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Cámara aprueba fin de multas por TAG y golpea viabilidad del modelo de concesiones
La iniciativa —impulsada por diputados oficialistas— obtuvo respaldo mayoritario en su primer trámite y volvió a comisión. Tanto el Gobierno como el sector privado advierten que la medida podría desatar evasión masiva, elevar la incobrabilidad y forzar renegociaciones que comprometan nuevas obras.
La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en general, el proyecto conocido como “No más TAG”, que elimina la multa por circular sin dispositivo de cobro en autopistas concesionadas y que, según expertos, podría golpear el corazón del modelo de financiamiento vial en Chile. La iniciativa —boletín 16.346— obtuvo 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones, y volvió a comisión por nuevas indicaciones.
El texto suprime la infracción grave y la multa de una UTM que actualmente se aplica a quienes transitan sin TAG en vías con cobro electrónico. La sanción, que puede acumularse diariamente, ha sido criticada por generar deudas desproporcionadas frente al valor real del peaje. Sin embargo, su eliminación deja sin herramienta coercitiva al sistema, que se sostiene en la obligatoriedad del dispositivo para garantizar el pago automático.
Aunque el Gobierno se desmarcó del proyecto hace meses —alertando sobre su impacto en la operación y viabilidad del sistema—, la iniciativa terminó recibiendo un amplio respaldo de parlamentarios oficialistas. Solo algunos sectores de centroizquierda se alinearon con la posición del Ejecutivo y optaron por abstenerse.
Los defensores del proyecto sostuvieron que los actuales castigos generan morosidades impagables y que las concesionarias podrán seguir cobrando por la vía administrativa, sin trasladar un castigo extra a los usuarios. También cuestionaron los contratos con las autopistas y la fiscalización estatal.
En contraste, los detractores calificaron el proyecto de populista y advirtieron que, sin sanción, la obligación deja de existir y se incentiva la evasión. Subrayaron que la medida afectaría el financiamiento de las concesiones y, con ello, la continuidad de proyectos clave de infraestructura. Esa tesis fue respaldada de forma explícita por el Ejecutivo.
La oposición del gobierno y argumentos en contra del “No más TAG”
En una minuta enviada al Congreso, el Gobierno alertó que la iniciativa podría volver “inviable” la operación del sistema Free Flow, pilar del modelo concesionado. La ausencia de multas obligaría a reinstalar barreras o casetas para asegurar el cobro y elevaría la incobrabilidad, lo que obligaría al Estado a cubrir los déficits mediante subsidios o renegociaciones contractuales. También afectaría ingresos municipales —que hoy reciben las multas— y elevaría los riesgos para los inversionistas, encareciendo futuros proyectos.
El Ejecutivo añadió un punto distributivo: la exención beneficiaría a una minoría infractora mientras que el costo lo asumirían contribuyentes que no utilizan autopistas, rompiendo el principio de “el que usa, paga”.
Desde el sector privado, la alarma es transversal. “La eliminación de multas por TAG destruirá el sistema de concesiones viales de Chile”, señaló el expresidente de COPSA, Leonardo Daneri, quien advirtió que sin sanciones se pierde el mecanismo que obliga a normalizar deudas al renovar el permiso de circulación.
Diputada Cariola votó a favor
El avance del proyecto también reabrió miradas políticas. La diputada Karol Cariola (PC), quien votó a favor, ya había respaldado iniciativas similares para rebajar o condonar multas por TAG. Su postura vuelve a ser observada luego de que, según antecedentes del caso Chinamart, en 2022 solicitara apoyo para reducir una sanción personal vinculada al dispositivo.
El proyecto seguirá su tramitación en la comisión respectiva, en un escenario donde la discusión dejó en claro que el punto central no es solo el cobro del TAG, sino la sustentabilidad del sistema de concesiones que sostiene gran parte de la infraestructura vial del país.
