Chile a oscuras y sin castigo: el blackout 25-F sigue impune

A casi un año del blackout del 25 de febrero de 2025, que dejó a Chile completamente a oscuras por horas, el país sigue sin una respuesta clave: cuánto costó realmente el megaapagón y por qué, pese a la gravedad acreditada, aún no hay sanciones ni multas.

El corte total del Sistema Eléctrico Nacional, que se extendió desde Arica a Los Lagos, paralizó transporte, telecomunicaciones, hospitales, minería, comercio y servicios sanitarios, y obligó al Gobierno a desplegar militares en las calles tras decretar toque de queda. El apagón se transformó en uno de los eventos eléctricos más graves de la última década.

Once meses después, no existe un cálculo oficial consolidado del daño económico, ni resoluciones sancionatorias, de parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), pese a que el órgano detectó meses atrás responsabilidades severas, tanto institucionales como empresariales.

El Estudio de Análisis de Falla (EAF 89/2025) fue categórico: el apagón se originó en una apertura casi simultánea de líneas de transmisión de 500 kV en la zona centro-norte, que provocó pérdida masiva de generación, colapso de frecuencia y tensión, y una desconexión total del sistema.

Pero el diagnóstico técnico fue más lejos: no se trató solo de la falla, sino de errores estructurales en la prevención, la operación en tiempo real y, sobre todo, en la capacidad de recuperación del servicio. Aun así, el proceso regulatorio parece haberse quedado detenido en el punto más crítico: pasar del reproche a la sanción.

Responsabilidades del Coordinador

El 4 de agosto de 2025, la SEC –encabezada por Marta Cabeza Vargas– formuló cargos contra el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, presidido por Juan Carlos Olmedo Hidalgo. El organismo fiscalizador concluyó que el Coordinador no adoptó medidas eficaces ni oportunas para preservar la seguridad del servicio, pese a contar con información previa sobre condiciones de riesgo operativo, como altas tensiones, sobrecargas y transferencias cercanas –o derechamente superiores– a los límites de diseño.

Tal como lo reveló El Mostrador en su momento, los errores fueron groseros. En los oficios que envió la SEC al Coordinador, el organismo fiscalizador cuestionó la insuficiente evaluación de contingencias extremas, la falta de acciones preventivas durante la operación en tiempo real y deficiencias en el deber de coordinación y vigilancia, funciones centrales asignadas por ley.

La SEC dejó claro que la seguridad del sistema eléctrico no se limita a evitar fallas, sino que exige anticipar escenarios de estrés y asegurar continuidad incluso en eventos severos. El apagón –concluyó– no es un riesgo aceptable. Sin embargo, a once meses del evento, no existe resolución sancionatoria.

Empresas clave, responsabilidades acreditadas

La ausencia de sanciones no se limita al Coordinador. La SEC también formuló cargos contra Transelec S.A., controlada por fondos de inversión canadienses y chinos; CGE Transmisión S.A., controlada por la estatal china State Grid International Development Limited; y Engie Energía Chile S.A., controlada por el grupo francés ENGIE, entre otras empresas.

En el caso de las empresas más grandes, como Transelec S.A., los oficios describen indisponibilidad del Centro de Control Principal en Cerro Navia por fallas de suministro de respaldo. Generadores no operaron en forma automática, dejando fuera de servicio SCADA (Sistemas de Información en tiempo real) y canales de voz en las primeras horas críticas.

En términos operativos, esto implicó pérdida de visibilidad del estado de la red, retrasos en secuencias de reconexión y latencias decisivas para estabilizar islas y sincronizaciones. La SEC lo atribuyó a mantenimiento deficiente y pruebas insuficientes.

En cuanto a CGE Transmisión S.A.,  la SEC acreditó indisponibilidades en supervisión y comunicaciones en activos que atienden cerca del 7% de los clientes del Servicio Eléctrico Nacional (SEN), obstaculizando los planes de recuperación de servicio en zonas completas. El problema no fue anecdótico: redujo la eficacia de maniobras coordinadas, prolongó la reposición y aumentó el impacto social.

Respecto de la responsabilidad de Engie Energía Chile S.A., se estableció la desconexión indebida de Pampa Camarones por protecciones de baja frecuencia mal ajustadas, incumpliendo la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio. En un momento de déficit, la salida de generación agravó el colapso. La empresa reconoció ajustes posteriores; el reproche es ex ante.

Como se desprende, los oficios muestran una cadena de vulnerabilidades: preparación incompleta, respaldo no probado, protecciones desalineadas y coordinación debilitada.

Responsabilidades previas al blackout, sin sanción

El silencio sancionatorio es incluso más llamativo si se considera que la SEC estableció otras responsabilidades contra el Coordinador y la empresa Colbún –controlada por el Grupo Matte– meses antes del apagón, las que también siguen impunes, pese a que una de estas contempla compensaciones a los clientes por falta de servicio.

Como decíamos, la SEC ya había formulado cargos contra el Consejo Directivo del CEN por incumplimientos reiterados en la entrega de información necesaria para calcular las compensaciones por indisponibilidad de suministro eléctrico de 2023 y 2024. Más de 50 oficios, múltiples reuniones y reiteradas prórrogas no lograron que el Coordinador entregara datos completos y confiables. El resultado: clientes aún sin compensaciones, derechos vulnerados y un sistema de trazabilidad que simplemente no funcionó.

A esto se suma el caso Nehuenco, donde la SEC formuló cargos contra Colbún S.A. por entregar información incompleta y no veraz sobre restricciones operacionales en las centrales Nehuenco I y II. La auditoría independiente fue concluyente: las limitaciones eran “muy conservadoras” y carecían de justificación técnica, provocando sobrecostos sistémicos y distorsión en la operación del sistema. Tampoco aquí hay sanciones firmes ni multas aplicadas.