Vicepresidente de Corfo: “Aumentaremos la producción hasta un total de 300.000 toneladas de litio”

La toma de razón de la Contraloría General de la República del acuerdo que redefine la explotación del litio en el salar de Atacama entre Codelco, SQM y Corfo cerró uno de los procesos administrativos más sensibles de la Estrategia Nacional del Litio. El visto bueno del ente contralor dejó jurídicamente habilitada la estructura contractual que permite la continuidad de la producción después de 2030, el ingreso de Codelco al negocio y el rediseño de los flujos económicos hacia el Estado, en un escenario marcado por cuestionamientos políticos y debates sobre transparencia, sostenibilidad ambiental y participación indígena.

En entrevista con El Mostrador, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, defendió la arquitectura del acuerdo, subrayando que el proceso no solo fue validado por Contraloría, sino que también incorporó íntegramente los compromisos de la consulta indígena y las definiciones estratégicas del Estado sobre el litio. “Nuestra evaluación es que fue un proceso tremendamente exitoso, en el cual, en un plazo relativamente breve, incorporamos los contratos firmados por todas las partes, es decir, Codelco, SQM y nosotros, a la Contraloría”, afirmó. Según explicó, esos contratos ya contenían “todos los elementos que también se discutieron dentro de la consulta indígena y, además, se derivaban de la Estrategia Nacional del Litio”.

La toma de razón no solo validó la legalidad de los actos administrativos, sino que activó jurídicamente el nuevo esquema productivo. “Con la toma de razón por parte de la Contraloría, lo que de alguna manera hace que esos contratos sean una realidad, permitiendo que, a partir de ahora, SQM y Codelco terminen de afianzar legalmente el acuerdo que tienen entre ambos”, puntualizó Benavente.

Frente a las acusaciones de un proceso “oscuro” formuladas por algunos parlamentarios, respondió que “nosotros hemos seguido todos los procedimientos que la ley nos exige y, además, lo que hace la Contraloría es justamente velar por que esos procedimientos se hayan cumplido y que se siga todo lo que está dentro de la legislación pública”.

Uno de los puntos críticos del rediseño contractual era evitar el vacío productivo que se abría tras el término del contrato vigente con SQM en 2030. “Después de 2030 no había certidumbre sobre cómo seguiría ese proceso”, advirtió Benavente, quien sostuvo que una eventual licitación habría generado “un bache productivo que nos afectaría completamente”, dado que Corfo recibe “un porcentaje de ingresos sobre las ventas que puede llegar incluso hasta el 40% de las ventas”.

El nuevo esquema busca cerrar ese riesgo y, al mismo tiempo, ampliar la capacidad productiva. “Lo que logramos es evitar ese bache productivo y, no solo eso, sino también aumentar la producción desde ahora hasta un total de 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente en los próximos años”, dijo, agregando que desde 2031 “el 50% más 1 de las utilidades generadas por la empresa entre Codelco y SQM irán al Estado”.

El rediseño también impacta directamente en la captura de renta pública. Actualmente, explicó Benavente, “con el contrato que tenemos con SQM… accedemos a algo así como el 70% del margen operacional que va al Estado”, a través de los pagos por ventas a Corfo y los impuestos. Con la entrada de Codelco, “el porcentaje de margen operacional sube al 85%, porque se suma un tercer elemento, una tercera fuente de ingreso al Estado, que es justamente la participación de Codelco con el 50 + 1%”.

En paralelo, la escala productiva del salar también se transforma: de las cerca de 50 mil toneladas anuales que tenía SQM en 2018 se pasó a unas 230 mil, y con el nuevo contrato “la producción aumentará a 300.000 toneladas de carbonato equivalente para el 2030”, que junto a Albemarle permitirá alcanzar “algo así como 400.000 toneladas de carbonato de litio equivalente”.

El acuerdo, sin embargo, no solo amarra producción e ingresos, sino que también introduce obligaciones ambientales y tecnológicas que buscan responder a la creciente presión sobre el salar de Atacama. “Nosotros obligamos en el contrato a que se incorpore nueva tecnología para que el trabajo en el salar sea mucho más sustentable, en función de las tecnologías disponibles, como la extracción directa e incluso la reinyección”, detalló Benavente. A ello se suma una definición clave: “Definimos en los contratos que se debe dejar de usar agua continental, lo cual es una gran noticia desde el punto de vista de la sostenibilidad del salar”. Además, esos derechos hídricos “pasarán paulatinamente a los pueblos originarios” para consumo humano, agricultura y sostenibilidad.

La fiscalización del cumplimiento ambiental también fue reforzada. “No solo nosotros, sino también los pueblos originarios de alrededor del salar, tendrán acceso en tiempo real a los datos sobre la situación del salar en términos de varias variables relevantes para su sostenibilidad”, indicó. Ese sistema se articulará con el nuevo Instituto Nacional de Litio y Salares, que tendrá entre sus tareas estructurar la información, generar “un mapa hidrogeológico unitario completo del salar” y permitir el seguimiento público de su comportamiento.

En paralelo, la transición energética también quedó incorporada contractualmente. “Los contratos estipulan claramente que el uso de energía eléctrica basada en fuentes solares está dentro de las consideraciones, por lo que las empresas están obligadas a moverse en esa dirección”, señaló Benavente, junto con el compromiso de eliminar el uso de aguas continentales en los plazos fijados por las RCA y avanzar hacia tecnologías de extracción directa.

Con este marco, Corfo proyecta que Chile no solo mantendrá, sino que ampliará su posición en el mercado mundial del litio. “La producción de litio alcanzará un promedio de 300.000 toneladas anuales para 2030… y esto podría subir entre un 10% y un 20% con el tiempo”, lo que permitiría que el salar de Atacama llegue a unas 450 mil toneladas. Y, junto con la incorporación de otros salares, “la producción actual de Chile podría aumentar por lo menos al doble en términos de carbonato de litio equivalente”.

La toma de razón de Contraloría, en ese contexto, no solo valida un contrato, sino que sella una reconfiguración estructural del negocio del litio en Chile: una que amarra continuidad productiva, captura de renta pública, control ambiental, participación indígena y una apuesta tecnológica que busca sostener la principal riqueza minera del país en el largo plazo.