De “fin al CAE” al “fin del FES”: reforma emblemática de Boric corre peligro si pasa a marzo

A casi un mes de que cierre el año legislativo, el proyecto de ley que crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES) y pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), continúa en su segundo trámite en la Comisión de Educación del Senado. Si ni logran sacarlo antes del receso legislativo y queda para marzo, el pronóstico es negro. En el Gobierno de Kast es probable que el “fin al CAE” pase a llamarse “fin del FES”, al no estar la deuda estudiantil dentro de las prioridades del “Gobierno de emergencia”. Parte de las críticas que han retrasado el ingreso de indicaciones al proyecto radican en el impacto del nuevo modelo en las arcas fiscales, que –según diversos estudios– podría acarrear más deuda fiscal.

La iniciativa ha sido promovida por La Moneda como un cambio estructural en la política educativa. Por lo mismo, las expectativas desde el oficialismo apuntan a despachar el proyecto antes de que asuma la administración de José Antonio Kast. 

Precisamente, el reemplazo del CAE se enmarca dentro de los llamados proyectos emblemáticos para la administración del Presidente Gabriel Boric, demanda que ha sido impulsada por los principales rostros del Ejecutivo desde las movilizaciones estudiantiles del 2011. 

En esa línea, autoridades del Gobierno han reforzado la idea de que el FES representa una mejora sustantiva en términos fiscales respecto de la situación actual. En contraste, desde el Congreso, parlamentarios de oposición señalan que el avance de la iniciativa depende de la disposición del Ejecutivo a negociar, razón por la cual el Ministerio de Educación se encuentra trabajando contra reloj en la elaboración e ingreso de indicaciones que permitan destrabar su discusión en el Senado.

Consultado por El Mostrador, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, señaló que “el problema del CAE se arrastra desde hace más de quince años y hoy el proyecto FES está en segundo trámite con consensos importantes ya establecidos: terminar con la banca, mejorar la recaudación vía institucionalidad tributaria y ordenar las deudas educativas con un plan de condonación según la realidad de cada persona”. 

“Los nudos pendientes son asegurar que nadie pague más de lo justo por su carrera y compatibilizar el copago con la sostenibilidad de las instituciones. Como Gobierno estamos disponibles para llegar a acuerdos y creemos que es viable despachar este proyecto en este período legislativo, porque se trata de una necesidad largamente esperada por las familias chilenas”, afirmó Orellana. 

Principales nudos

Lo cierto es que parte de los cuestionamientos a este nuevo modelo de financiamiento han surgido desde los propios actores de la educación. Una de las voces más críticas ha sido la del rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, quien en su última intervención ante la Comisión de Educación del Senado afirmó que el proyecto “tiene un mal diseño estructural”. 

Las principales advertencias de la máxima autoridad de la PUC apuntan a que la iniciativa podría implicar un perjuicio de entre 10.000 millones y 25.000 millones de pesos para la casa de estudios, por lo que –a su juicio– combinar la solución del CAE con una reforma estructural del sistema genera confusión y perjuicio.

En esa línea, un estudio solicitado por De la Llera a un grupo de académicos de su institución alerta respecto a eventuales consecuencias sobre la autonomía y la sostenibilidad financiera de las universidades.

El informe señala que “al restringir la capacidad de gestión, la fijación de aranceles y de vacantes, y al condicionar el financiamiento, la iniciativa amenaza la diversidad de proyectos educativos y la calidad del sistema en su conjunto”. Por lo mismo, los expertos han planteado la necesidad de no continuar con su discusión, a menos que se resuelvan las principales dudas sobre el impacto en la educación superior. 

Asimismo, en línea con el último dictamen emitido por Contraloría, un informe técnico solicitado por el Consejo Fiscal Autónomo concluyó que el pago del FES no es un “activo financiero” del fisco. El análisis se basó en uno de los ejes centrales del proyecto, donde el monto a pagar en las cuotas anuales que los beneficiarios están obligados a devolver al fisco depende de su nivel de ingreso anual.

“El FES no da origen a un derecho financiero para el fisco y, por lo tanto, este último no puede reconocer un activo financiero en su balance, y los flujos financieros de otorgamiento y recuperación del financiamiento deberían quedar registrados en los gastos e ingresos patrimoniales”, puntualiza el estudio. 

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, cuestionó los llamados a detener la tramitación de la iniciativa y pidió esperar el ingreso de modificaciones.

“La discusión del FES no se puede detener, sino que hay que darla. Y una vez dada y vistos los acuerdos y las conclusiones a las que llega el Ejecutivo, y las propuestas que se hacen de indicaciones, luego uno espera que los parlamentarios evalúen y tomen sus decisiones”, indicó.

Congreso a la espera de indicaciones

Desde el Parlamento, el senador UDI e integrante de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, indicó que siguen a la espera de indicaciones del Ejecutivo, y afirmó que a pocos meses del término de mandato del Presidente Gabriel Boric aún no se ingresan modificaciones concretas. 

“Hoy existe un consenso transversal en que, tal como está redactado, el proyecto no tiene viabilidad legislativa. Por eso seguimos esperando indicaciones sustantivas que permitan destrabar la discusión y evaluar si efectivamente es posible avanzar”, declaró a El Mostrador. 

En ese sentido, Sanhueza advirtió que existe un problema de diseños y que, mientras no sea ingresado el paquete de indicaciones, disminuye la posibilidad de que la iniciativa sea despachada antes de marzo. 

“Si esta administración no está disponible para llegar a acuerdos, lo más probable es que el FES quede para el próximo período. En un eventual Gobierno del Presidente Kast, el desafío será replantear el financiamiento de la educación superior con una propuesta fiscalmente responsable, justa para la clase media y con posibilidades reales de acuerdo político, para que no vuelva a quedar entrampada por falta de realismo legislativo”, agregó. 

Desde otra vereda, la diputada del Frente Amplio Emilia Schneider afirmó que el despacho del proyecto durante este periodo es algo “completamente viable”, ya que desde el Ejecutivo están trabajando en acuerdos con distintos actores para avanzar en su tramitación. 

“Los nudos fundamentales son los topes de la retribución y la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior. El Gobierno ya ha manifestado su voluntad de llegar a un acuerdo en estas materias, por lo que hago un llamado al Senado a tener la misma voluntad, porque la gente está esperando. Creo que hay elementos que no pueden dejarse fuera del proyecto: sacar a los bancos, generar un nuevo financiamiento justo y contingente al ingreso y establecer una condonación que le alivie la mochila a las deudoras y los deudores”, indicó. 

En ese sentido, sostuvo que avanzar es “lo más conveniente para el próximo Gobierno, puesto que estaríamos solucionando un problema que se arrastra hace muchos años”. Y añadió que –a su juicio– la discusión no se agota en un asunto del legado del Gobierno, sino que “hablamos del bolsillo de las familias chilenas y el derecho a la educación”.