La retroexcavadora de la emergencia: golpe simultáneo a trabajadores, DD.HH. y medio ambiente

El arranque del Gobierno del Presidente José Antonio Kast tensionó el tablero político en tres frentes sensibles al mismo tiempo. En poco más de 24 horas, La Moneda activó decisiones que encendieron al mundo de los derechos humanos, al movimiento sindical y al ámbito medioambiental –este último en medio de una crisis global descrita como triple: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación–, configurando un inicio de gestión marcado por alta fricción política y simbólica.

En el Congreso, donde el ciclo aún está en fase de instalación, la metáfora comenzó a circular rápido: “retroexcavadora”. La expresión no es casual. Resume la percepción de una ofensiva que no distingue áreas y que, en lugar de construir sobre lo heredado, opta por retirar y rediseñar desde la base. El propio Presidente José Antonio Kast no esquivó la imagen. “El futuro se construye en base a seguridad y empleo”, dijo, aludiendo al uso de la maquinaria como una herramienta legítima.

Pero lo que para el Ejecutivo es “revisión”, para diversos actores sectoriales es otra cosa: una señal simultánea de retroceso en derechos, estándares ambientales y relaciones laborales.

Derechos humanos: la pausa de una política de Estado

El primer golpe fue institucional. El Gobierno retiró desde Contraloría el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026-2029, un instrumento que contemplaba 175 medidas y una hoja de ruta en materias como acceso a la justicia, memoria, no discriminación y protección frente a la violencia.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, fue directo: el plan será revisado y reingresado con modificaciones definidas por el Ejecutivo. En la práctica, el mensaje fue claro: nada queda intacto.

La decisión activó alertas inmediatas. Desde Amnistía Internacional Chile, su director ejecutivo, Rodrigo Bustos, había advertido previamente que las políticas de derechos humanos no pueden depender del Gobierno de turno, subrayando su carácter de compromiso estatal. Esa advertencia cobró sentido tras el retiro del plan.

A ello se sumaron organizaciones como Corporación Humanas y Organizando Trans Diversidades (OTD), además de colectivos de derechos de las mujeres y agrupaciones de memoria, que han insistido en la necesidad de resguardar estándares y continuidad institucional. En el mundo político, la oposición planteó que el retiro debilita una hoja de ruta respaldada técnica e internacionalmente, justo en el cierre del ciclo anterior.

Medio ambiente: retiro masivo en plena “triple crisis”

El segundo frente fue medioambiental, y probablemente el más estructural. El Ejecutivo retiró de la Contraloría 43 decretos del Ministerio del Medio Ambiente, abarcando desde áreas protegidas hasta normas clave de política pública.

Entre los casos más visibles están la creación del Parque Nacional Mar de Juan Fernández, la protección del pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional Salar de Pedernales y nuevas áreas protegidas en salares de Atacama. Pero el impacto va mucho más allá de lo simbólico.

El listado incluye instrumentos centrales para la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático: el Plan Sectorial de Adaptación de Biodiversidad, la Estrategia Climática de Largo Plazo en su componente de adaptación, reglamentos de compensación de emisiones y certificación de gases de efecto invernadero. También afecta el despliegue del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), con normas sobre recuperación de especies, clasificación de ecosistemas y gestión de especies invasoras.

En paralelo, se suspendieron regulaciones de contaminación con impacto directo en salud pública: normas para termoeléctricas, fundiciones de cobre, arsénico, material particulado fino (MP2,5), plomo, además de reglas sobre descargas de residuos líquidos y planes de descontaminación en zonas específicas.

La reacción fue transversal. La exministra Maisa Rojas advirtió que retirar todos los decretos en trámite “no es una práctica habitual” y recordó que detrás de cada expediente hay procesos técnicos y participación ciudadana. La científica Cristina Dorador alertó sobre el impacto en ecosistemas frágiles como los salares.

El punto de fondo es otro: la decisión ocurre en un contexto en que organismos internacionales describen el momento actual como una “triple crisis planetaria”. El retiro simultáneo de instrumentos sobre clima, biodiversidad y contaminación tensiona directamente ese diagnóstico.

Mundo laboral: choque con sindicatos y oposición

El tercer frente fue laboral. El Gobierno retiró el proyecto de negociación colectiva ramal, una de las reformas estructurales del ciclo anterior.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), su presidente, David Acuña, calificó la medida como un retroceso en derechos laborales, mientras que el secretario general, Eric Campos, advirtió que debilita la negociación sindical.

En el Congreso, el diputado Andrés Giordano (Frente Amplio) sostuvo que la iniciativa buscaba reducir desigualdades estructurales, y la diputada Gael Yeomans afirmó que su retiro implica retroceder en estándares laborales. El senador Juan Pablo Letelier (PS) reforzó ese diagnóstico, señalando que la negociación por rama es una herramienta utilizada en economías desarrolladas.

Incluso desde el mundo académico surgieron advertencias. José Luis Urrutia planteó que la decisión puede profundizar brechas salariales, mientras que Diego López sostuvo que limita la evolución del sistema laboral chileno.

En contraste, el expresidente de la CPC, Ricardo Mewes, valoró el retiro, argumentando que la negociación ramal podría generar rigideces, especialmente para las pymes.

Efecto político

Aunque se trata de decisiones en ámbitos distintos, el efecto político es convergente: el Gobierno abrió simultáneamente tres frentes de conflicto con actores que históricamente han sido relevantes en la discusión pública –derechos humanos, medio ambiente y trabajadores–, todos ellos vinculados a estándares, derechos y políticas de largo plazo.

Desde el Ejecutivo, la explicación se remite a una revisión de lo heredado, corrección de diseños y prioridad en empleo, crecimiento y certeza jurídica. El Presidente José Antonio Kast ha insistido en que su administración busca ordenar el escenario antes de avanzar.

Pero en el Congreso –y fuera de él– la lectura es otra. Más que ajustes puntuales, lo que se percibe es una redefinición simultánea de tres pilares de la agenda pública.

La retroexcavadora no eligió un solo terreno. Entró a todos al mismo tiempo.