Caso “Muñeca Bielorrusa”: definición de medidas cautelares para Vivanco queda para este viernes

La defensa de Ángela Vivanco terminó su exposición solicitando que de otorgarse alguna medida cautelar esta sea a lo más de arresto domiciliario, dado que según su criterio, no se cumplen los requisitos para la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía.

De esta forma, la formalización contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, entró este jueves en una fase clave con la respuesta de su defensa frente a la solicitud de prisión preventiva.

El abogado defensor de la exministra de la Corte Suprema, Jorge Valladares dijo que en este caso “no se ha cumplido el estándar mínimo del debido proceso penal”, planteando dudas sobre la aplicación por parte del Ministerio Público del “principio de objetividad, que significa investigar con igual celo, no solo las circunstancias que acreditan el delito, sino aquellas también que la extingan o que atenúan la responsabilidad”.

El defensor puso en cuestión como ha actuado la Fiscalía en esta causa y apuntó al fiscal nacional, Ángel Valencia. “Me va a perdonar el comentario porque puede sonar grosero, pero evidentemente el evaluador de la fiscal designada es el fiscal nacional también (…), o sea, hay un condicionamiento jerárquico, en definitiva, para hacer esta persecución respecto de mi representada”, sostuvo.

La argumentación del abogado también apuntó contra Codelco y mencionó el atentado contra Óscar Landerretche en enero de 2017.

Pero no se quedó ahí y apuntó a una revancha. El profesional recordó que el fallo en que la Suprema acogió el recurso de protección de CBM fue zanjado por cinco ministros. “Es un voto de una sala del máximo tribunal. Yo digo, de verdad, ¿ellos escuchan lo que están diciendo? Porque, en definitiva, su señoría, cuando tenemos una persona, por mucho que haya presidido, pero son cinco, hay otros cuatro miembros del tribunal. De hecho, su señoría, en esta sentencia del 4 de julio, perdón, la redactora es el voto disidente. Estamos suponiendo que hay connivencia incluso con quien es voto disidente y que en definitiva habría ocultado todos los actos que supuestamente se habrían producido. ¿Alguien puede dudar de la honorabilidad de la ministra Gajardo? ¿Alguien? Que levante la mano. Yo no. Y para nosotros ese es un aval que respalda efectivamente la legalidad del acto jurídico procesal del que conocimos y por el cual nos tienen hoy día sentados en estos estrados”, argumentó.

Ante esto, el abogado acusó la configuración de “una venganza, una revancha” contra su representada. “En definitiva, pareciera ser que aquí es Codelco quien no perdona y es Codelco quien en definitiva promueve toda esta persecución, porque perdió un juicio”, agregó el profesional.

La Fiscalía, representada en esta causa por la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, imputó a Vivanco por cohecho reiterado y lavado de activos, en el marco de la causa “Muñeca Bielorrusa”, vinculada al litigio del consorcio Belaz-Movitec contra Codelco. Se sostiene que, cuando Vivanco integraba la Tercera Sala, intervino para acelerar decisiones favorables al consorcio, pese a vínculos con abogados involucrados.

Los antecedentes de la investigación

Según la exposición de la Fiscalía Regional de Los Lagos, desde 2022 Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, tenía una relación de amistad con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes en 2023 representaron al consorcio Belaz-Movitec en su litigio con Codelco. Tras un recurso ante la Corte Suprema, la entonces ministra Vivanco resolvió a favor del consorcio, sin declarar su inhabilidad. La estatal perdió en tres ocasiones diferentes ante la Tercera Sala, en momentos que Vivanco la presidía, y debió pagar más de $ 17 mil millones.

En esa línea, tanto el ente persecutor como las partes querellantes acusaron la existencia de tres instancias de beneficios económicos, mediante la participación de la pareja de Vivanco y coacusado en la causa, Gonzalo Migueles, con el fin de interferir en los fallos que beneficiaron al consorcio Belaz-Movitec en los litigios que sostuvo con Codelco mientras presidía la Tercera Sala del Máximo Tribunal, y que obligaron a la estatal a pagar cerca de 12 mil millones de pesos.

El primero, fechado el 4 de julio de 2023, correspondió a la entrega de 15.600 dólares. El segundo, del 18 de diciembre de 2024, correspondió a otros 14.000 dólares. El último pago, en tanto, ocurrió el 17 de junio del mismo año, sumando otros 45 millones de pesos al total. Esta última cifra fue cambiada a dólares, sugiriendo la posibilidad de lavado de activos a través de movimientos financieros.

En virtud de los antecedentes, desde el Ministerio Público sostuvieron que la libertad de Vivanco implica riesgo para la investigación, describiendo un mecanismo donde retribuciones pasaron por terceros y su entorno, en un esquema que constituía el lavado de dinero. La Fiscalía también relevó conductas posteriores que, a su juicio, elevan el riesgo, como el manejo de evidencia.

En tanto, la querellante de Codelco, Carolina Sepúlveda, afirmó que Vivanco se dedicó a eliminar “sus correos electrónicos alojados en la casilla institucional de la Universidad Católica”, citando la declaración del imputado Yamil Najle, conservador de Bienes Raíces de Chillán, quien reveló que en enero de 2025 Vivanco envió desde ese correo un borrador de contrato de servicios para su pareja.

Sepúlveda sostuvo que “la exministra siguió ejerciendo su influencia incluso después de ser removida de su cargo en octubre del 2024”, a lo que sumó que el secretario personal de Vivanco declaró no tener las conversaciones de WhatsApp con la señora Vivanco “porque ella le pidió borrarlos cuando fue removida del cargo“.

En la segunda jornada, los querellantes ―Codelco, el Consejo de Defensa del Estado y la Organización de Trabajadores Judiciales― respaldando la prisión preventiva. Los abogados de la estatal citaron una declaración del abogado Eduardo Lagos —imputado en la causa— que los querellantes usaron para sostener la tesis de pagos ilícitos.

El fiscal Marco Muñoz leyó comunicaciones de WhatsApp del 3 de julio de 2023, un día antes de que el primer fallo a favor del consorcio Belaz-Movitec se dictara, donde Aldo Cornejo escribió a Máximo Pacheco, entonces presidente de Codelco: “Estimado, Máximo, quería comentarte con anticipación que en las próximas horas será público el fallo de la Corte Suprema, que acoge el recurso de Movitec, y ordenará el pago”. El exdiputado Gabriel Silber declaró que ese día Lagos recibió un llamado de Vivanco comunicándole que el fallo venía favorable, tras lo cual se indicó a Cornejo contactar a Pacheco.

La defensa de Vivanco, a cargo de Jorge Valladares ―quien asumió luego de que los anteriores defensores de Vivanco, Carlos Pereira y Carlos Mora Jano, abandonaran su representación por problemas económicos con la exmagistrada― ha intentado instalar la ilegalidad de la detención e insiste en una tesis de inocencia total.

Este viernes el tribunal debe resolver medidas cautelares. Si decreta prisión preventiva, Vivanco quedará sujeta a reclusión mientras la investigación avanza. Tras esta etapa, la causa entra de lleno en investigación: diligencias, peritajes y eventuales nuevas formalizaciones.