par de horas después.

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Otro eje que —según la estatal— se derrumbó fue la explicación sobre los US$15.600 encontrados en poder de Gonzalo Migueles —pareja de Vivanco— un día después del fallo adverso a Codelco. La defensa sostuvo que el imputado había comprado US$20.000 tres meses y medio antes, pero el Ministerio Público acreditó que ese dinero se había gastado totalmente antes del hallazgo. Con ese antecedente, López sostuvo que la georreferenciación “perdió toda relevancia” frente a la evidencia directa entregada por testigos sobre las visitas de Vivanco al estudio.

El abogado también apuntó a la estrategia de Migueles, quien —según dijo— no cuestionó la existencia de los delitos ni su propia participación, limitándose a solicitar medidas cautelares menos gravosas. Para López, ese gesto confirma que “la existencia de los delitos y la intervención de los imputados no es materia de real controversia”.

Críticas a la jueza y defensa del Ministerio Público

López respondió además a las críticas de la magistrada sobre el trabajo de la Fiscalía, afirmando que el Ministerio Público de Los Lagos había actuado de manera “sigilosa y extraordinariamente efectiva”. Destacó que la investigación permitió reconstruir completamente el flujo del dinero que salió desde Movitec hacia el estudio Lagos & Rojas y desde allí a Migueles, en fechas que —según afirmó— coincidían con resoluciones judiciales y pagos de Codelco.

Respecto de las diligencias realizadas tardíamente —cuestionadas en la audiencia— sostuvo que no afectaron garantías y que, de hecho, algunas de ellas habían sido solicitadas previamente por las propias defensas. “La verdad a veces no llega nunca. No hay que rechazarla sólo porque llegue un poco tarde”, enfatizó.

Afirmó que existían “al menos 68 hechos no controvertidos” que permiten concluir la existencia de delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. Y advirtió: “Si la abundante evidencia acumulada en este caso no se consideraba suficiente para dar por acreditado el delito y la participación, la consecuencia sería que la persecución del cohecho en nuestro país se haría imposible”. Cerró señalando que este caso constituye “el ataque más grave que se ha perpetrado contra la credibilidad de nuestro sistema de administración de justicia”.

Sepúlveda: tres episodios, tres pagos y una misma estructura delictiva

La abogada Carolina Sepúlveda, también en representación de Codelco, reforzó la acusación señalando que la exministra Vivanco incurrió en infracciones graves a sus deberes: no transparentar su interés personal, mantener amistad con los abogados de CBM, omitir su inhabilitación y alterar el trámite de recursos judiciales. Todo ello —dijo— constituye cohecho agravado conforme al artículo 248 bis del Código Penal.

La abogada respondió a la estrategia de las defensas que buscaba relativizar la intervención de Vivanco, argumentando que las sentencias eran colegiadas y que los pagos recibidos eran legítimos. Sepúlveda sostuvo que la intervención de la exministra “afectó directamente la legalidad del proceso” y que los pagos de Codelco constituyeron ganancias ilícitas derivadas de esa intervención. Para Codelco, se trató de “un beneficio económico directamente vinculado a conductas irregulares” en un esquema de corrupción coordinado.

Tres intervenciones, tres pagos

1. Recurso de apelación y sentencia del 4 de julio de 2023: Sepúlveda señaló que Vivanco aceleró la vista del recurso presentado por CBM, instruyó al prosecretario sin orden previa del presidente de la Corte Suprema y gestionó que la sala conociera simultáneamente la ONI y el fondo del recurso. Todo esto, afirmó, excedía sus atribuciones.
2. Recurso de aclaración, rectificación y enmienda (septiembre de 2023): La abogada vinculó esta intervención con una retribución de al menos US$18.000 provenientes de los $70 millones que, según la fiscalía, Vargas y Lagos habrían entregado a Vivanco y Migueles.
3. Recursos de queja (enero-marzo de 2024) Indicó que Vivanco intervino nuevamente en favor de CBM en recursos de queja presentados en enero y fallados en marzo de 2024. Esta vez, aseguró, hubo pagos de $45 millones destinados a Migueles, con la participación de Harold Pizarro, y se alteró el orden de resolución de causas para priorizar aquella que interesaba a la exministra y su entorno.

La abogada sostuvo que Vargas y Lagos actuaron en coautoría, desestimando la tesis de que uno de ellos no participó directamente. En el caso de Migueles, su papel —como receptor de pagos y vínculo con la exministra— sería esencial para ejecutar el esquema. “Todos actuaron como una agrupación destinada a cometer ilícitos”, afirmó.

Para los representantes de Codelco, la jornada dejó en evidencia que las defensas no lograron desvirtuar los hechos ni cuestionar la solidez de la evidencia reunida. A su juicio, las conductas atribuidas a los imputados afectaron gravemente la legalidad del proceso, vulneraron la probidad y generaron un perjuicio directo al patrimonio público. Por todo ello —concluyeron— las acusaciones están plenamente justificadas.