Simpértigue cae con voto transversal y el Senado fija un nuevo estándar ético para la Suprema

La Sala del Senado aprobó este lunes la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpértigue, una decisión que implicó su remoción inmediata del Máximo Tribunal e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años. La votación cerró un proceso político que, más allá del caso individual, volvió a poner en el centro el deterioro de los estándares de probidad e imparcialidad del Poder Judicial.

El libelo, aprobado previamente por la Cámara de Diputados, se estructuró en tres capítulos por notable abandono de deberes. Bastaba la aprobación de uno solo para concretar la sanción. El primer capítulo —relativo a la actuación del magistrado en la causa entre Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec— fue aprobado de manera unánime por 43 votos a favor. El segundo, vinculado a conflictos de interés en nombramientos notariales, fue rechazado con una alta cantidad de abstenciones. El tercero, referido al caso Fundamenta y a un viaje en crucero con abogados relacionados con causas falladas por el juez, fue aprobado por una mayoría clara.

También te puede interesar:

Primer capítulo aprobado por unanimidad

El eje de la destitución estuvo en el primer capítulo. Allí se acusó a Simpértigue de haber infringido de manera notable los deberes de probidad, abstención e imparcialidad al intervenir directamente en resoluciones que beneficiaron a un consorcio representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados por delitos de corrupción en el caso Muñeca Bielorrusa, sin inhabilitarse pese a mantener vínculos personales con ellos. Para varios senadores, ese comportamiento afectó no solo una causa concreta, sino la confianza pública en la judicatura.

Durante la deliberación, el senador David Sandoval (UDI) sostuvo que “la vida privada de un juez deja de ser estrictamente privada cuando se entrelaza con intereses y afecta la percepción pública de independencia”, agregando que “un ministro de la Corte Suprema no puede comportarse como si su cargo fuera un atributo circunstancial”. A su juicio, no aprobar la acusación habría significado enviar “un mensaje devastador para el Estado de Derecho”.

En la misma línea, el senador Iván Flores (DC) afirmó que la conducta del magistrado “revela una conducta incompatible con la independencia que deben tener los jueces y los ministros al momento de fallar”, enfatizando que el acusado redactó una sentencia que otorgó un beneficio millonario “sin inhabilitarse ni transparentar sus vínculos personales previos y posteriores con dichos abogados”.

La senadora independiente Carmen Gloria Aravena subrayó que “la ética judicial exige no solo imparcialidad real, sino también apariencia objetiva de imparcialidad”, advirtiendo que cuando esta se ve comprometida “se erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia”. Desde una vereda similar, la senadora Claudia Pascual (PC) calificó la acusación como de “máxima gravedad” y sostuvo que los hechos “develan una infracción grave de los principios y deberes que asisten a los jueces”.

El senador Karim Bianchi (IND) elevó el tono del debate al señalar que “la justicia no es un privilegio, es un deber”, y que sin una justicia “sin corrupción, sin favores y con dignidad”, no es posible un país justo. José Miguel Insulza (PS), en tanto, afirmó que “es bastante pesada la acusación y es muy difícil creer las razones que se dan”, concluyendo que existió “una grave transgresión”.

La defensa de Simpértigue

Antes y durante la sesión, Simpértigue defendió su actuación y negó tajantemente las imputaciones. “Nunca ha habido ninguna irregularidad”, afirmó, asegurando que actuó de buena fe y que todas las situaciones cuestionadas formaban parte de la normalidad de su función. “He sido juez toda mi vida y no merezco lo que me pasa”, sostuvo ante los senadores, agregando que tenía “la conciencia tranquila” y pidiendo que “conmigo sean justos”.

Su defensa, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, cuestionó el procedimiento y acusó que el proceso estaba “viciado”, apuntando a la comisión revisora de la Cámara. Sin embargo, esos argumentos no lograron revertir una mayoría transversal que coincidió en la necesidad de fijar un estándar más estricto para quienes integran la Corte Suprema.

La destitución de Simpértigue se suma a las de los exministros supremos Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, y a las salidas de Antonio Ulloa y Verónica Sabaj desde la Corte de Apelaciones de Santiago, esta última destituida por la Corte Suprema, a diferencia de los primeros tres exjuces. En conjunto, estos episodios han consolidado la percepción de una crisis estructural del Poder Judicial, marcada por escándalos, acusaciones constitucionales y un quiebre profundo en la confianza pública. El fallo del Senado dejó un mensaje político claro: las zonas grises dejaron de ser tolerables en la cúspide de la judicatura.

Las reacciones del ahora exministro de la Suprema

Tras la aprobación de la acusación constitucional y su destitución de la Corte Suprema, el ahora exjuez señaló: “me parece que es una decisión muy injusta”. Aseguró que todo lo que hizo estuvo bien y que esperaba que “hubiese una argumentación apropiada a los argumentos que entregó la defensa”.

“Mi carrera la he conducido durante muchos años, en forma honesta. No tengo nada que decir en contrario a eso. Estoy muy agradecido al Poder Judicial y la verdad es que, a pesar de lo que ha ocurrido, tengo la frente en alto, los senadores dijeron que aquí no había corrupción y por lo tanto yo estoy absolutamente tranquilo” señaló.

Al ser consultado sobre si hacía una autocrítica señaló que “si el Poder Judicial debe hacer alguna autocrítica, eso ya no me corresponde, pero espero que así se haga y espero que se tomen las medidas correctas”.