Duro golpe a Fiscalía en ProCultura: Alberto Larraín seguirá sin prisión preventiva

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este jueves la resolución que dejó sin prisión preventiva a los principales imputados del caso ProCultura, manteniendo para ellos la medida cautelar de arraigo nacional, en lo que constituye un nuevo revés para la Fiscalía Regional de Antofagasta.

El tribunal ratificó así lo resuelto previamente por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que el pasado 3 de febrero había rechazado la solicitud del Ministerio Público de decretar la cautelar más gravosa contra Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno.

La Fiscalía había recurrido a la Corte para revertir esa decisión y endurecer las medidas cautelares, argumentando la existencia de antecedentes que —a su juicio— daban cuenta de un actuar coordinado para acceder de manera indebida a recursos públicos.

Durante los alegatos, el fiscal Cristián Aguilar sostuvo que el caso no puede entenderse sin considerar los vínculos previos entre los imputados y autoridades regionales. “Este caso no puede entenderse sino es que no se toma en consideración los vínculos previos que existían de forma anterior a la comisión del delito: vínculos laborales, de amistad y políticos”, expuso.

El persecutor detalló que estas relaciones se remontan a la etapa en que el actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, era alcalde de Peñalolén, período en el cual Larraín habría trabajado bajo su administración.

La Fiscalía también cuestionó la capacidad técnica de la fundación para ejecutar el programa de prevención del suicidio financiado con recursos públicos. “La fundación Procultura no tenía experiencia en materia de prevención al suicidio… Tampoco mantenía giros en el Servicio de Impuestos Internos vinculados a esa materia”, afirmó Aguilar.

Desde el Consejo de Defensa del Estado, el abogado Nicolás Chacana respaldó la tesis del Ministerio Público, señalando que “estamos ante un actuar sistemático para acceder a patrimonio público de forma indebida”, agregando que existía una concentración de decisiones financieras que facilitaba el uso discrecional de los recursos.

Por su parte, la defensa de Alberto Larraín rechazó categóricamente la existencia de un fraude. El abogado Cristián Arias sostuvo ante el tribunal que “aquí no hay un fraude al fisco”, asegurando que los fondos fueron asignados conforme a los procedimientos legales vigentes.

Según el defensor, las transferencias se realizaron bajo mecanismos formales y no existe evidencia de irregularidades en su origen ni de apropiación indebida de recursos.

La decisión de la Corte implica que los imputados seguirán enfrentando la investigación en libertad, sujetos a medidas cautelares de menor intensidad, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo antecedentes en una causa que se centra en presuntos delitos de fraude al fisco y otras irregularidades vinculadas a la ejecución de proyectos financiados con fondos públicos.