Fernando Rabat: defensor de Pinochet en caso Riggs a Justicia y Derechos Humanos

La señal política es explícita. Con la confirmación de Fernando Rabat como ministro de Justicia, el Presidente electo José Antonio Kast opta por situar en una de las carteras más sensibles del Estado a un abogado que forma parte del núcleo duro del pinochetismo jurídico chileno, con una trayectoria marcada por la defensa del régimen militar y sus principales figuras.

Rabat se formó profesionalmente junto a Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad, organización paramilitar de ultraderecha que jugó un rol activo en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende. De ese entorno proviene buena parte de su marco doctrinario, asociado a una visión autoritaria del orden, la seguridad y el rol del Estado frente a los derechos fundamentales.

Su nombre quedó inscrito en la historia reciente cuando integró el equipo jurídico que defendió a Augusto Pinochet en el caso Riggs, investigación que reveló cuentas secretas del exdictador en el extranjero y puso en jaque la narrativa de probidad que por años sostuvo su entorno. Esa participación lo consolidó como parte del círculo de abogados que, desde distintos frentes, buscaron blindar judicialmente al excomandante en jefe.

El vínculo con el poder económico tampoco es marginal. Rabat está casado con una sobrina de Ricardo Claro, uno de los empresarios más influyentes y controvertidos de las últimas décadas, estrechamente ligado a la dictadura y a medios de comunicación utilizados como soporte ideológico del régimen. Esa red familiar refuerza la imagen de un ministro inserto en las élites tradicionales que dominaron política y económicamente el país durante el período autoritario y la transición.

La llegada de Rabat a Justicia no es solo un nombramiento técnico. Implica una definición política de fondo sobre cómo el próximo gobierno entiende el sistema judicial, la política de derechos humanos, la relación con el pasado reciente y el enfoque frente a temas como el orden público, el sistema penitenciario y las reformas legales pendientes.

En círculos jurídicos y políticos ya se anticipa que su gestión tensionará la relación con organismos de derechos humanos y con sectores que ven en esta designación una regresión simbólica. Para Kast, en cambio, Rabat representa coherencia ideológica y una apuesta por un Ministerio de Justicia alineado con su visión de autoridad, legalidad y Estado.