Futuro subsecretario de Interior defendió residencia para microtraficante colombiano

En sus recursos ante la Corte de Santiago, Máximo Pavez, el nuevo subsecretario del Interior anunciado este domingo, argumentó que era inconstitucional no otorgarle residencia en Chile a personas con condenas por tráfico de drogas y porte ilegal de armas, informó Reportea.

Pavez es un cuadro histórico de la UDI. Cuando estudió derecho en la UC formó parte del Movimiento Gremial, semillero del partido de derecha, y en 2007 formó parte de la directiva de la federación de estudiantes de esa universidad. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera ejerció como subsecretario de la Segpres.

Además, como parte de su trabajo junto a la Clínica Jurídica de la UC, Máximo Pavez representó entre 2023 y 2024 a migrantes colombianos que buscaban obtener la residencia legal en Chile. Uno de ellos carga una condena por tráfico de drogas en una localidad del Valle del Cauca, mientras que otro registra antecedentes por porte ilegal de armas en la ciudad de Cali.

Pavez le dijo a Reportea que los representó en el marco de su trabajo en la universidad, y que él no decidía “por sí y ante sí” los ingresos de recursos en tribunales.

Pavez tendrá a su cargo el Servicio Nacional de Migraciones, el organismo que debe velar por el cumplimiento de las normas migratorias.

Recursos de amparo

Un reportaje de The Clinic reveló que Pavez presentó más de 70 recursos de amparo en la Corte de Santiago, buscando que se revirtieran decisiones del Servicio Nacional de Migraciones que habían rechazado solicitudes de residencia de migrantes, o bien decretado la expulsión del país de personas que ingresaron por pasos no habilitados.

Reportea revisó en detalle esos recursos de amparo y descubrió que existen dos casos donde los migrantes representados por Pavez cargaban con condenas en su país de origen, Colombia.

La normativa chilena prohíbe que se le otorgue residencia legal a personas que hayan sido condenadas en el extranjero por delitos que en Chile tengan pena de crimen. Es justamente el caso en dos casos.

Microtraficante

En uno de los casos, la persona ingresó a Chile el 23 de enero de 2016 a través del Aeropuerto de Santiago. Llegó junto a su pareja en búsqueda de mejores oportunidades laborales, según indica el recurso de amparo presentado por Pavez. Cuando ese mismo año solicitó una visa al Ministerio del Interior, se la rechazaron porque en los registros colombianos tenía anotada una condena por tráfico de estupefacientes.

Además de rechazarle el permiso para vivir y trabajar en Chile, la autoridad ordenó que abandonara el país. Lo hizo en diciembre de 2017 cuando la Corte Suprema rechazó su última apelación.

Sin embargo, volvió a la carga en enero de 2024, ahora con Máximo Pavez como su abogado, buscando que la justicia revirtiera la prohibición de residencia legal en el país. El único cambio respecto de su último intento por establecerse en Chile, es que durante 2018 Colombia borró los antecedentes penales de su registro.

No se trata de un gran traficante. Después de que la policía de Colombia recibiera denuncias de que en su domicilio se vendía droga, lo allanaron y descubrieron en el techo de su pieza 56 papeletas de basuco (pasta de cocaína), que luego del respectivo análisis de estableció que pesaban, en conjunto, 7,8 gramos.

En su recurso ante la Corte de Santiago, Pavez argumentó que el rechazo del Servicio Nacional de Migraciones a que Alfaro pueda ingresar a Chile y obtener una visa temporal, infringe lo establecido por la Constitución: “Se le está privando del derecho a la libertad personal”; se le “impuso a nuestro amparado una prohibición de ingreso que lo mantiene separado de su familia”; y se lo está privando “de su derecho a gozar de una unidad familiar efectiva, derecho que se encuentra consagrado en la Constitución Política de la República y en diversos tratados internacionales firmados y ratificados por Chile”.

Pavez perdió esa causa. Sentencias de la Corte de Santiago, y luego de la Corte Suprema, ratificaron la postura del Servicio Nacional de Migraciones, que planteó que aunque en Colombia se haya borrado del registro penal de “Alfaro” su condena por tráfico de drogas, no se puede permitir la residencia en Chile de una persona con esos antecedentes.

