Día clave: Corte revisa este viernes querella de capítulos presentada contra exfiscal Guerra

La Corte de Apelaciones de Santiago adoptará este viernes una resolución clave en la causa que involucra al exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, al pronunciarse sobre la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Arica en su contra.

La decisión que dará a conocer el tribunal de alzada no abordará la veracidad de los hechos imputados ni determinará responsabilidades penales. Lo que se resolverá es si los antecedentes expuestos por el Ministerio Público cumplen con el estándar legal mínimo para levantar el fuero del expersecutor y permitir así una eventual formalización penal.

La querella de capítulos es un mecanismo excepcional contemplado en la legislación chilena, que actúa como un filtro judicial previo cuando se busca investigar penalmente a autoridades que gozan de fuero. En este caso, la Fiscalía de Arica solicita autorización para formalizar a Guerra por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, por hechos que se habrían desarrollado entre 2015 y 2021.

Durante los alegatos ante la Corte, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, sostuvo que los antecedentes presentados superan el umbral de plausibilidad exigido para este tipo de acciones. Según explicó, en esta etapa no se exige prueba concluyente, sino la constatación de que los hechos descritos, de ser acreditados, podrían revestir carácter penal.

En la misma línea, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, señaló que la investigación se encuentra en desarrollo y que existen diligencias pendientes que podrían ampliar el alcance del proceso, incluso respecto de hechos ocurridos con posterioridad a la salida de Guerra del Ministerio Público.

Entre los antecedentes considerados por la Fiscalía figuran los vínculos entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla —actualmente formalizado en el denominado caso Audio—, además de comunicaciones y pagos detectados en el contexto de la llamada “trama bielorrusa”.

Por su parte, la querellante María Inés Horvitz sostuvo que los hechos investigados configurarían un esquema en el que el exfiscal habría actuado al margen de sus deberes legales, entregando información reservada y orientando decisiones procesales en causas de alta connotación pública.

Desde la defensa, el abogado Felipe Polanco rechazó la existencia de beneficios económicos indebidos y negó que las conversaciones incorporadas a la causa contengan información confidencial o acrediten gestiones ilegales. Asimismo, recalcó que parte de los hechos cuestionados se habrían producido cuando Guerra ya no ejercía como fiscal regional.