PAÍS
Superintendencia formula cargos contra la USS por sueldo de Marcela Cubillos y otras contrataciones
Tras la publicación de El Mostrador Semanal, que reveló un sueldo por 17 millones para Marcela Cubillos, la superintendencia de Educación objetó pagos y vínculos laborales de cerca de 15 personas —varias ligadas a la política— en la Universidad San Sebastián (USS).
En completo sigilo, la Superintendencia de Educación Superior formuló cargos contra la Universidad San Sebastián (USS) en el marco de una investigación que apunta a irregularidades en contrataciones y pagos de altos sueldos.
Según reveló el medio Reportea, la indagatoria se inició en septiembre de 2024, luego de que El Mostrador revelara que la exministra Marcela Cubillos percibía una remuneración de $17 millones brutos en el plantel, en condiciones que generaron cuestionamientos sobre la proporcionalidad de sus funciones.
Cargos por sueldos y contrataciones
Tras 15 meses de investigación, en diciembre pasado el regulador notificó a la universidad de la formulación de cargos. Según fuentes internas del plantel, el informe objeta la contratación y los pagos de cerca de 15 personas, muchas de ellas vinculadas a partidos políticos.
Entre los nombres que aparecen en la nómina figuran, además de Cubillos, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y el exfiscal regional oriente Manuel Guerra.
Las irregularidades detectadas se agrupan en dos grandes áreas:
- Pagos fuera de norma: se habrían vulnerado las bandas salariales internas del plantel, lo que incluye sueldos considerados desproporcionados.
- Contrataciones irregulares: ingresos de personal que no cumplirían con los requisitos establecidos en los reglamentos académicos o administrativos.
Caso Cubillos y requisitos académicos
Uno de los casos más emblemáticos es el de Marcela Cubillos, cuya contratación también habría incumplido normas internas que exigen grado de magíster para académicos regulares, requisito que no posee.
La exministra defendió en su momento su remuneración, argumentando que en Chile existe libertad de contratación en el ámbito privado.
Reincidencia y eventual sanción
El proceso sancionatorio se encuentra en su etapa final, luego de que la universidad presentara sus descargos ante la Superintendencia.
La resolución —que podría conocerse en los próximos días— reviste especial relevancia, ya que la USS fue sancionada en 2025 por mantener una “sede fantasma” en Rancagua entre 2018 y 2022.
En ese caso, el regulador aplicó la sanción más baja, una amonestación por escrito, considerando la irreprochable conducta anterior del plantel.
Ese criterio ya no está disponible en el actual proceso, lo que abre la puerta a sanciones más severas.
Contrataciones con vínculos políticos
Al interior de la universidad, fuentes señalan que las contrataciones de figuras políticas eran conocidas y, en algunos casos, respondían a una lógica de apoyo a dirigentes sin cargos activos.
Entre quienes han tenido vínculos con el plantel figuran exautoridades del segundo gobierno de Sebastián Piñera, así como académicos y directivos relacionados con el mundo gremialista.
La USS ha sido históricamente asociada a la órbita de la UDI, lo que refuerza la controversia sobre el eventual uso de la institución como plataforma de redes políticas.
El caso Manuel Guerra
Uno de los focos más sensibles es la situación del exfiscal Manuel Guerra, actualmente formalizado por delitos como cohecho, violación de secreto y prevaricación, en el marco de su vínculo con el abogado Luis Hermosilla.
Según la investigación penal, su llegada a la USS habría estado vinculada a decisiones adoptadas durante su desempeño en el Ministerio Público.
Guerra fue contratado en 2021 con una remuneración de $6,3 millones por jornada parcial, incluso antes de dejar formalmente su cargo como fiscal.
Escenario abierto
La Superintendencia no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, mientras que desde la universidad evitaron responder consultas.
Una vez notificada la sanción, la USS tendrá un plazo de 20 días para solicitar su reconsideración y eventualmente recurrir a tribunales.
El caso se instala así como uno de los episodios más delicados en el sistema de educación superior, al combinar cuestionamientos regulatorios, vínculos políticos y aristas penales en desarrollo.
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