Pavez contra el Servicio Nacional de Migraciones

En otro caso, Máximo Pavez representó a una persona cuyo recurso ingresó a la Corte de Apelaciones de Santiago el 12 de septiembre de 2023.

Allí se cuenta que dicha persona llegó a Chile en mayo de 2011, y que ingresó al país por un paso habilitado. La versión que ofrece el escrito plantea que antes de eso, “Carlos” era informante del Ejército colombiano, y que un grupo criminal conocido como “Los Machos” lo perseguía y lo tenía amenazado de muerte.

“El recurrente durante años estuvo huyendo del mencionado grupo delictual, siendo su última alternativa migrar para salvar su vida ingresando en mayo del año 2011 a Chile en busca de nuevas oportunidades de vida”, relata el escrito presentado ante la Corte.

En julio de 2011 fue la primera vez que su representado solicitó el permiso para residir temporalmente en Chile, pero fue rechazado por tener antecedentes penales en Colombia. Aunque la autoridad le ordenó abandonar el país, él no lo hizo.

En 2015 y 2016 volvió a solicitar obtener el permiso, y nuevamente fue rechazado. En 2023 el Servicio Nacional de Migraciones le negó la regularización migratoria, y le ordenó abandonar el país en un plazo de cinco días. Fue ahí que Pavez asumió su representación.

La condena de “Carlos” está registrada en el Juzgado 15 Penal del Circuito de Cali, en Colombia. Allí se establece que en octubre de 1998 estaba junto a un amigo cuando se toparon con una patrulla de la policía. En su poder tenían un “changón” (como le dicen en Colombia a las escopetas recortadas) calibre 16. Fueron detenidos, y luego condenados.

La condena indica que se recibieron denuncias que apuntaban a que “Carlos” y su amigo eran “reconocidos atracadores de buses”. La pena a un año de cárcel fue sustituida por dos años de libertad condicional.

En su recurso ante la Corte, Pavez argumentó que los antecedentes penales estaban prescritos, por lo que la decisión de la autoridad de expulsar del país a “Carlos” sería “arbitraria e ilegal”.

“La intención del recurrente es continuar su permanencia en Chile, para seguir desarrollándose laboralmente junto a su familia y aprovechar las oportunidades que este país le proporciona y, en consecuencia, optando a una mejor calidad de vida. Además, vive en el país desde el año 2011, por lo tanto, se encuentra totalmente arraigado en la sociedad”, se lee en el escrito firmado por el posible nuevo subsecretario del Interior.

Al igual que en el caso de “Alfaro”, Pavez no tuvo éxito. Sentencias de la Corte de Santiago y de la Suprema ratificaron el criterio de que no se puede otorgar residencia en el país a personas que carguen con condenas penales.

Defensa de Pavez

Máximo Pavez le dijo a Reportea que todas las causas que asumió en representación de migrantes irregulares, fue en el contexto de su rol como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Allí funciona la Clínica Jurídica UC, que ofrece representación legal a “personas que no cuentan con los recursos para hacerlo”.

Pavez aseguró que “toda mi actividad profesional vinculada a la Clínica Jurídica se enmarca en una asignatura académica práctica que se imparte de acuerdo a lineamientos de la dirección de la Escuela de Derecho y en el que intervienen varios profesores y alumnos por caso. Los profesores no determinan por sí y ante sí los ingresos”.

Pavez agregó que la clínica jurídica opera con criterios estrictos, que condiciona la representación legal a que los usuarios entreguen antecedentes reales, y a que no cometan delitos luego de su ingreso al programa.

“Es bastante evidente que para alguien que desea ocultar información resulta muy fácil hacerlo por lo que nuestras actuaciones siempre están inspiradas por la confianza y la presunción de que quien solicita nuestros servicios lo hace de buena fe”, aseguró Pavez, quien indicó que para otro tipo de consultas, estas debían dirigirse a la Facultad de Derecho de la UC, porque “ya no soy abogado patrocinante”.