Desafío 90: la hoja de ruta de Kast para satisfacer las expectativas del gobierno de emergencia

El Presidente electo José Antonio Kast mantiene reuniones telemáticas con su equipo, desde Puerto Varas, delineando las bases de lo que será el plan “Desafío 90”, la hoja de ruta diseñada para aterrizar en el Gobierno con medidas específicas bajo el concepto de “gobierno de emergencia” para responder a urgencias sociales y económicas para los primero 90 días de gestión.

El diseño se centra principalmente en cinco áreas críticas: economía, seguridad, salud, vivienda e infraestructura.

En el entorno de Kast hay conciencia de que si su gobierno no empieza a solucionar con celeridad o a mostrar avances rápidos emergerá descontento en la población.

En La Moneda chica explican que es una carrera contra el reloj, por ello hay un cronograma agresivo que será anunciado los últimos días de febrero luego de un cónclave de ministros, subsecretarios y delegados presidenciales.

Según quienes conocen la estrategia, para avanzar con rapidez el plan de los primeros 90 días no dependerá únicamente del Congreso, sino que combinará proyectos de ley con medidas administrativas y cambios reglamentarios.

Por ejemplo, explican que el mismo 11 de marzo, al caer la tarde y tras un almuerzo con mandatarios extranjeros en Cerro Castillo que asistirán al cambio de mando, el Presidente electo José Antonio Kast firmará una serie de medidas administrativas inmediatas, modificaciones reglamentarias y cerca de 20 proyectos de ley considerados de fácil despacho.

“En términos generales, la idea es contar con medidas específicas, apelando al gobierno de emergencia. En economía el foco estará en la certeza jurídica para invertir, en destrabar la burocracia y otras cosas que apuntan hacia allá. En seguridad, medidas administrativas carcelarias, otras de tipo penal como el ingreso ilegal al país, etcétera. Es una mezcla entre proyectos de ley, urgencias a proyectos de ley existentes, y medidas administrativas de potestad reglamentaria”, señala un conocedor de la estrategia de J.A. Kast.

En esa línea, en materia de seguridad y control fronterizo, uno de los proyectos de ley buscará tipificar como delito el ingreso ilegal al país y establecer sanciones para quienes transporten, empleen o arrienden inmuebles a personas en situación migratoria irregular.

El plan también contempla un mayor control policial y la intervención de 18 barrios críticos, además de la segregación de líderes de bandas criminales en centros penitenciarios, bajo el eje del denominado plan Cancerbero.

En salud, la propuesta incluye decretar alerta sanitaria para determinadas enfermedades, con el fin de facilitar la derivación de pacientes al sector privado, reducir las listas de espera y permitir, de manera extraordinaria, la compra directa de insumos y medicamentos. Asimismo, se impulsarán convenios público-privados para ciertas cirugías y se ampliarán los horarios de atención médica.

La reducción impositiva de Hacienda

En Vivienda, se impulsará un plan de construcción de viviendas sociales y la reconstrucción de casas destruidas por los incendios forestales. Asimismo, se anunciaría el fin al pago de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años. También el rediseño de normativas de uso de suelo y de construcción, para liberar más espacio urbano y mejorar la oferta de viviendas.

“Los ejes de acción inmediata por ejemplo están en algunos mecanismos para solucionar la falta de atención oportuna en salud, llevar a cabo la mejora de establecimientos educacionales. También hemos proyectado planes habitacionales específicos destinados a la clase media y programas de reconstrucción para las familias afectadas por incendios”, señala la misma fuente.

En materia economica el foco estará  en la certeza jurídica para invertir, en destrabar burocracia, una reducción de impuestos y medidas para fomentar la contratación y mantención de trabajadores de sectores vulnerables.

En esa línea, el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, ya tiene en carpeta 60 obras estratégicas relacionadas con infraestructura para dinamizar la economía y mejorar la situación portuaria.

Según informó el DF, uno de los principales lineamientos económicos de el Plan Desafío 90 está a cargo del próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Se trata de reducir el impuesto que grava las utilidades de las empresas, hoy en 27%, hasta un 23%.

Este impuesto incluso podría llegar a un 20% si se conjuga con el crédito tributario que impulsará el nuevo Ejecutivo para incentivar la contratación de trabajadores en riesgo de caer en la informalidad.

El medio informó que, desde hace cerca de una década, Chile mantiene un impuesto corporativo por sobre el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en torno al 23%. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la tasa aumentó de manera progresiva desde el 20% hasta el 27%.

Otro foco de atención es la crisis del agua potable rural. Se subraya que este problema deberá ser una prioridad para el nuevo gobierno, no solo para sostener la productividad agrícola, sino, principalmente, para garantizar el acceso al agua de consumo humano.

En ese contexto, el fortalecimiento de los sistemas de agua potable rural se considera parte de una mejora integral de la infraestructura del mundo rural, junto con la conectividad vial y la seguridad, para facilitar que los productos del campo lleguen a las ciudades.