Sumario sacude otra vez al Poder Judicial por venta de software exclusivo a tribunales extranjeros
Un sumario reservado investiga la venta de un software diseñado para uso exclusivo del Poder Judicial chileno a tribunales extranjeros, operación que habría sido gestionada por una jefatura de la CAPJ, hoy suspendida de sus funciones.
Al interior del Poder Judicial se instruyó un sumario administrativo de carácter reservado contra una jefatura de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), en un nuevo episodio que vuelve a tensionar a la institución. La investigación es sustanciada por la ministra de la Corte Suprema María Cristina Gajardo y tiene como sujeto al jefe del Departamento de Desarrollo Institucional, Mario Lara Orellana.
De acuerdo con antecedentes conocidos dentro del propio Poder Judicial, el sumario apunta a la eventual venta irregular de un software de uso interno, desarrollado exclusivamente para el sistema judicial chileno, a otros poderes judiciales de América Latina. En particular, se investiga una operación con el Poder Judicial de República Dominicana, en la que Lara habría gestionado la transferencia del sistema, quedándose presuntamente con los recursos obtenidos.
Fuentes internas confirman que Mario Lara Orellana se encuentra suspendido de sus funciones desde hace una semana, mientras se desarrollan las diligencias administrativas. En paralelo, la investigación también indaga si el funcionario viajó a Centroamérica acompañado por su esposa, quien también se desempeña en el Poder Judicial, y si dicho desplazamiento ocurrió mientras ella se encontraba con licencia médica.
Lara Orellana es ingeniero comercial, con estudios de posgrado y certificaciones en liderazgo e innovación, incluyendo un MBA de la Universidad de Chile y formación en el MIT. Desde su cargo, tenía bajo su responsabilidad áreas estratégicas de la CAPJ, incluida la Dirección de Desarrollo Institucional, una unidad clave en la modernización tecnológica del Poder Judicial.
Según fuentes conocedoras del proceso, los antecedentes fueron revisados inicialmente por el Consejo Superior de la CAPJ, integrado por las ministras Gloria Ana Chevesich, Adelita Ravanales, María Cristina Gajardo y María Soledad Melo. En esa instancia, habría existido debate interno respecto de mantener el caso acotado al ámbito administrativo, ante el temor de seguir dañando la imagen pública del Poder Judicial.
El nuevo sumario se produce cuando la CAPJ aún no logra cerrar completamente el impacto del llamado caso Lexus, escándalo que terminó con la salida del entonces director Ricardo Guzmán Sanza y del subdirector Zvonimir Koporcic, sancionados por el Pleno de la Corte Suprema por “pérdida de confianza” tras el fallido proceso de renovación de vehículos de los ministros del máximo tribunal. Hoy, la corporación es dirigida de manera interina por Andreina Olmo Marchetti.
Ese episodio marcó un punto de inflexión en la gestión administrativa del Poder Judicial. En julio, el Pleno confirmó la remoción de ambos directivos, aplicando las facultades del artículo 513 del Código Orgánico de Tribunales, en una señal de endurecimiento frente a faltas administrativas de alto impacto.
Consultada la CAPJ, la institución informó “que el reglamento de Investigaciones disciplinarias que afecta a funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en su artículo 20, establece que el procedimiento de investigaciones disciplinarias será reservado, salvo para la persona investigada, mientas no recaiga sentencia ejecutoriada“.
El contexto institucional es especialmente delicado. El Poder Judicial atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, con la destituciones de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por su vinculación al caso conocido como la Muñeca Bielorrusa, asociado al pago de coimas para influir en fallos judiciales, y del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. A ello se suma la situación del ministro del máximo tribunal Diego Simpertigue, quien enfrenta una acusación constitucional que podría derivar en su destitución.
En ese escenario, el sumario contra una jefatura estratégica de la CAPJ vuelve a encender las alertas internas sobre probidad, control y gobernanza administrativa, en una institución que no es fiscalizada por ninguna institución externa y que hoy enfrenta no solo desafíos judiciales, sino también una severa crisis de confianza pública.
