PAÍS
Agencia Uno (Referencial)
Tras sumario denuncian a altos funcionarios del Poder Judicial por “venta de servicios”
La ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo, denunció a tres altos funcionarios de la CAPJ por ofrecer servicios remunerados vinculados a sus funciones, incluso mediante una sociedad, tal como lo informó en su momento El Mostrador. Los antecedentes fueron remitidos al Fiscal Nacional.
Una grave denuncia involucra a altos funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). La ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo Harboe, presentó cargos contra tres jefes de la entidad, a quienes acusa de haber ofrecido servicios remunerados vinculados a sus funciones institucionales, tanto en Chile como en el extranjero.
La acción surge tras un sumario administrativo iniciado contra el jefe del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI), Mario Lara Orellana dado a conocer por El Mostrador; el jefe del Subdepartamento de Modernización, Esteban Paiva Jara; y Pablo Cabezas Fernández, jefe del Laboratorio de Innovación.
Esta semana la ministra Gajardo decidió formular cargos en su contra por —según el sumario— haber “ofrecido servicios remunerados a terceros”, “directamente y también a través de sociedades”, entre 2024 y 2025.
Servicios vinculados a sus funciones
El cuestionamiento central de la ministra es que estos servicios estarían “relacionados directamente con las funciones que cumplen en la CAPJ”. En el máximo tribunal sospechan que los funcionarios pudieron haber utilizado conocimientos obtenidos en el ejercicio de sus labores para comercializarlos posteriormente.
En concreto, el sumario detectó que los tres profesionales fueron contratados por la República Dominicana. También habrían ofrecido servicios en Argentina y Chile a través de la sociedad Innovectio SpA, de la cual serían socios.
Ante estos antecedentes, la ministra estimó que los hechos podrían constituir el delito de negociación incompatible y remitió el caso al fiscal nacional, Ángel Valencia.
Cómo comenzó la investigación
De acuerdo con la información recabada, el sumario se originó tras una denuncia anónima ingresada el 20 de octubre mediante el canal interno de denuncias del Poder Judicial. Dos días después, el caso fue expuesto en una sesión extraordinaria del Consejo Superior del Poder Judicial, instancia que resolvió instruir la investigación disciplinaria.
Por la “gravedad e importancia de los hechos”, la indagatoria fue derivada a una ministra de la Corte Suprema, considerando además la eventual repercusión internacional y que involucra a jefaturas de la corporación.
Los involucrados confirmaron que se encuentran ejerciendo sus descargos dentro del proceso administrativo. A la vez, cuestionaron la filtración de antecedentes del sumario, señalando que “dañan la honra y afectan el principio de inocencia”.
Indicaron que no pueden entregar versiones detalladas: “No podemos contestarlas con información veraz, ya que respetamos el secreto que transitoriamente recae en este procedimiento. Sin embargo, enfocamos toda nuestra energía en nuestra defensa. No hemos vulnerado norma alguna”, señalaron.
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