Contraloría detecta “graves falencias” de Conaf en manejo de incendios forestales en La Araucanía

La Contraloría General de la República detectó una serie de debilidades en la gestión de incendios forestales por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en la Región de La Araucanía durante los años 2024 y 2025, particularmente en las comunas de Lonquimay y Traiguén. Así lo establece el Informe Final de Investigación Especial (INVE) N.º 569, que identificó fallas en los protocolos, ausencia de revisión de alertas meteorológicas y deficiencias en la evaluación de costos y daños ambientales.

Uno de los casos más graves corresponde al incendio forestal “Providencia”, ocurrido en la comuna de Traiguén, el cual se originó a partir de una quema autorizada por la propia Conaf y terminó afectando una superficie de 3.064 hectáreas. Según el informe, dicha autorización se otorgó sin considerar las alertas tempranas preventivas emitidas por Senapred ni las condiciones climáticas advertidas por la Dirección Meteorológica de Chile.

En particular, el organismo fiscalizador señaló que al momento de autorizar la quema existían temperaturas entre 22 y 28 grados, humedad relativa igual o inferior al 30% y vientos que alcanzaban los 50 kilómetros por hora, factores que elevaban significativamente el riesgo de propagación del fuego. “Todas estas condiciones incrementaban el riesgo de ocurrencia y propagación de incendios forestales”, dice parte del comunicado de la Contraloría. Pese a ello, la quema fue autorizada y el incendio no fue denunciado oportunamente por Conaf, lo que derivó en la instrucción de un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades.

El Informe Final de Investigación Especial (INVE) N.º 555, de 2025, aborda el incendio ocurrido en Lonquimay en 2024, que afectó 805,85 hectáreas de bosque nativo y requirió 129 días de combate. Este antecedente adquiere especial relevancia considerando que, desde la noche del 8 de enero de 2026, el sector se mantiene bajo Alerta Roja por un nuevo incendio forestal en las inmediaciones de la Reserva Alto Bío Bío.

En ambos casos, la Contraloría detectó un uso deficiente del sistema SIDCO (Sistema de Información para la Determinación de Costos de Operaciones), herramienta destinada a calcular el costo real de los incendios forestales y la valorización de las pérdidas. La falta de aplicación adecuada de este sistema derivó en información incompleta, no estandarizada y carente de respaldo fidedigno. Según el informe, esta situación “impidió contar con información estandarizada, confiable y oportuna”.

Ante estas falencias, el organismo fiscalizador instruyó a Conaf a establecer un plan de trabajo para implementar correctamente el módulo SIDCO en un plazo máximo de seis meses, además de incorporar verificaciones obligatorias de información de Senapred y de la Dirección Meteorológica de Chile antes de autorizar quemas controladas.

Asimismo, la Contraloría detectó deficiencias relevantes en los registros operativos de Conaf. En 11 de las 15 fichas de incendios forestales revisadas no se consignó la identificación del Comandante de Incidente, incluyendo un caso con información completamente omitida y otros diez con días de combate sin datos registrados. Frente a ello, el organismo instruyó a la institución a adoptar medidas para asegurar la interoperabilidad de sus sistemas con otros organismos vinculados a la gestión de emergencias.

Finalmente, el informe establece que Conaf deberá adoptar medidas formales para mejorar la remisión de antecedentes a la justicia. “Conaf deberá implementar un procedimiento formal y obligatorio para la remisión directa al Ministerio Público de los informes técnicos que identifiquen causas atribuibles a conductas negligentes en incendios forestales de alta magnitud”, señala parte del comunicado de la Contraloría. El cumplimiento de esta medida deberá ser informado a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento del organismo fiscalizador, en un plazo máximo de 60 días hábiles.