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Gobierno congela avance de Ley SBAP tras críticas por falta de consulta y riesgo productivo
El Ministerio de Medio Ambiente decidió suspender la definición del primer listado de sitios prioritarios —que abarcaba 4 millones de hectáreas— tras recibir más de dos mil observaciones y fuertes cuestionamientos desde el sector productivo, comunidades locales y autoridades regionales.
El Ministerio de Medio Ambiente decidió suspender la definición del primer listado de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, luego de las fuertes críticas que recibió desde el mundo empresarial, autoridades regionales y comunidades locales por el impacto que esta medida podría tener sobre la actividad productiva.
“Como resultado del masivo proceso de consulta pública y de los diálogos sostenidos por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y el director del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Aarón Cavieres, con gremios productivos y sociedad civil, sobre sitios prioritarios, el Ministerio informa que no avanzará en la definición de este primer listado hasta que los insumos surgidos de estos procesos sean analizados en profundidad”, indicó la cartera en un comunicado.
El ministerio detalló que recibió más de 2.000 observaciones en la consulta pública, las que “permitirán robustecer esta política pública y dar certeza sobre su alcance a todos los actores”. Añadió que el objetivo es “mantener el diálogo e impulsar un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás”.
La medida responde al conflicto que generó la propuesta inicial del Ministerio, que contemplaba declarar 99 polígonos distribuidos a lo largo del país —equivalentes a unas 4 millones de hectáreas— como sitios prioritarios. Desde el sector privado advirtieron que esta figura podría afectar operaciones agrícolas, mineras, forestales y turísticas, al imponer restricciones y obligar a someter nuevos proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. “Puede generar un congelamiento de la actividad productiva” y “estamos frente a una posible expropiación regulatoria”, alertaron representantes empresariales.
Cuestionamientos desde las regiones
En regiones como Aysén, las críticas se concentraron en la falta de consulta y la afectación a actividades locales. Vecinos organizados en la Mesa de Trabajo Sitios Prioritarios para la Biodiversidad Chile Chico acusaron que el Ministerio “ha sido arbitrario y poco transparente”, privilegiando estudios de grupos ambientalistas por sobre la voz de las comunidades.
El gobernador regional, Marcelo Santana Vargas, ofició a la ministra Rojas para pedir que se revierta la propuesta. “Este proceso fue totalmente inconsulto. No se tomó en cuenta la participación ni la opinión de los vecinos ni de las autoridades locales. El Ministerio no puede tomar decisiones desde Santiago que hipotecan nuestro desarrollo”, afirmó.
Según los antecedentes, más de 35 mil hectáreas productivas podrían verse afectadas en la zona por el sitio SP1-039 “Estepa Jeinimeni – Lagunas Bahía Jara”, donde cualquier nueva actividad económica debería pasar por evaluación ambiental.
Minería en alerta
El conflicto también escaló al sector minero. La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) cuestionó la falta de coordinación y advirtió que varios de los terrenos incluidos ya cuentan con operaciones en regla. “No se trata de oponerse a la conservación, sino de evitar que se impongan restricciones sin diálogo y sin criterios claros”, sostuvo el presidente del gremio, Jorge Riesco, quien pidió una mesa de trabajo multisectorial y una ampliación real de los plazos de consulta.
En su paso por la Comisión de Minería del Congreso la semana pasada, la ministra Rojas respondió que el proceso “ha sido transparente”, asegurando que los criterios son públicos y que “ha existido participación”.
En paralelo, organizaciones ambientalistas acusan que la propuesta del Ministerio debilita la protección ecológica. De los más de 300 sitios identificados en las Estrategias Nacional y Regionales de Biodiversidad, solo 99 fueron incorporados en esta primera etapa. Para la Alianza por la Naturaleza y la Biodiversidad, esto deja fuera zonas clave sin una justificación clara.
La controversia refleja el delicado equilibrio que enfrenta la implementación de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Ley SBAP), que busca resguardar ecosistemas de alto valor ambiental y regular su uso. Mientras el sector productivo teme una paralización de la inversión, los ambientalistas advierten retrocesos en la conservación.
El proceso de consulta pública sigue abierto —con plazo hasta el 5 de noviembre en la macrozona sur—, aunque comunidades locales denuncian falta de información y de mecanismos reales de participación. También reclaman que aún no se ha dictado el reglamento que fija los criterios de delimitación, lo que, aseguran, genera incertidumbre jurídica.
