La iniciativa, que sería presentada en las próximas semanas, ha sido comparada por algunos parlamentarios con estrategias legislativas altamente controvertidas, como la Ley Ómnibus impulsada por Javier Milei en Argentina o la agenda inicial de Donald Trump en Estados Unidos. Se trata de un conjunto de proyectos orientados a marcar el rumbo del nuevo Ejecutivo en materias económicas y sociales.
El oficialismo llega a este proceso con una ventaja estructural: el control de las comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados. La Sala aprobó la integración propuesta por el presidente de la Corporación, Jorge Alessandri, con 95 votos a favor y 54 en contra, gracias a un acuerdo entre el oficialismo y la Democracia Cristiana, con el respaldo del PPD.
El resultado dejó al Partido Republicano –la bancada más grande– con presencia en todas las comisiones y mayoría en 18 de las 27, incluidas las más influyentes, como Hacienda, Constitución, Economía, Trabajo y Medio Ambiente. En la práctica, esto le permite incidir directamente en el ritmo de tramitación y en la priorización de la agenda legislativa del Ejecutivo.
Sin embargo, en paralelo, ya se anticipan tensiones con la oposición en áreas sensibles, particularmente en el ámbito laboral.
Las primeras señales en este frente surgieron tras declaraciones desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) sobre la posibilidad de revisar los feriados irrenunciables del comercio. El senador Gastón Saavedra (PS) reaccionó con dureza, defendiendo estos días como espacios de encuentro familiar y cuestionando el enfoque del Gobierno.
“Las señales que está dando el Gobierno en materia laboral indican que al parecer en Chile está gobernando la CPC”, afirmó el parlamentario, quien además advirtió que desde la Comisión de Trabajo no se aceptarán retrocesos en derechos laborales como la Ley de 40 horas o los feriados irrenunciables.
Pero mientras el Plan de Reconstrucción aún no ingresa formalmente, el Ejecutivo ya activó una primera ofensiva legislativa. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia, encabezado por José García Ruminot, ingresó urgencias para la tramitación de 20 proyectos de ley, con foco en seguridad, migración y crimen organizado.
Entre las iniciativas con discusión inmediata se incluyen la tipificación del ingreso clandestino como delito –que ha despertado muchas interrogantes–, la incorporación de Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y la creación de un Subsistema de Inteligencia Económica para perseguir operaciones vinculadas al crimen organizado.
A ello se suman proyectos para endurecer sanciones en cárceles, reforzar la seguridad en el transporte público, aumentar penas en la Ley de Drogas y permitir mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control migratorio.
En este contexto, dos iniciativas heredadas del ciclo anterior se mantienen en el radar del Ejecutivo: el proyecto de Sala Cuna Universal y la reforma al sistema político. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, planteó que la Sala Cuna Universal podría incorporarse al Plan de Reconstrucción Nacional, aunque de manera gradual y considerando su financiamiento.
Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que el Gobierno continuará la tramitación de la reforma al sistema político, señalando que existe interés en avanzar en ambas iniciativas, aunque precisó que el plan tendrá un foco principalmente económico y social.
“Tenemos interés en que se voten ambas iniciativas”, señaló el ministro García a El Mostrador. No obstante, consultado por si estas formarán parte del paquete, escuetamente reiteró que el Plan de Reconstrucción “es fundamentalmente económico y social”.